Inundaciones, crisis docente, choque con el Poder Judicial y deterioro del empleo privado marcaron el primer semestre de 2026. A pesar de los anuncios oficiales sobre los logros de gestión, los principales focos de tensión permanecen sin resolución y condicionan el futuro político de una administración que representa la continuidad de casi dos décadas de gobiernos radicales.
A pocos días de que el gobernador Juan Pablo Valdés celebrara los principales hitos de sus primeros seis meses de gestión del 2026, el balance político muestra una realidad más compleja. Más allá de los anuncios oficiales, el semestre estuvo atravesado por conflictos que expusieron debilidades estructurales de la provincia y que continúan abiertos, amenazando con profundizarse durante la segunda mitad del año.
Uno de los primeros desafíos fue la emergencia hídrica que golpeó a distintas localidades correntinas durante el verano. Las inundaciones dejaron cientos de evacuados y generaron una creciente ola de cuestionamientos por la falta de obras de infraestructura y planificación.
El malestar social se expresó en protestas vecinales, reclamos de productores rurales e incluso críticas de intendentes.
El problema adquirió además una dimensión estratégica ante las advertencias por la posible llegada del fenómeno climático «Super Niño», que podría incrementar las precipitaciones durante los próximos meses y volver a poner a prueba la capacidad de respuesta estatal.
A la crisis climática se sumó, apenas iniciado el ciclo lectivo, uno de los conflictos más importantes del semestre: la disputa con los docentes.
La decisión del Gobierno provincial de aplicar descuentos salariales vinculados al presentismo provocó una reacción inédita en distintos puntos de Corrientes. Hubo movilizaciones, marchas de antorchas, cacerolazos, radios abiertas y la reinstalación de las históricas carpas blancas.
Los descuentos alcanzaron en algunos casos cifras cercanas a los 800.000 pesos y generaron denuncias de haberes reducidos a cero. Los gremios calificaron la medida como ilegal y arbitraria, mientras cuestionaron un esquema salarial que mantiene una porción significativa de los ingresos atada al presentismo.
La magnitud del conflicto obligó al Gobierno a retroceder parcialmente y derivó en la primera crisis de gabinete de la gestión con la salida del entonces ministro de Hacienda, Marcelo Rivas Piasentini. Aunque la administración provincial anunció reintegros parciales, el conflicto dejó expuesta la fragilidad de la relación con uno de los sectores más numerosos del empleo público.
Pocas semanas después, el Ejecutivo abrió otro frente de disputa, esta vez con el Poder Judicial.
La negativa del Gobierno a transferir los recursos necesarios para financiar un aumento salarial aprobado por el Superior Tribunal de Justicia derivó en un conflicto institucional inédito. Juan Pablo Valdés argumentó que la provincia no cuenta con los fondos necesarios y advirtió que el pago generaría un déficit de 48 mil millones de pesos.
Desde el Sindicato de Trabajadores Judiciales denunciaron una intromisión sobre la autonomía judicial y reclamaron que el máximo tribunal haga valer sus facultades. A varios meses del inicio de la controversia, el conflicto continúa sin una resolución definitiva y mantiene abierta una discusión de fondo sobre la relación entre los poderes del Estado.
En paralelo, la situación económica provincial comenzó a mostrar señales preocupantes.
Datos de la Secretaría de Trabajo indican que Corrientes perdió más de 3.300 empleos privados registrados entre enero de 2025 y enero de 2026. La provincia se ubicó entre las más afectadas por la caída del trabajo formal en un contexto nacional marcado por el ajuste impulsado por el presidente Javier Milei, una orientación económica que el gobernador correntino acompañó políticamente.
El caso más emblemático fue el cierre de la histórica textil Alal en Goya, que dejó a más de 240 familias sin empleo y evidenció el impacto de la apertura importadora sobre sectores industriales locales. La respuesta provincial se limitó principalmente a medidas de asistencia y gestiones ante Nación, sin lograr revertir la crisis.
A esto se suma una restricción fiscal creciente. Según un informe del contador Martín Barrionuevo, durante el primer trimestre de 2026 se registró un fuerte ajuste en gastos de capital, transferencias a municipios y consumo de bienes y servicios.
El estudio también señala una caída sostenida de los recursos disponibles para la gestión: si en 2024 quedaban cerca de 40 pesos libres por cada 100 que ingresaban a la provincia, en 2026 esa cifra cayó por debajo de los 29 pesos.
#Corrientes Fuerte ajuste en gastos de capital, consumo, bienes personales y transferencias a municipios Superávit financiero en el primer trimestre pic.twitter.com/C5pnXycTzE
— MARTIN Barrionuevo (@mmbarrionuevo) June 16, 2026
Los primeros seis meses de Juan Pablo Valdés dejan así un panorama atravesado por conflictos aún irresueltos.
Las inundaciones, la tensión con los docentes, la disputa con la Justicia y el deterioro económico no aparecen como episodios cerrados sino como problemas que continúan condicionando a la administración provincial.
Con información de neahoy
