El debate había iniciado el año pasado, pero pasó a un cuarto intermedio en diciembre. Iba a reiniciar en marzo, pero la pandemia del coronavirus obligó a que se prorrogue. La discusión estuvo en que si era conveniente seguir el juicio en forma presencial, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Finalmente los jueces del Tribunal Oral Federal 3 decidieron habilitar una plataforma virtual para que se realice en forma remota. Así, los acusados participan de las audiencias desde las Unidades Penitenciarias, los abogados desde sus estudios y los fiscales y jueces desde sus oficinas.
Este miércoles se llevará a cabo una nueva jornada del juicio oral y público en el que son juzgados doce personas sospechadas de traficar cantidades industriales de marihuana que llegaban a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siete jurisdicciones provinciales argentinas y a Chile.
La importancia de esta audiencia radica en que los abogados defensores iniciarán la ronda de preguntas a Guillermo Hernán González, el subcomandante de la Gendarmería Nacional que dirigió la investigación que se centró en las actividades de narcotráfico que se desplegaban en la localidad de Itatí, Paso de la Patria, San Cosme, San Luis del Palmar y la ciudad de Corrientes.
El efectivo de la fuerza de seguridad se hizo pasar por artesano y artista callejero durante seis meses para mezclarse entre los pobladores del pueblito de la Virgen y así realizar observaciones a fin de confirmar o descartar las hipótesis que tenían los fiscales de la Procuración de la Narcocriminalidad y el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 12 de la Ciudad de Buenos Aires respecto de supuestas actividades ilícitas desarrolladas en ese poblado limítrofe con el Paraguay.
Los informes que realizó González fueron la base para imputar a Luis Saucedo, Carlos Bareiro y Federico Sebastián Marín, supuestos líderes de organizaciones delictivas.
Pero en este debate sólo Bareiro está como acusado. Saucedo será juzgado en un proceso diferido en una fecha incierta, pero el año próximo. Marín, en tanto, acordó una pena de doce años de detención y afronta cargos en otras causas iniciadas en juzgados de Corrientes.
“El testimonio del gendarme que realizó la investigación es de mucha importancia en el debate, porque se puede advertir que existen cuestiones poco claras en la causa, como por ejemplo, la falta de caudal probatorio; incoherencias respecto de los hechos que se le endilgan a los acusados; acusaciones sobre la base de comentarios de vecinos, pero sin nada que demuestre la veracidad de esos dichos; cuestiones lindantes a lo novelesco, como, por caso, que los imputados manejaban tanta plata que la tenían que pesar, algo que no está en el expediente y que es poco verosímil”, comentó Guillermo Rojas Busellato, uno de los abogados defensores que interviene en el juicio.
El letrado prepara una batería de preguntas para comprender los hechos y circunstancias por las que atribuyeron roles a ciertos imputados con relación a la existencia de supuestas organizaciones delictivas de narcotráfico. “Toda la causa se basó en dichos de arrepentidos, pero no se pudo corroborar prácticamente nada de lo que dijeron. En este caso, declararon que se cargaba estupefacientes en Corrientes, que había grandes cantidades de dinero, vehículos de alta gama y embarcaciones. Esto llevó a que se haga una serie de allanamientos, con gran despliegue mediático y espectacularización, pero no encontraron nada de lo que supuestamente habían indicado los testigos; únicamente llevaron presas a un montón de personas”.
Remarcó además que “los allanamientos también causaron perjuicios a terceros. Es el caso de la ladrillería del abuelo de Carlos Bareiro donde dijeron que habían enterrado dinero en tambores. Fueron con máquinas hicieron un gran despliegue con máquinas y destruyeron la producción de un trabajador que fue gravemente afectado por esta pérdida material”.
Otro de los defensores que interviene en este proceso es Jorge Adrián Barboza, quien prepara una serie de preguntas para el jefe de la investigación a fin de tener clara las acusaciones que se hicieron en la causa. Para este letrado “no queda bien claro qué se les atribuye a cada imputado, porque primero se habló de tres bandas delictivas supuestamente de alta peligrosidad, pero en el debate el investigador sostuvo que hay una sola organización y le atribuye un rol de jefe a Bareiro, casualmente al único que está en este juicio; mientras que a Marín y a Saucedo les da el rol de colaboradores”.
Sostuvo además que “es confusa la declaración del jefe de la investigación y esto es porque vino a Itatí con una carga subjetiva: las declaraciones de los supuestos arrepentidos. No hay pruebas que demuestren esos dichos y que, en algunos casos parecen sacados de una serie de ficción”.
TESTIGO Y ACUSADOR
El miércoles 2 de septiembre el subcomandante Guillermo González fue convocado a declarar como testigo en el juicio de la causa 3.002/2017 que derivó en el Operativo Sapucay. Ese día comenzó el relato de los hechos investigados.
Uno de los cuestionamientos que hicieron los abogados defensores en la causa del Operativo Sapucay es la falta de precisión respecto de los hechos y los testimonios volcados en la causa. En su declaración el subcomandante Guillermo Hernán González relató que su investigación se basó “en entrevistas con los vecinos” itateños que supuestamente le contaron cómo operaban las bandas de narcotraficantes.
Ante esto, los letrados preguntaron la razón por la que esos testigos no fueron citados a declarar.
“Lo que ocurre es que hay connivencia entre las organizaciones delictivas y las instituciones. Las personas de Itatí temen represalias, por eso no las puedo nombrar como testigos. Sin embargo uno de ellos se prestó a declarar”, reveló. El declarante sostuvo que esa persona supuestamente obtuvo custodia y permanece en el anonimato.
En el marco de su declaración brindó un dato que fue pasado por alto: “En las maniobras estarían involucrados el intendente, el vice, efectivos de la Gendarmería, de la Prefectura, la Policía Federal y hablaban también del chofer del Gobernador”.
Si bien en la causa fueron imputados los funcionarios públicos locales y de las fuerzas de seguridad, las averiguaciones no avanzaron con relación a conocer la relación entre los narcos y el colaborador del entonces titular del Poder Ejecutivo provincial.
PLATA PESADA
“En una oportunidad, estando en Itatí, el dueño de un hospedaje dijo que de tanta plata que manejaban los narcos, la tenían que pesar”, había declarado el gendarme Guillermo Hernán González y así dejó planteada la hipótesis de que el transporte de estupefacientes en el pueblo de la Virgen movía millones de pesos, pero aclaró que durante los cinco meses que estuvo como infiltrado en la población ubicada a 80 kilómetros al norte de la capital correntina no pudo ver ni verificar personalmente la existencia de ese dinero.
Pero en ese contexto además vinculó la actividad narco con las carreras cuadreras que en la provincia están legalizadas y hasta cuentan con protección policial. “Los narcos usan las carreras para lavar el dinero”, había afirmado el gendarme. Mañana volverá a declarar en el marco de la audiencia del juicio y los defensores podrían pedir detalles
Expectativa
La causa del Operativo Sapucay tuvo trascendencia nacional porque el gobierno de Mauricio Macri la utilizó para afirmar que en Itatí había protección política del intendente, Natividad Terán, a los narcos y porque su viceintendente, Fabio Aquino intervenía en las maniobras delictivas. Ambos reconocieron las acusaciones en un juicio abreviado y quedaron libres. Pero en la sentencia se los habilita a ejercer cargos públicos.
