Durante el mes de septiembre se sancionaron ordenanzas para difundir la línea 145, o establecer el cupo laboral, en las provincias de Salta, Corrientes, La Rioja, Misiones, Jujuy y Buenos Aires. Ya son 88 ordenanzas en todo el país.
En la ciudad de Salta, y a instancias del Comité, se aprobó este jueves una ordenanza de cupo laboral para víctimas del delito de trata de personas en sus distintas modalidades. Con ese fin, se crea un sistema de incentivos impositivos para empresas privadas radicadas en la localidad, que den trabajo a las mismas, y se establece que el Municipio, el Concejo Deliberante, el Tribunal Administrativo de Faltas, y el Tribunal de Cuentas, están obligados a reservar hasta el uno 1% del personal de cada organismo para las víctimas rescatadas, las que tendrán acceso a las capacitaciones necesarias.
En los municipios de Santa Lucía y Virasoro, en la provincia de Corrientes, se aprobaron ordenanzas que, además de difundir la línea 145, impulsan una campaña de difusión masiva de “buzones de vida” donde los/as vecino/as pueden denunciar delitos de explotación u otros, y que periódicamente serán judicializados por las mesas interinstitucionales conformadas en dichas localidades.
Entretanto, en los municipios de Sanagasta y Vinchina, de la Provincia de La Rioja, se sancionaron ordenanzas para difundir masivamente la línea nacional, anónima y gratuita 145 en lugares de alta concurrencia. Ordenanzas similares fueron sancionadas en el municipio de Tres Lomas, en el interior de la Provincia de Buenos Aires, y en el de Santa Ana, en la provincia de Misiones. En esta última localidad misionera, además, se sancionó el cupo laboral para incorporar al plantel municipal a personas que hayan sido víctimas de explotación y oriundas de ese municipio. Otra ordenanza de cupo también fue sancionada en el municipio Libertador de Jujuy.
De este modo, ya son al menos 52 los municipios que sancionaron la difusión de la línea 145, y 36 que establecieron cupo laboral para ofrecer inclusión laboral a las víctimas rescatadas de esos delitos, a lo largo y ancho del país.
Cabe señalar que Catamarca y Chaco ya sancionaron leyes provinciales de inclusión laboral para las personas que fueron víctimas, tanto en el ámbito público como privado, y que están en avanzado estado parlamentario proyectos similares en las provincias de Santa Cruz, Neuquén, Río Negro, Tucumán, Jujuy y Salta, que ya tiene media sanción y está a punto de ser sancionada.
Con eje en el acceso al trabajo digno, el Comité sigue trabajando con el Ministerio de Trabajo de la Nación y su programa de capacitación e inclusión laboral, y con las provincias y municipios para generar condiciones de acceso al empleo digno de las víctimas de trata que permita evitar la revictimización.
