Se debe apartar la Policía Provincial de la Investigación y garantizar una autopsia con intervención de expertos.
Ante la aparición del cuerpo del joven de 18 años Lautaro Rose en la costa del Rio Parana, desde Justicia Legitima Nordeste exigimos la aplicación inmediata del Protocolo de Minnesota tanto para la realización de la autopsia como de para el desarrollo de la causa judicial. Ello como forma de garantizar una investigación independiente e imparcial ante una muerte en contexto de violencia policial.
El “Protocolo de Minnesota” o “Protocolo modelo para la investigación legal de ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias y sumarias” es un procedimiento recomendado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y se trata de un "manual de procedimiento" que tiende a evitar que los funcionarios del Estado sospechosos de haber cometido crímenes puedan actuar o influir en la investigación de una muerte.
La norma elaborada en 1991 establece estándares de buenas prácticas técnicas que se deben aplicar para determinar si una persona fallecida fue ejecutada. Esta "guía" recomienda además que se constituya una comisión investigadora independiente en este caso del Estado Correntino y la policía provincial, con recursos y facultades suficientes a fin de llegar a la verdad.
La Investigación debería estar a cargo de una Fuerza Federal y no de la Policía Provincial como lo es actualmente, lo que es claramente violatorio del Protocolo.
En cuanto a la autopsia el Protocolo Minnesota determina una serie de pautas estrictas a fin de detectar evidencias e indicios de lesiones y golpes en el cuerpo, así como cortes, desgarros y rotura de la vestimenta, etc; para determinar si la víctima fue objeto de una ejecución extralegal, arbitraria y sumaria. Además de exigir la participación de expertos en estos casos en la realización de la misma.
También de acuerdo al Protocolo Minessota se demanda a las autoridades la no intromisión en la investigación judicial con declaraciones de instalación de hipótesis o la filtración de supuestas pruebas como ocurriera lamentablemente recientemente con el Ministro de Seguridad Desimoni y el Fiscal General Sotelo en los casos de Kevin Candia y el Diputado Miguel Arias.
El Protocolo se aplica para todos los países miembros de la Organización de Naciones Unidas y en su presentación se lee que "toda muerte en circunstancias sospechosas ocurrida en cualquier parte del mundo es en potencia una vulneración del derecho a la vida, calificado frecuentemente como el derecho humano supremo, por lo que la prontitud, imparcialidad y eficacia de la investigación es fundamental para que no prevalezca la impunidad y se imponga una cultura de rendición de cuentas".
Finalmente convocamos a toda la sociedad correntina y a todas las organizaciones populares a acompañar a la familia en su reclamo de Justicia.
