Tal como anticipó Página/12 en su edición de ayer, distintas comunidades indígenas decidieron finalmente profundizar algunos cortes de ruta como respuesta a la embestida judicial del gobierno de Jujuy, que anunció el avance de al menos cien causas judiciales que criminalizan la protesta con denuncias que pueden derivar en sanciones de hasta un millón y medio de pesos y veinticinco años de prisión como castigo a los “autores materiales, cómplices y instigadores” de los distintos focos de conflicto social. Las imputaciones son, concretamente, por las manifestaciones de rechazo a la fraudulenta reforma constitucional apadrinada por Gerardo Morales que derivaron en los acontecimientos sobre el acceso de Purmamarca el sábado 17 de junio, las adyacencias de la Legislatura provincial el martes 20 y la zona del Concejo Deliberante de Humahuaca el sábado 1º de julio (en los tres casos hubo una dura represión de la policía provincial, aunque sin consecuencias legales para las fuerzas de seguridad), además de los diferentes cortes efectuados en distintas rutas del territorio jujeño que también son motivo de acusaciones.
La nueva modalidad de protesta se aplicó simultáneamente en al menos cuatro cortes donde hasta la mañana del jueves se contemplaban algunas habilitaciones momentáneas al paso del tránsito, tal la modalidad general. Pero a partir de la amenaza anunciada por el ministro de Seguridad, Guillermo Corro, el fiscal de Estado Miguel Ángel Rivas y el procurador general, Sebastián Albesa (quienes, además, anticiparon que iban a impulsar una andanada de prisiones preventivas “por orden expresa del gobernador”), la nueva estrategia de los manifestantes es la de interrumpir de manera total la circulación vehicular en la ruta 9 a las alturas de las localidades de Purmamarca, Maimará, Tilcara y el paraje San Roque de Humahuaca. La medida fue tomada “por tiempo indeterminado”, una forma de dejar en claro que ni siquiera la batería de denuncias del gobierno provincial parece infundirles temor.
Si bien es inevitable el malestar que causa especialmente en los prestadores turísticos por los inconvenientes que generan los cortes (donde las pérdidas estimadas son millonarias y a ellas se suman numerosas cancelaciones de reservas de cara a las inminentes vacaciones de invierno), en Humahuaca los comerciantes decidieron cerrar sus locales este jueves y viernes para acercarse al corte de paraje San Roque. La audaz movilización no solo los privará de vender y recaudar durante dos días, sino que además los volverá susceptibles de ser perseguidos por el gobierno de Jujuy en su nueva embestida de denuncias a los participantes de este tipo de protestas.
Por otro lado, este jueves toma estado parlamentario el proyecto de creación la Comisión Especial Investigadora que los legisladores provinciales al servicio de Morales quieren crear únicamente para atender las manifestaciones del martes 20 de junio. “Deben investigarse los móviles políticos que auspiciaron a los violentos y desestabilizadores que atacaron nuestras instituciones”, dice el proyecto que solo fue firmado por los diputados de la UCR jujeña (pese a que en la conferencia de presentación habían asegurado que contaba con apoyo de los ediles del PJ).
En simultáneo se siguen provocando nuevas declaraciones contra la reforma constitucional de parte de distintos cuerpos legislativos del interior de la provincia. Los últimos en sumarse fueron Libertador San Martín, Cochinoca, Huacalera, Rinconada y Purmamarca, este en particular de gran carácter simbólico, ya que es en su acceso donde se inició el primer gran reclamo sobre la ruta, y justamente uno de los que decidió volver total el corte hasta tanto no obtengan una respuesta favorable del gobierno de Morales.
Todas estas declaraciones son acompañadas de argumentos que coinciden en señalar tres aspectos: la reforma no fue realizada con la prolijidad institucional que tamaña modificación amerita, las protestas sociales son legítimas por verse vulnerados sus derechos y el gobierno debe propiciar los canales de diálogo que sus propios voceros afirmaron tener en distintas declaraciones públicas.
El conflicto lleva un mes y dos días y solo una vez se acercó formalmente un representante jerárquico de la administración Morales a conversar a alguno de los nodos de protesta. Fue este jueves, en la zona del Predio Ministerial de San Salvador, donde distintos gremios docentes vienen realizando un acampe después de haber sido convocados y plantados por el ministro de Hacienda y futuro gobernador, Carlos Sadir. La cara la puso Teresa Bovi, titular de la cartera de Educación, aunque pidió no ser fotografiada ni filmada, quizás para que no quedaran registros del único anuncio formal que les hizo a los manifestantes: en el sueldo de junio que están por cobrar les serán descontados los días de paro.
