Referentes de Juntos por el Cambio presentaron ayer una denuncia penal contra el presidente de Venezuela. Patricia Bullrich pidió que, en caso de arribar al país, sea detenido. Rodríguez Larreta prevé reunirse con ciudadanos venezolanos.
El próximo martes 24 de enero se desarrollará en Buenos Aires una nueva cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que se realizará en medio de una fuerte presión opositora para que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, invitado por el Gobierno, no participe del encuentro que estará encabezado por Alberto Fernández.
Así, referentes de los partidos que integran Juntos por el Cambio presentaron ayer una denuncia penal contra Maduro, que también incluye a los presidentes de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y Nicaragua, Daniel Ortega, por violaciones a los derechos humanos en sus respectivos países. La presentación judicial, impulsada por el Foro Argentino por la Democracia en la Región (FADER), recayó en el Juzgado Federal Nro. 7 a cargo de Sebastián Casanello, y de la Fiscalía Nro. 11, a cargo de Germán Pollicita.
En esta línea, la titular del PRO, Patricia Bullrich, hoy fue más allá y pidió que si Maduro ingresa a la Argentina “debe ser detenido de manera inmediata por haber cometido crímenes de lesa humanidad, tal como ocurrió con Pinochet en Londres, en 1998″.
“Toda vez que Maduro ha violado derechos humanos y ha cometido crímenes de lesa humanidad tomamos como antecedente de lo que ocurrió en Londres con (Augusto) Pinochet. Los países necesitamos ejercer la solidaridad democrática internacional y nos tenemos que solidarizar con el pueblo venezolano; en ese contexto, la Argentina merece que nosotros activemos ese mecanismo para que la comunidad internacional lo juzgue”, señaló a Infobae la diputada nacional Sabrina Ajmechet, integrante de FADER y una de las firmantes de la denuncia penal.
Más allá de este antecedente, desde la oposición son conscientes de que hay “muy pocas” posibilidades de que la Justicia argentina actúe sobre Maduro. “La Corte Penal Internacional plantea que otro Estado no puede determinar ningún tipo de pena sobre ningún mandatario en ejercicio, y ahí hay una diferencia con Pinochet, pero se lo puede llamar a declarar y sí se puede detener a funcionarios que trabajan con él”, planteó un dirigente de Juntos por el Cambio.
En cuanto al tratamiento judicial, el juez Casanello habilitó la feria y giró la denuncia a la fiscalía. Según el protocolo, la primera medida a tomar es iniciar una averiguación para determinar si estos delitos que se están denunciando en la Argentina por hechos ocurridos en Venezuela no se están investigando en alguna otra parte del mundo, ya sea en Venezuela o en algún otro país.
