La medida rige desde este martes 11 de febrero por 15 días y alcanza al conflicto salarial entre la UTA y las empresas de transporte del interior del país. Durante ese período, el servicio deberá prestarse con normalidad.
El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, dictó la conciliación obligatoria en el conflicto salarial que mantienen la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP), que agrupa a las empresas de colectivos del interior del país.
La decisión oficial busca desactivar las medidas de fuerza anunciadas por el gremio y garantizar la continuidad del servicio de transporte público, ante el riesgo de interrupciones que podían afectar a miles de usuarios en distintas provincias.
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— Ministerio de Capital Humano (@MinCapHum_Ar) February 10, 2026
Desde cuándo rige la conciliación obligatoria
Según se informó oficialmente, la conciliación obligatoria comienza a regir desde el 11 de febrero de 2026 y tendrá una duración de 15 días. Durante ese plazo, las partes deberán retrotraer la situación al estado previo al inicio del conflicto.
Esto implica que el sindicato deberá dejar sin efecto cualquier medida de acción directa y abstenerse de implementar nuevas protestas mientras dure el proceso, al tiempo que las empresas deberán asegurar el funcionamiento habitual del servicio.
El alcance de la medida y el llamado al diálogo
Desde la cartera de Capital Humano se intimó formalmente a la UTA y, por su intermedio, a los trabajadores representados, a garantizar la normal prestación del transporte automotor de pasajeros en el interior del país, evitando demoras, cancelaciones o cualquier tipo de afectación a los usuarios.
En paralelo, el Gobierno convocó a ambas partes a retomar las instancias de diálogo en el ámbito de la Secretaría de Trabajo, con el objetivo de alcanzar una solución consensuada al conflicto salarial.
El objetivo oficial: asegurar un servicio esencial
El Ministerio de Capital Humano reafirmó su compromiso con el diálogo social y la negociación colectiva, y remarcó que la prioridad es proteger la continuidad de un servicio considerado esencial, además de resguardar el interés público y los derechos de los usuarios en todo el país.
Con la conciliación obligatoria en marcha, el conflicto entre la UTA y las empresas de transporte del interior entra ahora en una etapa de negociación formal, mientras el Gobierno busca evitar un nuevo paro de colectivos y sostener el normal funcionamiento del sistema de transporte.
Con información de BAENegocios
