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Reclamo por dos jóvenes asesinados en cárceles de Corrientes

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El último de los asesinatos ocurrió el 13 de enero, en el marco de los reclamos por contagio de covid en los penales correntinos.

Por segunda vez en ocho meses, la muerte se adueña de los pabellones de una cárcel correntina, y carga contra la vida de jóvenes detenidos. El primer caso ocurrió en la Unidad Penal 1, de procesados, en el centro de la ciudad de Corrientes. El segundo fue en el Penal 6, de condenados, ubicado en las afueras de la capital. Enmarcados en episodios de violencia institucional, estos casos llevaron a la organización Justicia Legítima Nordeste, a emitir un duro comunicado contra la administración provincial luego de la muerte de “Manchita”, ocurrida el 13 de enero. Un caso por el que ya hay ocho penitenciarios apartados de sus puestos preventivamente.

“Manchita” le decían a Héctor Ezequiel García, que tenía 20 años y esperaba el final de la feria judicial en la cárcel de procesados, para recuperar su libertad. Se había probado su falta de culpabilidad luego de estar casi un año preso. Murió en horas de la siesta, ese miércoles de enero, después de una golpiza por parte de un grupo de penitenciarios en la Unidad Penal 6 de San Cayetano. No pudo recibir el almuerzo que ese día le llevó su madre. Ni pudo volver a su casa, aunque se había comprobado su inocencia.


Su muerte llegó en medio de los reclamos de los internos por intentar conseguir recursos para prevenir la propagación de covid. A la sordidez de la cárcel la pandemia le suma desazón. Y es el segundo caso en cárceles correntinas según denuncia Justicia Legítima en un comunicado donde suma al caso de “Manchita”, la muerte de “Kevin”.

“Kevin” le decían a José María Candia, un joven ladrillero de 22 años “asesinado salvajemente el 21 de abril en la Unidad Penal 1 de esta ciudad” sostiene el texto que también firma la Red de Derechos Humanos de Corrientes. Según la autopsia, dos balas de plomo disparadas por el servicio penitenciario durante una represión causaron la muerte de Kevin. “La represión fue por una protesta iniciada por los internos por desatención a contagiados de covid”, detalla el abogado Diego Jesús Vigay, integrante de Justicia Legitima Nordeste, a Página/12.

Por el caso de Kevin “no existe ningún avance, ni imputación en la investigación” apuntan los organismos. Y señalan que el ministro de Seguridad provincial, Juan José López Desimoni, manifestó a los medios en su momento que su muerte “fue por una pelea entre internos y tenía heridas de arma blanca”. La autopsia demostró lo contrario. “Si ese crimen se hubiera juzgado y los responsables hubieran sido condenados, quizá hoy no tendríamos que lamentar la muerte de Ezequiel”, reflexiona Vigay.

En el hospital al que Ezequiel fue trasladado ese mediodía, diagnosticaron muerte por edema cerebral y contusiones pulmonares. Aparentemente todo se inició cuando “le cortaron tiempo de su recreo de salida al patio”, explica el abogado. Laura, la madre de Ezequiel, completa el relato: “Le correspondía una hora y solo lo dejaron afuera de la celda media hora, siempre se lo hacían y ese día Ezequiel se rebeló, no quiso entrar y le pegaron hasta matarlo”.

Ese mediodía, cuando Laura salió del trabajo, fue a llevarle comida a su hijo. “Llegué a las tres de la tarde y no lo pude ver –cuenta--, nadie me explicó por qué. A las 6 de la tarde vinieron del servicio penitenciario a mi casa a decirme que mi hijo estaba en el Hospital Escuela y que había fallecido”. Si bien hoy están apartados de sus puestos ocho integrantes del servicio penitenciario, los organismos buscan que se impute a los responsables y se avance en el proceso judicial.

Covid en las cárceles

“Había reclamos de los internos para que les den recursos para la prevención de contagio de covid”, advierte Vigay. Pocos días antes, el Servicio de Paz y Justicia, manifestaba su preocupación por la situación del Penal 6 donde varios detenidos presentan síntomas covid. No se instrumentan medidas sanitarias como asistencia a las personas contagiadas, provisión de insumos de higiene o desinfección de los ambientes, sostienen. Hay cortes de suministro eléctrico y de agua potable.
“Son los familiares de los detenidos quienes han difundido la situación, tratando también de sensibilizar a los responsables institucionales acerca de la pandemia en la cárcel de procesados”, señala el comunicado de la Red. Reclaman agua potable, lavandina, barbijos, control médico e hisopados. “La respuesta siempre es la misma: negación, carencia absoluta de elementos de higiene, rechazo a los hisopados, ingreso violento a los pabellones intimidando, prohibiendo difundir esta información” subrayan.

“Desde Justicia Legitima entendemos que existe responsabilidad política e institucional del gobernador Gustavo Valdés, del ministro Juan José López Desimoni, del jefe del Servicio Penitenciario Roque Romero y del jefe de Policía Félix Barboza, por la situación de ambos homicidios”, puntualizan. En el caso de Kevin se refieren a “fusilamiento” y por Ezequiel denuncian “tortura a través de una golpiza”.

También responsabilizan al Poder Judicial provincial “por su inactividad en las investigaciones, y la falta de imputaciones y detenciones en estos delitos”, a los que indican como “homicidios calificados", tanto de "sus autores materiales como de quienes desde su responsabilidad institucional encubren tales crímenes”.

El caso de Kevin

José María conocido como Kevin en su barrio, trabajaba cómo ladrillero junto a familia, desde los 14 años, hacía el corte del ladrillo. Y fue acusado del robo de un celular a una vecina. “Pudo tener un juicio abreviado en 2017 donde se consideró su edad, falta de antecedentes, condición socio cultural y los nueve meses que ya llevaba privado de libertad”, recuerda Vigay. Se le impuso un tratamiento psicoterapéutico y se ofreció como reparación económica a la víctima seis mil pesos que su madre pagó en cuotas.

“Inexplicablemente en 2018 se le revocó la probation –continúa Vigay– por faltar a unas pocas sesiones del tratamiento y sin otra posibilidad le impusieron cumplir la condena”. En el penal, Kevin estudiaba para terminar la escuela, trabajaba en el servicio de comida y limpieza y cursaba talleres de oficios. En julio hubiera obtenido su libertad. Pero los internos del Penal 1 llevaban adelante una huelga de hambre, que tuvo como detonante un caso de covid en un oficial penitenciario que tenía contacto con la población carcelaria. Esto puso en cuarentena preventiva a sesenta agentes de ese servicio.

La Unidad 1 tiene una sobrepoblación del cuarenta por ciento, señala Vigay. “Hay 670 presos viviendo hacinados en un lugar que tiene 440 plazas. Los vídeos de la represión reflejaron las condiciones desastrosas en las que sobreviven”, describe el abogado. La autopsia demostró que Kevin recibió al menos dos disparos con armas de fuego, pero “no hay ningún imputado todavía, a ocho meses del crimen” destaca Vigay.

El caso de Ezequiel

“A mi hijo lo mataron a golpes en la cárcel, hace unos días. Lo mataron y yo estoy destrozada, necesito que se haga justicia. Necesito que los efectivos de la Unidad Penal 6 de Corrientes paguen por lo que le hicieron. Mi hijo estaba preso desde hacía un año por un delito que no cometió. La Justicia admitió su inocencia, y Eze iba a salir ni bien se levantara la feria judicial”, declaró Laura, su madre, a medios correntinos. “Pero eso nunca va a suceder porque me lo mataron. Lo desfiguraron en una golpiza tremenda y la Justicia no reacciona”. “Le pido a la sociedad que comprenda a una mamá desesperada, necesito ver a sus asesinos presos. Esto le puede pasar a cualquier mamá”, sostiene y cuenta que Ezequiel “era un pibe de un barrio humilde, como tantos. Lo acusaron de un robo que no cometió, se pasó casi un año preso y cuando iba a salir –en su expediente ya constaba su inocencia- me lo mataron y todavía no lo puedo creer. Solo la necesidad de que se haga justicia me mantendrá viva. Solo quiero justicia”, sostiene su testimonio, que comenzó a viralizarse en redes sociales. Página 12

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