El intendente de Santa Rosa, el radical Pedro Tito Maidana, y las autoridades del Concejo Deliberante quedaron envueltos en un escándalo judicial porque durante un año se negaron a pegarle el sueldo de concejal a una docente de una escuela especial para niños por el solo hecho de ser una opositora que advierte irregularidades municipales. Es otra batalla judicial que lleva adelante el abogado Juan Manuel Cubilla Podestá en defensa de la docente perjudicada.
Se trata de la triste historia que enfrenta Lourdes Pereyra, una docente especial para niños de Santa Rosa y trabajadora social de una escuela local que en diciembre de 2019 asumió como concejal de la alianza Iberá apoyada y votada por los vecinos.
La arbitrariedad por parte del intendente Maidana y de la presidenta del Concejo, María Alejandra Lator, constituye otro caso que lleva adelante el abogado Cubilla Podestá en la Justicia de Corrientes.
La Justicia intimó este lunes a la presidenta del Concejo de Santa Rosa a que le remita en forma urgente los recibos de sueldo de la concejal Pereyra, opositora que denuncia irregularidades en la gestión del radical Maidana. Como los recibos no existen, la Justicia comprobará luego que el salario no fue pagado durante un año.
“Esta retención del sueldo surge como discriminación política y como represalia porque la concejal Pereyra viene advirtiendo sospechas de corrupción por falta de rendición de cuentas por parte de la gestión municipal de Maidana”, afirmó Cubilla Podestá luego de confirmar la decisión judicial.
El abogado advirtió que “estamos ante otra grave ilegalidad en la que está involucrado el intendente Maidana”, de la alianza ECO: “Se evidencia la intromisión grave del jefe comunal en el Concejo Deliberante pagando los sueldos de los concejales sin permitir que el cuerpo sea autónomo en el ejercicio de sus atribuciones y presupuesto”. Explicó que “a Lourdes Pereyra no le pagaron el sueldo que le corresponde como concejal desde que asumió en diciembre de 2019, hace un año, lo que constituye una grave ilegalidad”.
Cubilla, que obtuvo la decisión judicial a favor de Pereyra, detalló que “quedó involucrada en la causa la presidenta del Concejo, María Alejandra Lator, que de forma negligente no lleva adelante la administración de los fondos del Concejo y ha convalidado la violencia institucional hacia una de sus colegas”.
La jueza en lo Contencioso Administrativo Nº 2 de Corrientes, María Belén Güemes, declaró formalmente admisible la acción de amparo e intimó a Lator a que en un plazo de cinco días remita los recibos de sueldo bajo apercibimiento de ordenar el pago judicial del salario. El propio Cubilla Podestá se presentó este lunes en Santa Rosa para notificar ese oficio judicial ante el Concejo.
“Es otra decisión judicial que era previsible porque en las escuelas especiales los trabajadores sociales son reconocidos como docentes de acuerdo al Estatuto del sector. Es por ello que iniciamos la acción de amparo para lograr hacer entender a todos que debe abonarse el salario puesto que en las escuelas especiales los Asistentes Sociales llevan adelante tareas docentes”, sostuvo Cubilla Podestá.
