El Poder Ejecutivo de Corrientes acudirá a la Corte Suprema para demandar a Nación por la reducción de la alícuota en el Impuesto a las Ganancias y por la eliminación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en el marco del programa "Compre sin IVA". Dicho programa al que el Instituto de Presión Social (IPS) de Corrientes adhirió e hizo propaganda con los beneficios que alcanzan a más de 33 mil jubilados y pensionados provinciales.
El gobernador Gustavo Valdés confirmó lo que había anticipado días atrás, ahora, el correntino espera que su correligionario y par de Mendoza, Rodolfo Suárez haga lo mismo. Ir a la Corte nacional para neutralizar la aplicación de descuentos en la copartipación federal a las arcas mendocinas.
Valdés, uno de los cuatro mandatarios en ejercicio de Juntos por el Cambio (JxC), denunció que las medidas implementadas por el Gobierno a instancias del ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, afectan a Corrientes en "$15 mil millones este y el próximo mes, con una proyección de más de $100 mil millones para 2024".
Por ese motivo, detalló, la provincia solicitó la "inconstitucionalidad de las normas y presentó una medida cautelar para que Nación compense las pérdidas con sus recursos".
En concreto el dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR) detalló que "Corrientes demandó a la Nación ante la Corte Suprema por el recorte de coparticipación que implican tanto el decreto N°473/2023 como la ley N°27.725, que redujeron la alícuota del Impuesto a las Ganancias que percibimos". La semana pasada el mandamás había anticipado que avanzaría en la Justicia contra el Estado nacional.
Adhesión del IPS Corrientes
El Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Corrientes informó el pasado jueves 09 de noviembre que adhirió al programa nacional Compre sin IVA (Impuesto al Valor Agregado). Una medida creada e impulsada por el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, que en Corrientes beneficia a 33.316 pasivos entre jubilados y pensionados provinciales.
El titular del organismo provincial, Marcos Amarrilla, rúbrica la adhesión en una banner dado a conocer a los afiliados a través de las redes sociales oficiales del IPS.
A pesar de esta novedad el gobernador Gustavo Valdés había anunciado ante medios de comunicación que junto a la provincia de Mendoza, distrito también gobernado por el radicalismo, irá a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para neutralizar la medida y también la aplicación de la eliminación de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias.
“Ante esta rebaja que le metió Sergio Massa a la coparticipación de todas las provincias, estamos preparando, junto con Mendoza, demandas que vamos a presentar a la Corte para que restituyan esos fondos que unilateralmente no puede afectar la Nación –anticipó el gobernador Valdés a LN+-. Son recursos tanto nacionales como provinciales; por lo tanto, vamos a reclamar nuestros derechos.” Estas declaraciones las hizo el gobernador dos días antes de que un organismo provincial (IPS) comandado por él mismo, adhiera al programa nacional.
Espera de gestos antes de ir a la Corte
Aunque en principio no habían especificado plazos, la dilatación de la presentación se debía a que los denunciantes aguardaban un guiño del Gobierno para, por ejemplo, hacer coparticipable algún tributo que no lo sea a modo de compensación.
El gesto nunca llegó, por lo que, por separado, tanto Mendoza como Corrientes obraron en cuestión con apenas días de diferencia y a apenas una semana del balotaje del 19-N.
Se especulaba, también, con que los gobernadores podrían esperar los cambios de mando de diciembre, donde JxC tomará el control de Chubut, Chaco, San Juan, San Luis, Santa Fe y Entre Ríos, además de retener Jujuy, Corrientes, Mendoza y la Ciudad, los cuatro distritos donde ya ejerce el poder, quedando en una situación de fortaleza respecto a la actual.
El caso Mendoza
El viernes pasado, en tanto, el gobernador mendocino Rodolfo Suarez tomó la iniciativa y avanzó contra Nación ante el máximo Tribunal. Suarez explicó que acudió a la Corte para "defender lo que nos corresponde".
"El objetivo es que la Nación asuma la responsabilidad de las consecuencias de sus decisiones tributarias sin aumentar la carga fiscal de los ciudadanos", comentó.
Según las estimaciones realizadas por la gestión de Cambia Mendoza -cuya hegemonía se extenderá al menos cuatro años más con la asunción de Alfredo Cornejo-, el Decreto Nº 473/2023 del Gobierno Nacional, emitido el 12 de septiembre, supuso una "pérdida de aproximadamente $7.000 millones en concepto de coparticipación para Mendoza entre octubre y noviembre".
Asimismo estimaron que "la pérdida de ingresos que deberá afrontar la provincia, ante la modificación de la Ley 27.725 que estará vigente desde 2024, es de 170.000 millones de pesos aproximadamente".
Suarez calificó de "inconstitucionales" tanto a la ley como al decreto "ya que disminuyen unilateralmente la percepción de impuestos que integran la masa coparticipable, afectando el federalismo fiscal y perjudicando a Mendoza" y anticipó que otros gobernadores de su espacio avanzarían en la misma sintonía.
