Pueblo chico, infierno grande. Sí, el título de una vieja película chilena que se instaló como frase popular sirve para describir los entretelones que transcurren en el Municipio de Paso de la Patria ante una versión instalada respecto a un "plan oficial" de despido masivo de empleados.
Una vez más, el intendente Guillermo Osnaghi quedó bajo la lupa de la comunidad en un alicaído andar de gestión que ya provocó varios capítulos polémicos, entre ellos, su suspensión y reasunción en el cargo (entre octubre y diciembre del año pasado).
La incertidumbre que por estos días viven decenas de empleados comunales fue revelada a este medio por la concejal de Proyecto Corrientes, Claudia Acosta. "Acá no se trata de oficialismo u oposición, sino de sentido común. Queremos saber qué ocurre y qué ocurrirá con las familias que podrían perder su fuente laboral", remarcó la Edil para desestimar cualquier interés político en esta coyuntura, puesto que en la última sesión del Deliberante paseño se definió la citación del mandatario comunal para hoy a las 9, oportunidad en la que deberá explicar los trascendidos y, en caso de confirmarlos, brindar detalles de a qué respondería semejante decisión.
Acosta remarcó con preocupación que desde el Ejecutivo tendrían planificado recortar el gasto presupuestario dejando cesantes a 100 trabajadores, entre otros ajustes. Por lo que ésta (el despido de 20 agentes) sería una primera etapa de la estrategia oficial.
De lo que trascendió (hasta el momento serían 17 los notificados) se supo que la mayoría pertenecería a dependencias del Departamento de Obras Públicas, aunque no descartan que la avanzada también involucre a otras áreas del Municipio.
"Los empleados en cuestión cobran entre 7 mil y 9 mil pesos", subrayó la Edil para enfatizar en que no representa una carga importante para el erario de la Comuna.
A la vez, señaló cierta ironía en esta tesitura oficial de achicar la plantilla para "ahorrar". Advirtió que desde que asumió la actual gestión, se alquilaron inmuebles por montos importantes. "Se llegó a pagar hasta 50 mil pesos. Se restauró a nuevo un lugar que luego se debió desocupar", cuestionó la legisladora municipal.
Es necesario mencionar que esta queja formó parte de los tres puntos que dieron origen al juicio político contra Osnaghi el 18 de septiembre pasado (sumado a la compra de una camioneta y la instalación de tanques de combustible en el playón municipal junto a una escuela).
Resulta oportuno mencionar que hubo un intento de acercamiento de los concejales con el Intendente, no bien comenzaron a circular las primeras versiones de cesantías. Sin embargo, el Jefe comunal habría hecho el paso "surú" para evitar adelantar explicaciones. "Nos acercamos a hablar y nos dijo que lo llamáramos en breve. Cuando lo hicimos, nos avisaron que había viajado a Riachuelo. Hoy (por ayer) siquiera apareció por la Municipalidad", lamentó Acosta.
Mutismo oficial
El Libertador intentó obtener declaraciones del Ejecutivo municipal. Sin embargo, funcionarios allegados al mandatario comunal reconocieron que Osnaghi decidió aguardar a la cita de hoy, a las 9. "Es preferible esperar. El Intendente lo va a explicar con claridad", manifestó la fuente consultada.
En una nebulosa
"Esperamos contar con un relato clarificador del Intendente, porque es mucha la incertidumbre de la gente en un momento del país donde quedar sin trabajo representa un golpe muy duro para la economía de un hogar", expresó Claudia Acosta para describir el escenario latente. Hizo hincapié que a estos rumores de las cesantías, que emanaron teniendo como foco una grilla de trabajadores de planta, se le sumó el temor de los contratados. "Muchos fueron advertidos por sus jefes que en las próximas horas se definirá su futuro", indicó la Concejal de Proyecto Corrientes. Es que los contratos vencen el domingo 30, tal como remarcó la Concejal, por lo que el próximo lunes se podría topar con un horizonte aún más complejo.
