Por la crisis que ha provocado en cuestión de días el fin de la exención llamada «de minimis» en Estados Unidos , la Administración de Donald Trump ha decidido conceder un plazo de adaptación de seis meses a los servicios postales internacionales y a las grandes empresas de mensajería. Durante ese periodo, Correos en España, Royal Mail en Reino Unido, La Poste en Francia, Deutsche Post en Alemania y otros operadores podrán seguir enviando mercancías a EE.UU. aplicando tarifas fijas que oscilan entre 80 y 200 dólares por paquete, en función del país de origen.Pasado ese lapso, todos los envíos deberán liquidarse como importaciones comerciales ordinarias, con el pago de aranceles 'ad valorem' y sujeta a inspección aduanera . Así lo ha anunciado este jueves un funcionario estadounidense a la prensa.Noticia Relacionada estandar Si Washington mantiene también los aranceles a la aceituna negra española desafiando un fallo de la OMC David Alandete La Casa Blanca confirma recargos de hasta el 12,69% a empresas andaluzas, en beneficio de productores de California y competidores como MarruecosLa medida, adoptada por orden ejecutiva, pone fin a una excepción vigente desde 1938 que permitía la entrada libre de aranceles de los paquetes con un valor inferior a 800 dólares. En la práctica, esa regla se había convertido en una de las arterias del comercio electrónico mundial, con lo que facilitaba millones de operaciones de bajo valor entre consumidores, plataformas y pequeños negocios. Su cierre repentino ha desencadenado una parálisis del tráfico postal global: más de veinte países, entre ellos potencias industriales de Europa y Asia, han suspendido de forma inmediata sus envíos hacia Estados Unidos al no disponer de mecanismos de recaudación y transferencia de gravámenes.Las consecuencias se sienten en todos los niveles. Gigantes del comercio digital como Shein o Temu reconocen retrasos masivos en sus entregas y sobrecostes logísticos que encarecerán sus precios en el mercado estadounidense. Sin embargo, el golpe más fuerte lo reciben los pequeños vendedores y artesanos que utilizaban los servicios postales nacionales para llegar a sus clientes en EE.UU. A corto plazo, el consumidor norteamericano también queda atrapado en esta crisis: enfrenta cancelaciones, demoras y un encarecimiento drástico de bienes extranjeros que antes llegaban con facilidad.La Casa Blanca justifica la decisión por motivos de seguridad y de política industrial . Según los datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, en 2024 el 98% de las incautaciones de narcóticos y el 97% de las de productos falsificados se produjeron en envíos amparados por la exención «de minimis». Trump argumenta, además, que esos paquetes, que pasaron de 134 millones en 2015 a más de 1.300 millones en 2024, suponían un vacío legal que facilitaba la entrada de drogas sintéticas, mercancías peligrosas y falsificaciones . De acuerdo con la Casa Blanca, el 90% de las incautaciones de aduanas procedían de este canal , un «gran fraude» que dañaba a empresas y trabajadores de EE.UU. y que justificaba una respuesta inmediata ante la crisis del fentanilo y el déficit comercial.El Congreso, sin embargo, había aprobado la exención «de minimis» con otra lógica: reducir costes e inflación , lo que permite importaciones menores sin aranceles, y optimizar los recursos de aduanas , que libera a la CBP de revisar millones de paquetes de bajo valor y concentra sus esfuerzos en cargamentos de mayor riesgo. Tras décadas de aplicación, el programa se había convertido en un engranaje esencial del comercio electrónico internacional.Un alivio temporalWashington insiste en que el periodo de transición es un alivio temporal . El objetivo es obligar a los servicios postales extranjeros a modernizarse, dotarse de sistemas de control digital y proporcionar información precisa sobre cada envío, como ya hacen FedEx, UPS o DHL. En palabras de sus asesores, si las agencias postales internacionales no se adaptan, serán desplazadas por los grandes operadores privados. A partir de marzo de 2026, cuando finalice el plazo de seis meses, desaparecerá la posibilidad de pagar tarifas fijas: todos los paquetes, sin excepción, estarán sujetos a los aranceles completos que correspondan según su valor y país de origen. Cada envío será tratado como una importación comercial ordinaria, con controles aduaneros exhaustivos, inspecciones y requisitos de trazabilidad. Los operadores postales que no hayan actualizado sus sistemas de información y cobro verán bloqueadas sus remesas en la frontera o directamente perderán el mercado en favor de las mensajeras privadas que ya cumplen esos estándares.El cambio simboliza un giro histórico en la política comercial de Estados Unidos: de la apertura que caracterizó al siglo XX, con reglas diseñadas para facilitar intercambios pequeños y sin burocracia, a un proteccionismo que busca blindar las fronteras comerciales. El impacto, sin embargo, es global: desde los almacenes de logística en Shenzhen hasta los talleres familiares en Andalucía o Lombardía, millones de pequeños negocios ven cuestionada su supervivencia. El fin del «de minimis» no solo encarece las compras internacionales: fragmenta la red postal mundial y redefine el acceso de los consumidores estadounidenses a bienes extranjeros, con un efecto dominó que ya sacude a fabricantes, transportistas y minoristas en los cinco continentes.Excepción «de minimis»Se llama la excepción en cuestión «de minimis» porque proviene del principio jurídico latino de «minimis non curat lex» , que significa «la ley no se ocupa de lo insignificante». Aplicado al comercio, esa expresión se utilizó para definir un umbral de valor por debajo del cual las aduanas no aplicaban aranceles ni impuestos, al considerar que las cantidades eran demasiado pequeñas como para justificar el coste burocrático de revisarlas.En el caso de Estados Unidos, ese umbral se fijó en esos 800 dólares : todo paquete por debajo de esa cifra podía entrar libre de aranceles y con controles simplificados.
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