
El Concejo Deliberante exige que el intendente Hadad envíe las cuentas de inversión que ya fueron expuestas en una audiencia pública el lunes pasado. No descartaron ir a la Justicia. El viceintendente habló de “ninguneo” e incumplimiento de la Carta Orgánica.
Hace una semana el intendente de la ciudad de San Roque, Raúl Hadad, decidió exponer a través de sus funcionarios en una audiencia pública, la totalidad de la documentación de los actos administrativos de inversión de fondos públicos que existen en esa institución, en todo lo que concierne al balance 2017 y ejecución presupuestaria del primer trimestre de 2018. Se trataba de un reclamo exigido por el Concejo Deliberante pero que no siguió los caminos habituales exigidos por normas provinciales y locales. Se suma así un capítulo más de cruces entre los poderes de la localidad.
El viceintendente José Altamirano cuestionó el procedimiento por no atenerse a lo que indica la Constitución Provincial y la Carta Orgánica Municipal. “Están obviando todo el proceso administrativo, es el Ejecutivo el que debe enviar las cuentas de inversión”, enfatizó. “Recibimos apenas una hoja sin comprobantes y ninguna documentación respaldatoria”, agregó. El titular del Concejo Deliberante se refiere al primer trimestre, además del segundo trimestre que aún no fue remitido.
Altamirano lamentó “el ninguneo y la actitud” de Hadad. “Llegamos en una alianza juntos y a los 15 días de asumir nos dio la espalda a sus aliados” del partido Popular y Autonomista. Los ediles hoy ubicados en la oposición remitieron una nota en la que le recuerdan que el examen, aprobación o desaprobación de cuentas le corresponden al Concejo Deliberante. “Queremos agotar todas las instancias políticas e institucionales antes de ir a la judicial”, afirmó.
Vale recordar que Hadad halló una Comuna con muchas dificultades económicas tras varias gestiones de Raúl y Guillermo Pelozo, lo que motivó la declaración de Emergencia Administrativa e incluso ayuda financiera de parte de la Provincia como adelantamiento de coparticipación para afrontar pago de sueldos y aguinaldos. En ese contexto Altamirano remarcó que “existen otros con intencionalidad política que quieren llevarnos a una crisis, pero yo siempre busco preservar la institucionalidad. Pese a que me ahogan financieramente, nos deben 176 mil pesos y no es un año electoral, yo me mantengo firme”, concluyó.