Por Demián Pertile
La influencia en redes sociales y la proliferación de falsedades digitales reavivan el debate sobre la responsabilidad de quienes tienen poder de viralización. El reciente caso sobre el padre de Messi es un ejemplo contundente.
La difusión de fake news con motivo del supuesto fallecimiento del padre de Lionel Messi vuelve a poner en tapete la discusión acerca del necesario chequeo de información.
En la era de la inmediatez digital, la comunicación se caracteriza por una dinámica tan fluida como masiva. Vivimos inmersos en una constante sobrecarga informativa que a menudo genera la falsa ilusión de estar correctamente informados.
Sin embargo, este escenario de sobreinformación, carente de procesos rigurosos de verificación de fuentes, propicia la propagación sistemática de noticias falsas que impactan de manera directa en la reputación y los derechos de terceros. En este ecosistema, la figura del influencer emerge como un actor central, con capacidad para alterar los flujos de opinión pública.
El núcleo de la problemática actual no radica únicamente en la creación de una noticia falsa, sino en el acto de replicar o compartir contenidos ya generados por otros. La replicación multiplica y legitima mensajes difamatorios de manera exponencial.
Ante esta realidad, surge un interrogante jurídico indispensable: ¿De qué manera se enmarca la responsabilidad civil en Argentina de los influencers por replicar o compartir fake news en sus redes sociales, viralizando mensajes difamatorios?
La hipótesis que guía este análisis sostiene que estos actores poseen un deber de diligencia y una responsabilidad mayor que la de cualquier usuario común, debido al enorme poder de amplificación y masificación que ejercen.
La transformación del paradigma comunicacional
Para comprender el impacto actual de las redes sociales, resulta indispensable contrastar su funcionamiento con el de los medios tradicionales.
Históricamente, la noticia se definía como el relato de un suceso que ya había acontecido. Hoy la noticia es lo que está sucediendo en tiempo real. Mientras que los diarios tradicionales carecen de actualización inmediata a pesar de profundizar en los temas, la radio aporta inmediata compañía y la televisión destaca por su masividad e impacto visual y queda siempre limitada por las pautas temporales de la grilla de programación.
La llegada de internet y de las redes sociales revolucionó de forma absoluta este esquema: democratiza la emisión de mensajes pero elimina el filtro profesional exclusivo del periodismo.
Los datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones confirman que más del 67% de la población mundial se encuentra conectada, lo que demuestra la transversalidad de la red global. En paralelo, estudios globales del Instituto Reuters evidencian un declive sostenido en el consumo de noticias tradicionales y un aumento en los niveles de desconfianza social hacia la información circulante.
Al perder el periodismo la exclusividad del relato fáctico, los usuarios de redes sociales asumen el rol de difusores masivos y convierten el entorno digital en un terreno fértil para la desinformación.
Anatomía de la desinformación e infoxicación digital
El concepto de noticia falsa abarca múltiples aristas, que van desde el error involuntario por falta de chequeo hasta la creación intencionada de falsedades con el objetivo político o comercial de operar la opinión pública.
El flujo informativo actual permite identificar diferentes perfiles conductuales, en los que coexisten quienes producen el error por negligencia con quienes dañan de forma deliberada.
Asimismo, se encuentran los usuarios que replican de buena fe confiando en el emisor, frente a quienes comparten la información a sabiendas de su probable falsedad.
La desinformación suele presentarse bajo una apariencia sumamente creíble, mediante relatos falsos sobre la base de datos reales sesgados.
En la literatura clásica sobre comunicación, se describen tres mutaciones patológicas de la información que conviven en el entorno digital.
Cuando los datos son escasos y recortados, se produce la subinformación; cuando las noticias son falsas o inducen deliberadamente al engaño, se asiste a un proceso de desinformación; por último, la acumulación desmedida de mensajes irrelevantes genera la sobreinformación o infoxicación digital.
En este contexto de ruido permanente, las audiencias tienden a consumir noticias bajo una lógica pasiva y ficcional. Evalúan la credibilidad del mensaje no por su rigor lógico o argumental, sino por la simpatía, la ideología o los preconceptos culturales que se tienen hacia el emisor que lo comparte.
El impacto de la inteligencia artificial generativa
La problemática de la infoxicación se ha complejizado radicalmente con la irrupción de la inteligencia artificial generativa. Esta tecnología permite la construcción de audios, videos e imágenes hiperrealistas que borran la frontera entre lo real y lo simulado.
Si bien ofrece aplicaciones positivas en sectores educativos y culturales, su utilización maliciosa facilita la manipulación de percepciones, la destrucción de reputaciones corporativas y la comisión de delitos graves, como la creación de material visual disvalioso o criminal.
El mundo de las percepciones digitales se asemeja cada vez más a la realidad, lo que atenta contra la integridad y la imagen de los individuos.
Frente a esta vulnerabilidad, organismos internacionales como la Unesco han establecido directrices éticas claras que promueven la prevención del daño y la protección de la dignidad humana en el ciclo de vida de los sistemas tecnológicos.
En el ordenamiento jurídico argentino, el concepto de daño ha evolucionado de manera sustancial. El Código Civil y Comercial de la Nación, en su artículo 1.737, define formalmente el daño como la lesión a un derecho o interés no reprobado por el ordenamiento, que tenga por objeto la persona, el patrimonio o un derecho de incidencia colectiva.
El derecho civil actual no se limita a la función reparadora clásica, sino que consagra funciones preventivas y punitivas, y exige la adopción de medidas eficaces para impedir que el perjuicio se materialice o continúe expandiéndose.
Definición, caracterización y clasificación del "influencer"
Para deslindar las responsabilidades legales correspondientes, resulta imperioso diferenciar conceptualmente a un usuario común de un influencer.
La verdadera distinción de un influencer no radica exclusivamente en el número cuantitativo de sus seguidores, sino en el nivel de compromiso y reciprocidad que genera con su audiencia, fenómeno técnicamente denominado "engagement".
Para consolidar dicho estatus, un influencer debe reunir aptitudes específicas, como la competencia comunicacional, la consistencia discursiva, el conocimiento técnico de su materia, la empatía para generar confianza y la habilidad para establecer tendencias estéticas o de consumo.
A nivel corporativo, agrupaciones como la Cámara Argentina de Anunciantes clasifican a estos actores en diversas categorías de escala.
En el ámbito parlamentario argentino, existieron iniciativas como un proyecto de ley de 2020, orientadas a regular esta actividad en el marco de los derechos del consumidor y la publicidad digital.
Aunque dicho proyecto contemplaba principios esenciales como el respeto a la dignidad personal y la protección de la infancia, la iniciativa legislativa fue finalmente enviada al archivo en julio de 2024, con lo cual se dejó la resolución de estos conflictos en manos de la interpretación judicial de las normas civiles generales.
En definitiva, la libertad de expresión no se cercena al exigir responsabilidad; por el contrario, se robustece al otorgar entidad legal a las consecuencias del discurso público en plataformas masivas.
El análisis integral de la dinámica digital demuestra que el influencer no comparte la misma naturaleza jurídica ni fáctica que un usuario común de redes sociales, ya que sus publicaciones responden a una planificación estratégica y están dotadas de un potencial de viralización masiva intrínseco a su rol.
Cuando un perfil de alta visibilidad replica una noticia falsa de un tercero, no actúa como un espectador pasivo; su acción legitima, potencia y dota de verosimilitud a un mensaje que puede ser profundamente injuriante y causar así un perjuicio inmediato a la organización o a la persona damnificadas.
