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Policiales

Detuvieron a dos paraguayos por esclavizar a correntinos en La Plata

Eran los capataces del emprendimiento de hortalizas. En el predio fueron rescatados trabajadores oriundos de Goya. En total eran explotados unos 80 adultos y 19 menores de edad.

Se trata de los encargados del predio de 46 hectáreas ubicado en cercanías de la capital bonaerense. Los detenidos son investigados por los delitos de privación ilegítima de la libertad y trata de personas por, supuestamente, esclavizar a un centenar de personas y mantenerlas cautivas en condiciones denigrantes.

Los sospechosos fueron identificados como Gerardo Gareca, de 36 años, y Nery Marcial Vera Espinosa, de 39. Los hechos comenzaron a dilucidarse el domingo 24 de octubre, cerca de las 18:00, cuando la policía de Buenos Aires fue alertada sobre dos grupos de jóvenes que corrían por la Ruta Provincial 36, perseguidos por otros hombres.

Además de los paraguayos, también se encuentran detenidos Algarín Jara, Benito Castro, Ricardo Saviola, Calixto Miranda Pérez y Sergio René Ruiz; acusados de haberse desempeñado como colaboradores de la Quinta donde retenían a 47 mayores de edad extranjeros. En su mayoría eran bolivianos y paraguayos, 32 adultos argentinos, casi todos menores de 30 años oriundos de la provincia de Corrientes y 19 menores de edad.

Según el testimonio de las víctimas, habían sido llevadas hasta La Plata con promesas laborales de recibir 2.500 pesos diarios para trabajar la tierra en el campo de 46 hectáreas, que contaba con un cerco perimetral alambrado electrificado y varias garitas de seguridad con personas armadas.

Sin embargo, al llegar al lugar, los trabajadores eran forzados a vivir en una serie de casillas precarias de ladrillo hueco sin revocar que compartían con otras personas, y dormían en colchones sucios sobre el piso al lado de letrinas. Solo tenían permitido salir para trabajar en grupos.

Gareca y Vera Espinosa quedaron a disposición del fiscal Juan Menucci, titular de la UFI N° 5 de La Plata.

La fiscalía indaga, además, si el principal investigado tiene un antecedente de una causa del año 2016, en la que habría sido condenado por el mismo delito.

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