La Casa de los Murciélagos fue utilizada para torturar alumnos y docentes durante la dictadura militar. Denuncian que un club usurpó el terreno público y demolió el ex centro clandestino de detención. Le apuntan cierta “desidia” a la administración comunal del radical Ignacio Osella.
En 2014 las organizaciones de Derechos Humanos y el Municipio habían declarado al lugar como espacio protegido.
Un club privado que se apropió de un espacio público del Estado, demolió un edificio que estaba protegido por la Ley Nacional N°26.691 que declara Sitios de Memoria “a los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención, tortura y exterminio o donde sucedieron hechos emblemáticos del accionar de la represión ilegal desarrollada durante el terrorismo de Estado ejercido en el país hasta el 10 de diciembre de 1983”.
El lugar, emplazado a unas treinta cuadras del microcentro de la ciudad de Goya fue demolida por el Club Unión que se apropió de una amplia franja territorial del terreno frente al Riacho Goya, con aval del municipio.
La denuncia la realizaron las entidades de Derechos Humanos de esa ciudad tras la destrucción del inmueble señalado como lugar histórico en 2014.
El lugar fue protegido por la Ley Nacional por las gestiones de la Red Federal de Sitios de Memoria y la organización MEDEHS (Memoria, Derechos Humanos y Solidaridad).
Luego de esto señalizaron el ex centro clandestino de detención conocido como La Casa de los Murciélagos, ubicado camino al puerto boca en instalaciones que fueran de la Policía de la Provincia de Corrientes.
La Casa de los Murciélagos funcionó como una comisaría de la Policía de Corrientes, donde los grupos de tareas de las fuerzas conjuntas destinaron detenidos de la dictadura y constituye el segundo sitio de la memoria señalizado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en la localidad ubicada a 220 kilómetros de la capital correntina.
"En ese centro clandestino solamente en el año 1976 se secuestró a una veintena de personas, en su mayoría profesoras, alumnas y alumnos y sacerdotes del Instituto de Formación Docente José Manuel Estrada, que dependía del obispado", relató Alicia Cassabone, víctima de la dictadura militar y ex funcionaria municipal, quien destacó que por entonces "la diócesis estaba a cargo del obispo tercermundista Alberto Devoto".
Pero ese sitio donde fueron detenidos los alumnos y docentes fue tomado por un club privado que extendió sus dominios y, en los últimos días, dispuso la demolición del sitio, con el amparo de las autoridades locales.
