Una poderosa yerbatera correntina demandó judicial al Gobierno de Misiones
Las Marías llevó su reclamo contra la Agencia Tributaria de Misiones (ATM) hasta la Corte Suprema. Denuncia perjuicios millonarios por el sistema de retenciones a cuenta del impuesto sobre los Ingresos Brutos.
La empresa Las Marías, una de las principales yerbateras del país, inició una demanda contra la Agencia Tributaria de Misiones (ATM) por lo que considera una práctica abusiva en la aplicación del régimen de retenciones y pagos a cuenta del impuesto sobre los Ingresos Brutos.
Según la firma correntina, cuando no cuenta con certificados de exclusión —que denuncia son difíciles de obtener—, el Estado misionero le retiene hasta 600 millones de pesos por mes, a cuenta de un impuesto anual que apenas ascendería a 22 millones. Esto, asegura, representa un adelanto de más de 30.000% sobre su obligación real, el equivalente a “307 años de impuestos anticipados”.
La disputa, que tuvo un fallo inicial favorable para Las Marías en la Justicia Federal de Paso de los Libres, fue apelada por la ATM y trasladada al Superior Tribunal de Justicia de Misiones, que suspendió la cautelar. Ahora, el caso está en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que deberá pronunciarse sobre la constitucionalidad del régimen tributario misionero.
En el centro del conflicto está el sistema de recaudación de Ingresos Brutos de Misiones, que se basa en múltiples percepciones y retenciones: por parte de bancos, clientes, proveedores y los conocidos puestos de control fiscal en rutas de acceso a la provincia, conocidos como parte de la denominada “Aduana Paralela”.
Si bien otras provincias aplican mecanismos similares, expertos coinciden en que Misiones es la más agresiva en el cobro de anticipos, al punto de acumular —según estimaciones privadas— un saldo a favor equivalente a 14 meses de recaudación que no es devuelto a las empresas.
Desde el sector empresarial aseguran que solicitar un certificado de exclusión —para que no se practiquen retenciones— es “una carrera de obstáculos burocráticos” y que, cuando se otorgan, tienen una validez muy limitada.
El caso de Las Marías no es el único, pero sí el más resonante. La firma, con sede en Gobernador Virasoro (Corrientes), tiene operaciones productivas y secaderos en Misiones y ha mantenido históricamente una relación ambivalente con los gobiernos provinciales.
En su demanda, Las Marías argumenta que el régimen viola principios constitucionales, normas de defensa de la competencia, de entidades financieras y leyes nacionales, lo que configuraría una “apropiación indebida de fondos”, según declaraciones de voceros de la firma.
Mientras tanto, la ATM ha comenzado a mostrar algunos gestos de flexibilidad, como la eliminación del certificado 349 para quienes facturan al Estado. Sin embargo, desde el sector productivo consideran que estas medidas son insuficientes frente al peso del régimen de anticipos que, según sostienen, afecta la competitividad de muchas empresas que operan en Misiones.
