Parte del expediente de la causa Ciervo Blanco habría desaparecido del Juzgado Federal de Paso de los Libres, por lo que la Cámara Federal de Apelaciones mandó a rastrear esos papeles.
Fuentes judiciales confirmaron a NORTE de Corrientes que la falla administrativa se debería a la falta de organización en la magistratura, que carece de juez titular desde 2009. Tras un hecho similar denunciado el año pasado, ahora se descubrió que se traspapelaron documentos que son parte de una causa en la que se investigó el transporte de cocaína desde Bolivia hasta campos de la localidad de Santo Tomé por medio de vuelos ilegales.
Las carpetas que se buscan son fundamentales para avanzar en averiguaciones por la supuesta venta de los terrenos en los que estaban instaladas las pistas clandestinas descubiertas en 2013 por la Gendarmería Nacional. Los campos habían sido embargados a María Hilda Calabrese y Florentino Dante Niemiz, quienes aparentemente ya habían realizado ventas de parte de los terrenos antes de ser imputados. Luego, mientras avanzaba la investigación, los hijos de la mujer imputada fueron autorizados a explotar los emprendimientos rurales hasta que se dicte una sentencia, pero se les impusieron normas de comportamiento En abril de 2014 la Justicia designó como depositarios judiciales a Milton Agustín, María Ana y María Agustina Nahirñak.
Sin embargo, de acuerdo a la presentación de los representantes del Ministerio Público Fiscal, éstos habrían incumplido con sus obligaciones de informar todas y cada una de las operaciones económicas y financieras que se realizaran. Aparentemente mientras avanzaba el proceso judicial, los poseedores de los inmuebles habrían vendido algunas parcelas a terceros, quienes recibieron boletos de compra venta. Las escrituraciones no se realizaron.
El inconveniente para tramitar la titulación de este campo estaba en que no estaba parcelado, por lo que esas partes vendidas carecían de registro. Es por ello que para la Justicia Federal esas 7.400 hectáreas pertenecían a una misma unidad inmobiliaria. Lo que se busca establecer es si existen registros de quiénes fueron los compradores de esas parcelas; la sospecha es que se pudo haber intentado simular ventas para entregar los bienes a testaferros y así evitar la pérdida de los bienes.
En abril de 2014 culminó el juicio de la causa que tenía diez imputados, entre ellos los dueños de los terrenos que recibieron penas de hasta 20 años de prisión por integrar la red narcocriminal. Tras el fallo condenatorio, el Tribunal Oral Federal de Corrientes accedió a entregar las propiedades al Instituto Nacional de Tecnología Industrial para que se utilice el emprendimiento rural. Norte
