Esta vez la cuestión es puramente informática. La acción de un ataque desconocido puso en duda el funcionamiento del Poder Judicial en la provincia del Chaco. No es el único organismo oficial que ha sufrido. Después de lo que ocurrió en nuestra provincia el Senado de la Nación informó que tuvo un episodio similar.
Los medios de comunicación informaron que en el caso del Senado de la Nación “toda la información sustraída es pública y se encuentra al alcance de todos y todas dentro de nuestro sitio de transparencia".
No es el caso del Poder Judicial de la provincia del Chaco. El episodio del que se habla poco es gravísimo y podría poner en riesgo la seguridad jurídica de los justiciables. Hay poca información oficial en la materia, y no se conoce que las autoridades judiciales hayan mantenido contacto con organismos representantes de profesionales del derecho, Colegios o Consejo de Abogados.
Ese canal de comunicación es vital, los archivos de los abogados parecen ser los que podrían representar el apoyo para restablecer el sistema. Si los servidores del Poder Judicial chaqueño están tan afectados como parece, habrá que reconstruir expedientes. Y hay dos fueros completos que no parecen estar en condiciones de hacerlo desde adentro. El primero es el Penal que vienen desde hace tiempo trabajando casi exclusivamente trabajando de manera digital. El segundo, es el Civil que, desde hace menos tiempo, pero ya hace bastante inició un derrotero parecido.
Paralelamente a fines del año pasado, se había anunciado con bombos y platillos que los fueros de Familia y Laboral comenzarían a digitalizarse a partir de que se reanuden las actividades después de la feria.
Precisamente en la cuestión de Familia, era una de las respuestas que institucionalmente brindó el Superior Tribunal de Justicia a los colegios profesionales que salieron a remarcar la veracidad del fondo del reclamo de particulares que se encadenaron y escracharon a la Justicia con manifestaciones frente al edificio de los Juzgados de calle French.
Los representantes de los abogados disintieron y repudiaron la forma, pero confirmaron el fondo. Una de las salidas ensayadas por la cabeza del Poder Judicial al atraso registrado en los Juzgados de primera instancia del fuero de familia fue precisamente la digitalización y la entrada en vigencia del denominado sistema IURE, que ya estaban en marcha en materia Civil y Comercial.
Pero la falta de implementación en la Justicia de Familia y en materia Laboral permiten que en ambos fueros subsistan aún los expedientes de papel. Es decir, si toda la información contenida en los servidores del Poder Judicial se hubiera perdido, que es algo sobre lo que no hay confirmación oficial, los expedientes de papel y las documentales están.
Claro este no es el caso en la parte penal y civil y la reconstrucción de los expedientes encuentra ahora varios dilemas que la fragilidad del sistema hace que todavía sea un verdadero enigma.
Miles de expedientes, y muchos otros miles más de providencias dispuestas por los Juzgados desaparecerían si no se recupera la información que sufrió el ataque de los piratas informáticos. Aunque sea aportada por los abogados, las decisiones judiciales podrían ser eje de disputas. Funcionarios juridiciales tendrán que dar fe de ellas (sin contar el engorroso trámite de tener que volver a cargarlas a los sistemas y servidores que habilite nuevamente el Poder Judicial).
Pero en cada acto hay cuestiones que están en litigio. Hay enormes flancos que quedarán expuestos a que sectores que estén en desventaja en la marcha del juicio tengan a mano la posibilidad de patear el tablero y literalmente poner todo en condiciones de volver a fojas 0.
Y si efectivamente fuera necesario volver a comenzar todo, no son pocos los sectores que analizan que hay plazos prescriptos para el inicio de la demanda. Como mínimo, es necesario que el Superior Tribunal de Justicia comience a clarificar el panorama. Faltan dos semanas para que se reanude la actividad judicial y con ello, los plazos procesales.
Otra de las debilidades del sistema, si los sistemas no pueden recuperarse, es que las constancias de presentaciones efectuadas por las partes en cada juicio, que los abogados puedan tener en su poder, no permiten identificar cuál fue el escrito presentado. Esa es una diferencia del viejo método que permitía presentar escritos de papel en formato tradicional al que se le aplicaba un sello dejando constancia de su presentación, en el mismo escrito presentado por el profesional.
En los sistemas informáticos que ahora fueron atacados, la constancia permite saber que tal o cual abogado hizo una presentación, pero no permite obtener fe de qué se ha presentado. Si las partes no pueden evitar discrepancias sobre esas presentaciones, en conocimiento del rumbo que lleva el litigio hasta el momento, podría ser necesario empezar todo nuevamente.
Y si bien es una especulación, cabe preguntar ¿quién será responsable de esos mayores costos? ¿Deberán asumirlo las partes?
Una primera fecha que el Superior Tribunal de la provincia había estimado para reactivar el funcionamiento de los sistemas fue precisamente el 16 de enero. Ese plazo fue prorrogado, y por la falta de funcionamiento de los sistemas, es entendible. Hasta la fecha las páginas del Poder Judicial en internet siguen sin funcionar. En el caso del Senado de la Nación al menos hay un cartel que dice “sitio en mantenimiento”, en el del Poder Judicial del Chaco, no se dice nada de nada.
Las dudas persisten. El tiempo se acaba.
