Las estadísticas oficiales están mostrando que el ajuste de la cuarentena está funcionando en la provincia del Chaco. Sin embargo, esta nueva tendencia actualiza una frase que el infectólogo y uno de los principales asesores del Gobierno, Pedro Cahn “que nadie crea que es el fin de la pandemia”. El riesgo no es menor, el ejemplo que alumbró este fin de semana es el caso de una de las más importantes verdulerías y carnicerías de la capital chaqueña.
Es posible que alguno piense que lo que continúa no tiene nada que ver con el tema en trato, pero ya se verá que sí. Este domingo se cumple el día del padre que el Gobierno provincial había prorrogado para no afectar a los comercios que el tercer domingo de junio cuando decidió volver a cerrar los comedios -especialmente los del centro- que estuvieron trabajando con alguna flexibilidad por un par de días.
Prácticamente todos celebraron el día del padre, en las medidas de sus posibilidades en la fecha original. Sin ninguna consecuencia, ese comercio no sólo desafió el cambio de fecha, sino que concretamente publicó un cartel en el que ordenó desobedecer, literalmente, instrucciones que había dado el Gobierno.
Por mucho menos que eso, algunos sectores, incluidos medios de prensa, se llevaron de arriba imputaciones policíaco-judiciales, que oportunamente se tramitarán.
Sin embargo, el episodio de la verdulería no debe ser tratado como una cuestión más, en medio de una provincia en donde no se detienen -sin crecer exponencialmente- los contagios. Las redes sociales, sobre los que hay que tener demasiadas precauciones, alertaron con cierta necesidad de atención, que la cantidad de contagios no sería tan mínima como se está presentando desde la conducción comercial, ni la reacción empresaria tan oportuna.
Existe cierto temor respecto del cumplimiento de los protocolos para el funcionamiento de un lugar esencial, que ya estuvo cerrado más días que otros grandes centros comerciales que también tuvieron casos positivos.
Es cierto que no puede decirse que todo se haya hecho mal. Desde que la pandemia se provincializó en marzo a esta fecha ese lugar estuvo trabajando y bien entrado julio recién aparecen los primeros casos.
Más que el comercio, el que tiene que brindar garantías es Estado, por el lado de Salud Pública, el que indique cuán seguro es el lugar para concurrir a aprovisionarse allí.
Es cierto, el Gobierno tiene especial tolerancia con aquellos que llaman a incumplir las medidas dispuestas por el mismo Gobierno para evitar la expansión del virus. Probablemente esa sea la respuesta al drama que colocó a la provincia del Chaco en el lugar en que se encuentra enel contexto sanitario nacional.
A horas de que el presidente rodeado de una representación institucional plurisectorial, entre ellos el gobernador, Jorge Capitanich, en un nuevo aniversario del Día de la Independencia, fue posible ver Resistencia la marcha de los anticuarentena, embanderados en la propuesta de lo más rancio del PRO, ni siquiera de Cambiemos. La fuerte movilización policial no alcanzó para que alguno de los manifestantes fuera notificado de alguna causa judicial como se hizo a fines de mayo contra los médicos que reclamaban contra la judicialización de sus reclamos. Y eso que ahora los marchantes saltearon el control policial como si no hubiera estado.
A propósito, la Justicia Federal terminó procesando a las pacientes 0. Verdadero dilema para ambas, recurrir la medida o esperar directamente la realización del juicio oral. No existe, no obstante, la misma diligencia contra los funcionarios públicos, en la causa por la auto-misa. Si con el Pastor Ledesma, no contra sus autorizantes.
La Justicia tuvo esta semana una activa participación en diversos acontecimientos. Al procesamiento de las pacientes 0 hay que agregar la resolución del Juzgado del Trabajo Nº 4 de la ciudad de Resistencia que ordenó que se disponga la concreción de protocolos para poner en funcionamiento una serie de rubros que hasta ahora están completamente vedados.
El Gobierno provincial había iniciado la tarea, pero por ahora lo que logró es acercar algunos fondos para sectores que habían quedado fuera de toda ayuda oficial. Esos recursos son insuficientes, pero permiten preguntar por qué no se tuvo en cuenta a la hotelería local, de capitales chaqueños para la internación de los casos leves, y por el contrario se cerraron acuerdos con grandes establecimientos.
Por línea paralela avanza una emergencia turística bastante incierta por el momento.
La Cámara Contencioso anticipó por otra parte que el intendente de Resistencia, Gustavo Martínez, tiene que dar cumplimiento con el fallo que declaró inconstitucional el impuestazo. El jefe comunal en cambio redobló su apuesta al anunciaron intereses sobre los fortísimos tributos que no se pagan esperando que se termine el trámite judicial. La presión social sobre el municipio no es más fuerte sólo porque el único gasto que la comuna no ajustó fue el de la pauta direccionada, como también quedó en evidencia en estos días.
La resolución judicial sólo tiene una instancia más. El Superior Tribunal de Justicia.
La juez de Garantías, Beatriz Zózzoli, por su lado ordenó la libertad de los policías acusados por el episodio de violencia institucional sobre una familia Qom en Fontana. Los desacoples oficiales volvieron a quedar en evidencia. Mientras el jefe de Policía, Fernando Romero, se apuró en anunciar la reincorporación de los efectivos suspendidos. El Gobierno (de manera impersonal, en un breve comunicado) lo cruzó un día después anunciando que continuarán en la situación en la que están, no se sabe hasta cuándo.
Es un tema de debate cuál es el bien jurídico protegido en este caso. La salud, la integridad y la vida de los vecinos qom. El cambio de carátula dictado por la juez Zózzoli, no cambia la condición de cada uno de los actores en este caso.
La provincia del Chaco tiene compromisos con la Corte Interamericana de Derechos Humanos a partir del Caso Greco. La Convención de Derechos Humanos, con rango constitucional desde 1994 impone además condiciones de progresividad que la legislación local no puede contradecir. Paradójicamente, los imputados están también invocado Pactos Internacionales para retornar a la actividad.
El debate que genera esta situación necesariamente deberá modificar procedimientos y adecuar normas para evitar confusión, en el sentido técnico de la palabra.
