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El fiscal confirma que debe realizarse el juicio por el crimen de Lucas González

Los tres oficiales de la Policía de la Ciudad serán juzgado por "homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía, por placer, por odio racial", los otros 11 son acusados de "encubrimiento".

Ante un planteo de nulidad de un policía de la Ciudad para evitar el juicio oral, el fiscal Gómez Barbella ratificó que debe realizarse el debate por el crimen de Lucas González.

El fiscal Leonel Gómez Barbella rechazó un planteo de nulidad interpuesto por uno de los oficiales de la policía de la Ciudad que está acusado en la causa en la que se investiga el crimen del joven jugador de Barracas Central Lucas González ocurrido en noviembre del año pasado. La fiscalía confirmó que debe realizarse el juicio oral a los 14 policías de la Ciudad detenidos.

La defensa del oficial de la Comisaría Vecinal 4 D Sebastián Baidón entendió que el dictamen de elevación a juicio carece de una descripción de la conducta que se le atribuyó al uniformado en relación a su participación en el encubrimiento agravado de los tres policías acusados del homicidio de Lucas y la privación ilegal de la libertad de los amigos del joven.

Para el fiscal no se verifica una irregularidad que acredite la existencia de un perjuicio del derecho de defensa que conduzca a una nulidad, ya que “se han cumplido con los actos procesales indispensables a efectos de transitar la subsiguiente etapa del proceso y, por ende, se observan las formas sustanciales relativas a la acusación, defensa, prueba y sentencia”.

“La descripción del hecho y la calificación jurídica pueden experimentar precisiones durante la instrucción porque es una etapa netamente preparatoria. Es que la fase central del proceso es el juicio oral y público, que constituye el momento de máxima garantía -por la contradicción, imparcialidad y publicidad que conlleva-, y son precisamente los jueces del debate quienes están en mejores condiciones para determinar si se configuran los presupuestos legales de la acusación”, ratificó el fiscal al considerar que el expediente está listo para avanzar hacia el debate oral.

Así el fiscal rechazó el planteo de nulidad interpuesto por las abogadas Valeria Corbacho y Stacie Fritzler que representan a Baidón.

El inspector Gabriel Alejandro Issasi, el oficial mayor Fabián Andrés López y el oficial Juan José Nieva, todos de la Policía de la Ciudad, son los principales acusados del crimen. Los otros 11 están acusados del encubrimiento.

A fines de marzo el fiscal pidió la elevación a juicio de Issasi, López y Nieva, quienes prestaban funciones en la División Brigadas y Sumarios de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad como coautores de los delitos de "homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía, por placer, por odio racial, por el concurso premeditado de dos o más personas y por cometerse abusando de su función o cargo por un miembro de una fuerza policial".

Además, fueron acusados de "tres tentativas de homicidio agravado por las mismas causales; falsedad ideológica y privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley".

El fiscal solicitó también que sean juzgados el comisario inspector del Departamento Comunal Vecinal 4 de la Policía de la Ciudad Daniel Alberto Santana; el comisario de la Comuna Vecinal 4A, Rodolfo Alejandro Ozán; el comisario de la Comisaría Vecinal 4D, Fabián Alberto Du Santos; y el comisario de la Comuna 4D, Ramón Jesús Chocobar.

Además, pidió la elevación a juicio para el principal de la Comuna 4D, Héctor Claudio Cuevas; los oficiales de la Comisaría Vecinal 4D, Baidón, Jonathan Alexis Martínez, Ángel Dario Arévalos y Daniel Rubén Espinosa; el comisario de la División Sumarios y Brigadas de la Comuna 4, Juan Horacio Romero; y el subcomisario de la División Sumarios y Brigadas de la Comisaría Vecinal, Roberto Orlando Inca.

Todos ellos como presuntos coautores de los delitos de "falsedad ideológica, privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley, encubrimiento agravado por la condición de funcionarios públicos y por ser el delito precedente especialmente grave e imposición de torturas".

Cueva e Inca también fueron acusados como coautores de "falso testimonio agravado por haber sido cometido en una causa penal y en perjuicio de los imputados".

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