Trascendió una millonaria demanda contra el Municipio de Paso de los Libres por viejas denuncias de trata de personas. El planteo ante la Justicia lo formuló una mujer víctima del delito de explotación sexual, porque los intendentes anteriores omitieron o no controlaron debidamente los locales clandestinos que operaban con el negocio sexual.
La demanda civil de la víctima demuestra que hasta 2016, cuando gobernó el radicalismo de ECO, la gestión municipal anterior no solo no contribuyó a la lucha contra los delitos de explotación sexual sino que, además, puso en riesgo la situación financiera de la Comuna.
En la comuna libreña esta demanda inicial por más de $8 millones de pesos podría llegar a los $12 millones con los intereses, que perjudicaría gravemente la estabilidad económica de esta administración.
Según la demanda judicial de la mujer víctima de trata, los prostíbulos en cuestión funcionaron en plena ciudad de Paso de los Libres entre 2013 y 2016 cuando el radicalismo gobernaba el Municipio con Eduardo Vischi (actual diputado provincial) y luego con Raúl Tarabini.
El Municipio de Paso de los Libres recibió una demanda de más de $8 millones de pesos porque las gestiones anteriores no controlaron la permanencia de prostíbulos hasta 2016. La Municipalidad tendrá que defenderse de la pesada herencia de una millonaria petición que planteó una mujer víctima del delito de trata -explotación sexual- porque intendentes anteriores omitieron o no controlaron debidamente los locales clandestinos que operaban con el negocio sexual hasta hace tres años en esta ciudad fronteriza.
Una mujer víctima de trata demandó en 2019 por $8.451.200 pesos a la Municipalidad de Libres por no haber clausurado o controlado debidamente el funcionamiento de locales comerciales que habrían operado como prostíbulos, entre 2013 y 2016, en manos de personas hoy procesadas por la Justicia federal por ejercer el delito de explotación sexual.
La preocupación crece ahora en la comuna libreña porque esa demanda inicial por más de $8 millones de pesos podría llegar a los $12 millones con los intereses, que perjudicaría gravemente la estabilidad económica de la administración que desde 2017 lleva adelante el intendente Martín Ascúa.
La causa por delito de trata en Libres, que desencadena en una demanda civil contra el Municipio, se inició en la justicia federal de esa ciudad en el marco de diferentes actuaciones judiciales realizadas desde 2011 en el combate contra la explotación sexual.
En ese periodo, que va de 2011 a 2016, Libres estuvo gobernada por intendentes y funcionarios de la UCR en la alianza ECO. En el resto del país, los locales comerciales que oficiaban como prostíbulos habían sido clausurados desde 2005, pero en Paso de los Libres continuaron hasta que, años después, la justicia fue confirmando cierres, secuestros, rescate de víctimas, detenciones y procesamiento de acusados.
Según la demanda judicial de la mujer víctima de trata, los prostíbulos en cuestión funcionaron en plena ciudad de Paso de los Libres entre 2013 y 2016 cuando el radicalismo todavía gobernaba el Municipio con Eduardo Vischi (actual diputado provincial) y luego con Raúl Tarabini. En esos años, la Justicia federal allanó al menos cuatro locales con actividades delictivas vinculadas al comercio sexual y encausó a sus respectivos operadores que hoy están en proceso judicial.
El 20 de diciembre de 2012 fue habilitado el local denominado “Puro Movimiento”, pese a que desde octubre de 2012 se encontraba vigente la ordenanza municipal 1.017/ 12 mediante la cual se prohibía el funcionamiento de este tipo de negocios. Se refleja una clara omisión o complicidad de los entonces funcionarios municipales. A pesar de todo, el local “Puro Movimiento” fue rehabilitado por la gestión radical de entonces con fecha 22 de junio de 2015.
“Estamos muy preocupados porque esta situación pone en situación de quiebre a la Municipalidad que viene ordenando sus cuentas desde que Ascúa asumió en diciembre de 2017”, explicó la concejal Sara Alegre.
“Esta demanda es, puntualmente, por una conducta activa u omisiva que se le atribuye al Municipio, lo cual revela la connivencia de los funcionarios municipales de anteriores gestiones quienes no realizaban los controles correspondientes y, pese a haber una prohibición legal, otorgaban los permisos y habilitaciones para su funcionamiento”, afirmó esta concejal desde Diario21.com.
