El presidente venezolano, Nicolás Maduro, anunció que promoverá una "Constituyente militar" para fortalecer los cuatro componentes de las Fuerzas Armadas y definir los perfiles y mandatos constitucionales de la unión cívico-militar del país, mientras la iniciativa impulsada por el oficialismo acumula rechazos no solo en las calles.
Un grupo de diez corredactores de la Constitución venezolana vigente expresó este martes su rechazo al intento de "segmentar al electorado" para elegir a los representantes de la Asamblea Nacional Constituyente convocada por Maduro, y el jefe del Parlamento venezolano, Julio Borges, advirtió que aquel cuerpo “nació muerto”.
Maduro anticipó que buscará con la “Constituyente militar” profundizar “la revolución militar bolivariana adentro del corazón mismo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB)", para mover a la fuerza “en su doctrina, en su concepción estratégica, en su moral, en su visión, en su estrategia".
El jefe de Estado hizo un llamado a los militares a hacer propuestas para la Asamblea Nacional Constituyente, a fin de "reforzar la unión" de la FANB con el pueblo venezolano.
Del otro lado, el grupo de diez políticos que participó junto a otros 121 en la elaboración del texto constitucional aprobado en 1999, anunció que se constituirá en un frente "permanente" para la defensa del texto legal aprobado 16 años atrás.
El ex constituyente Ricardo Cobellas indicó que el presidente tiene "la iniciativa" pero no el poder de convocatoria, una crítica que ha sido también enunciada por opositores al gobierno.
Llamó la atención además sobre el intento de "segmentar al electorado" con la propuesta de la elección de un grupo de representantes por sectores de la sociedad civil, un asunto del que aún no se conocen mayores detalles, pero sobre el que también la oposición ha adelantó su rechazo.
Otra de las objeciones de este grupo de ponentes de la Constitución venezolana es la de que no se deje claro si el resultado de ese proceso de elaboración que emprenderán los constituyentes electos será o no sometido a "la consulta del pueblo" en un referendo aprobatorio.
Por su parte, el también ex constituyente y actual gobernador del estado Lara, el opositor Henri Falcón, lamentó que el gobierno "se aleja de la mayoría del país" y que los venezolanos reclaman una consulta popular pero en función de la celebración de las elecciones de gobernadores y legisladores regionales, en mora desde 2016, y de alcaldes y concejales que debe hacerse este año.
Otro grupo, denominado "Representantes de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución", acudió hoy a la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE) para entregar un documento en defensa de la Carta Magna vigente.
Este grupo, recibido por el rector Luis Emilio Rondón -el único de los cinco rectores del Poder Electoral próximo a la oposición- está integrado por antiguos miembros del gabinete del fallecido presidente Hugo Chávez.
A los cuestionamientos volvió a sumarse Borges, para quien la convocatoria nació "muerta" porque fue hecha con mala intención. "Eso nació muerto, porque nació con la mala intención de engañar a nuestro pueblo y nuestro pueblo no es bolsa (tonto); sabe que eso es un engaño, que está diseñado para que Maduro permanezca en el poder", remarcó.
La Comisión Presidencial para la Constituyente, creada por Maduro, se reunió ayer con partidos políticos, aunque únicamente fueron 17 del más de medio centenar de organizaciones registradas en Venezuela, y que tuvo como ausente a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la primera fuerza política del país.
Según Borges, esa constituyente no se formará con un proceso electoral libre, sino que el Gobierno "elegirá quién irá por los empresarios, quién va por los sectores religiosos, quién va por los estudiantes”, de modo que la gente “no va a poder votar, va a ser un parapeto para ellos simplemente permanecer en el poder".
Después de una presencia casi permanente en las calles de parte de oficialistas y opositores, la jornada de hoy pasó más por una guerra de declaraciones que de manifestaciones.
En esa serie de protestas, en las que se registraron 41 muertes, hubo 1991 detenidos, según la ONG Foro Penal Venezolano (FPV).
El director ejecutivo de la organización, Alfredo Romero, detalló que del total de detenidos "relacionados con las protestas antigubernamentales, permanecen aún detenidas 653 personas" y advirtió que la mayoría de estas aprehensiones son, a su juicio, "detenciones arbitrarias".
De ese número de personas aún detenidas, 404 están a la espera de un fiador (pagador de fianza), luego de que los tribunales impusieran medidas de fianza para su liberación, lo que calificó el director de la ONG venezolana como una detención "arbitraria" porque, dijo, fue una medida decidida unilateralmente por la corte sin actuación de la Fiscalía.
A este cuadro se sumará que mañana la Organización de Estados Americanos (OEA) fijará la fecha en la que se celebrará la reunión de cancilleres que analizará la crisis de Venezuela, una iniciativa que se aprobó el pasado 26 de abril y que empujó a Caracas a anunciar su salida del organismo.
Un grupo amplio de países tiene previsto proponer mañana que la reunión de cancilleres se celebre en la sede del organismo en Washington el 22 de mayo, fecha que quedará aprobada si logra 18 apoyos al menos de los 35 Estados miembros.
Quizás para influir en la suerte de esa iniciativa, la canciller Delcy Rodríguez repitió hoy en la red Twitter un mismo texto dirigido a cada uno de los presidentes del continente: "Para garantizar la Paz en Vzla Pdte Maduro ha convocado la Asamblea Nacional Constituyente". Télam
