En caso de tener que dejar el cargo ese lapso, la mandataria cobrará el 50% de su salario.
En caso de que el Senado suspenda a partir de hoy o mañana a la presidenta Dilma Rousseff, la mandataria debe perder algunos derechos hasta el veredicto definitivo de su juicio político, aunque cobrará el 50 por ciento de su salario, dispondrá de la residencia oficial en Brasilia, el Palacio de la Alvorada, y de infraestructura personal y de asesores.
Como se trata de un caso inédito -ningún presidente fue suspendido en funciones-, el titular del Senado, Renán Calheiros, pidió a los juristas del Congreso algunas sugerencias sobre la ley de juicio político.
En caso de ser suspendida por seis meses del cargo, Rousseff sufrirá el recorte del 50 por ciento de su sueldo y cobrará por ese período unos 4.280 dólares y tendrá acceso al Palacio de la Alvorada, en Brasilia.
No podrá ocupar el Palacio del Planalto, la casa de gobierno, que estará bajo el dominio del vicepresidente, Michel Temer, quien tiene además cuenta, por su cargo institucional, con el Palacio del Jaburú.
El Palacio de la Alvorada está ubicado a cuatro kilómetros del Planalto.
Hasta el momento, se desconoce si Rousseff podrá contar con helicópteros y aviones de la Fuerza Aérea Brasileña para trasladarse por el país y el exterior, debido a que estará suspendida en sus funciones hasta que sea condenada o absuelta, contó un portavoz del Senado.
Un detalle no menor del proceso es que si mañana es suspendida por mayoría simple de los 81 senadores, Rousseff sólo pordá ser condenada por las dos terceras partes del Congreso en el lapso de seis meses.
Si en 180 días el Congreso, que deberá hacer el juicio comandado por el presidente del Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, no resuelve la condena o absolución de Rousseff por crimen de responsabilidad en la ley presupuestaria de 2015, la mandataria podrá recuperar su cargo.
Es la primera vez que un juicio político enfrenta esta situación, ya que en 1992 el entonces presidente Fernando Collor de Mello renunció el 29 de diciembre de ese año antes de la votación en el Senado, ya sin respaldo político ni callejero.
En 1954, el entonces presidente Getulio Vargas sufrió un juicio político que fue rechazado al inicio, en la Cámara de Diputados, algo que no ocurrió con Rousseff, que recibió un contundente respaldo al proceso por parte de 371 legisladores de la cámara baja.
Todas las previsiones indican que la oposición tiene 50 votos, 9 más de los necesarios para abrir el juicio político en la sesión de mañana.
