El juicio oral al exjuez federal de Corrientes Carlos Soto Dávila, a dos de sus secretarios y a un grupo de abogados y narcotraficantes acusados de integrar una asociación ilícita se reanudará el lunes próximo luego de que los fiscales recusaron a uno de los magistrados del tribunal, informaron fuentes judiciales.
Los fiscales federales Carlos Schaefer y Diego Iglesias, titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), recusaron al juez formoseño Rubén David Quiñones, subrogante en el Tribunal Oral Federal correntino a cargo del debate.
La segunda audiencia del juicio, prevista para hoy, fue suspendida por el tribunal, presidido por el juez de Chaco Juan Manuel Iglesias e integrado por el formoseño Quiñones y el de Misiones, Manuel Alberto Moreyra.
Según las fuentes, se dispuso reanudar el proceso el lunes 4 de julio próximo cuando se conocerá si se acepta o no la recusación pedida por los fiscales, aunque Quiñones ya adelantó su oposición a la misma.
El planteo de los fiscales se basó en que el juez coincidió con la postura de la defensa que no permitió la lectura de la pieza acusatoria durante el inicio del debate porque, según dijo, se hubiera tardado "seis horas".
Por su parte, Quiñones coincidió con el pedido de recusación que hizo contra los fiscales la abogada defensora Gabriela Corvacho, quien representante del exsecretario penal Pablo Molina.
La primera audiencia del debate realizada la semana pasada tuvo lectura parcial de la elevación a juicio y concluyó con una serie de nulidades planteadas por los abogados defensores, que manifestaron supuestas irregularidades en la investigación por parte de los fiscales.
Sobre ese punto, Iglesias y Schaefer, tanto como el fiscal auxiliar de Procunar Martín Uriona, fundamentaron que se trata de reiteraciones ociosas de planteos formulados antes del inicio del debate y que la estrategia es revertir el peso de las acusaciones para que recaigan sobre los integrantes del Ministerio Público, entre otras respuestas.
En el banquillos de los acusados están Soto Dávila, sus exsecretarios Federico Grau y Molina, los abogados Duylio Barboza Galeano, Gregorio Giménez y Tomás Viglione, y el exintendente de Empedrado, Juan Faraone.
Otro grupo de acusados, los narcotraficantes Pablo Torres, Carlos Bareiro y Federico Sebastián Marín, así como los abogados Jorge Vallejos y Omar Serial, aceptaron procesos abreviados con el ministerio público y no participan del debate.
Los exfuncionarios del Juzgado Federal 1, con competencia electoral de Corrientes, están acusados de integrar una asociación ilícita dedicada al pago y el cobro de sobornos a cambio de beneficios procesales para narcotraficantes de la localidad de Itatí, en el marco de una causa abierta por el exjuez federal de Buenos Aires Sergio Torres y el fiscal Carlos Stornelli.
