Buenos Aires, 3 Junio (NA) -- Instituto tomó una decisión fuerte y con impacto hacia adentro de su propia comunidad: expulsó como socio a Claudio Gabriel Barrelier, único detenido e imputado por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba.
La medida fue comunicada por la Comisión Directiva, que elevó los antecedentes del caso al Tribunal de Convivencia de la institución. Ese órgano resolvió quitarlo de los registros sociales del club, sin perjuicio de lo que determine la Justicia en el proceso penal.
No es un dato menor. Instituto no esperó una condena para marcar un límite institucional. Actuó en el plano que le corresponde: el de la convivencia interna, los valores asociativos y la pertenencia a una comunidad deportiva que no puede quedar reducida a pagar una cuota o entrar a una tribuna.
En el comunicado, el club fundamentó la sanción en “la extrema gravedad de los hechos investigados”, el estado de la causa, la conmoción social generada y la incompatibilidad de esa situación con los principios del estatuto y del Protocolo contra la Violencia de Género.
También hizo una aclaración política hacia adentro y hacia afuera: Barrelier no desempeñaba funciones institucionales, deportivas ni representativas en Instituto. La frase busca despegar al club de cualquier rol formal del acusado, pero no alcanza por sí sola para cerrar la discusión.
Porque el caso también obligó a mirar un costado que el fútbol muchas veces prefiere esquivar: el peso de ciertos vínculos informales, la vida de tribuna, las barras, los espacios de pertenencia y la naturalización de personajes que circulan durante años alrededor de los clubes sin que nadie pregunte demasiado.
Antes de la decisión formal de Instituto, una facción de la barra ya había intentado despegarse públicamente de Barrelier. Lo hizo a través de un comunicado en redes, en el que repudió lo ocurrido y negó vínculos orgánicos con el acusado, aunque distintos medios cordobeses señalaron que frecuentaba ese sector de la popular.
La reacción social fue mayoritariamente de respaldo a la expulsión, pero también con una exigencia de fondo: que este tipo de medidas no queden solo en el gesto posterior al horror.
En redes, buena parte de los comentarios apuntaron a la necesidad de revisar cómo los clubes aplican sus protocolos, qué controles existen sobre quienes integran la vida social de las instituciones y qué rol cumplen las áreas de género.
En ese marco, agrupaciones vinculadas al deporte cordobés y al feminismo convocaron a la marcha de Ni Una Menos con un mensaje directo a los clubes: aplicación real de la Ley Micaela, áreas de género efectivas, protocolos contra las violencias y formación de masculinidades alejadas de la violencia. Entre las adhesiones apareció la Organización Área de Géneros La Gloria, ligada al universo de Instituto.
Hasta el momento, no surgieron pronunciamientos públicos comprobables de jugadores del plantel profesional ni de dirigentes individuales por fuera del comunicado oficial de la Comisión Directiva.
En definitiva, la decisión de Instituto tiene valor. Pero también deja una pregunta abierta para todo el fútbol argentino: ¿alcanza con expulsar a alguien después de un femicidio, o los clubes tienen que animarse a intervenir mucho antes, cuando las señales de violencia ya están a la vista?
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