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Opinión del Director

Dónde va lo que pagamos y quién controla la recaudación

Daniel Caran

Por Daniel Caran

En el inicio de este 2023 una de las empresas del Estado provincial, intervenida por el Poder Ejecutivo desde mediados de los años 90, en el siglo pasado, genera una importante performance recaudatoria para las arcas estatales. La Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC) empezó el año con un aumento del 200% en su facturación.

Miles de usuarios recibieron sus boletas desde mediados de enero pasado con abultados importes. Desde $15 mil hasta $50 mil cada factura, en Corrientes, una de las provincias más pobres y con menos generación de empleo privado en todo el norte argentino.

¿Qué pasó? Este medio lo informó a lo largo de todo 2022, antes de la implementación de la llamada segmentación energética por parte del Gobierno Nacional, la administración correntina aplicó al menos cinco subas entre febrero y octubre del año pasado. Esos incrementos posicionaron a la DPEC como una de las empresas provinciales del NEA con la energía más cara, a nivel local, para sus clientes.

Ahora, en plena ola de estos aumentos la distribuidora que es manejada por el gobierno de la provincia, prepara otra suba y es interesante lo que se ventiló en la audiencia pública del pasado 15 de febrero en la localidad de Concepción.

De cada $10.000 que cada usuario paga a la DPC, $6.150 son gravámenes internos bajo el ítem: “costos de distribución” que aplica la DPEC a cada boleta. Esa importante diferencia es lo que genera que la energía en Corrientes sea mucho más cara que en provincias vecinas que tienen nuestras mismas características: misma cantidad de habitantes y geografía como clima.

Otro dato desprendido de la audiencia pública, audiencia que habilita la nueva suba tarifaria para este 2023, es que no hay rastros de las regalías de Yacyretá a la provincia. Incluso, se supo que durante el pasado gobierno nacional de Mauricio Macri (2015-2019), las autoridades locales destinaron parte de esas regalías a pagar la deuda que tenía la DPEC con CAMMESA, la empresa nacional comercializadora de energía en el país.

Sobre estas cuestiones vale preguntarse y extender esa curiosidad a los organismos de control y a la oposición en Corrientes: ¿Dónde va lo recaudado por la DPEC? ¿Quién o qué organismo controla esa importante cantidad de recursos ingresados a las arcas de la provincia desde los bolsillos de miles de correntinos?

Está claro que a mejorar el servicio esa recaudación no va.

Es necesario, siempre lo apuntamos en este espacio, afianzar la transparencia en Corrientes. Es una forma de consolidar la institucionalidad en la provincia, algo que la realidad nos muestra diariamente que está muy lejos de suceder. Ser una democracia de alta intensidad.

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