Por Daniel Caran
El dato no es novedoso, pero siempre es bueno recordarlo, la ciudad de Corrientes es una de las capitales provinciales con tarifas más caras de la región, comparándola con las vecinas. En costo de tarifa plana de transporte público de pasajeros, tasas municipales y servicios de agua potable y energía.
El contraste de esos costos es la falta de retribución a cambio para los contribuyentes del principal distrito de la provincia donde habitan, medio millón de personas. Vemos desprolijidad además en la gestión de la Ciudad además de falta de transparencia, algo similar a lo que ocurre en el ámbito provincial.
Esta semana que estamos concluyendo nos deja nuevamente una serie de intervenciones del gobierno municipal en zonas céntricas de la ciudad: prohibición de estacionamiento y algunas obras de mejoramiento en calles. Excelente noticia, pero nuevamente pasó que muchos vecinos y vecinas se enteraron de esas cuestiones al regreso del feriado largo.
No es la primera vez que él y las contribuyentes se desayunan con calles cortadas u obras en el frente de sus viviendas, ocurre de manera sistemática como si fuese una marca de gestión municipal. Algo que genera quejas y más caos a lo ya caótico del tránsito en la ciudad capital.
También se conoció esta semana a través de un concejal que el Ejecutivo comunal hace meses no responde pedidos de informes, sobre todo en cuestiones referidas a gastos: contrataciones directas, alquiler de inmuebles para oficinas municipales en el centro. Contratación y pase a planta permanente de empleados comunales. Todo está bajo un manto de misterio. Algo que nuevamente emparenta a la gestión municipal con la provincial, falta de transparencia.
Comunicar los actos de gobierno no es opcional, es una obligación de los estados y de sus funcionarios que lo administran circunstancialmente, elegidos a través del voto soberano.
Hasta dónde es importante la transparencia en actos de Gobierno. Un dato lapidario que lo dio a conocer el fiscal de instrucción que investiga los hechos de fraude y maniobras con documentación pública en los organismos de Catastro y el Registro de la Propiedad Inmueble. “Es una situación que daña todo lo que es operaciones comerciales en la provincia”, dijo el funcionario judicial que lleva adelante la causa. En otras palabras, hay inseguridad jurídica en la provincia.
Allí radica la importancia de la transparencia y de administrar bien el erario público.
Es muy difícil la radicación de inversiones en una provincia donde las reglas de juego y, sobre todo, las leyes no son respetadas. Lo que tanto piden los funcionarios provinciales a sus pares de la Nación.
Todos somos iguales ante la ley. Y como lo decía un gran pensador y estadista: dentro de la ley todo, fuera de la ley nada.
