La Cámara Contenciosa Administrativa resolvió hacer lugar al mandamiento de ejecución que solicitó la Defensoría del Pueblo y ordenó al intendente del municipio de Resistencia, que cumpla con la eliminación de las barreras de accesibilidad en el transporte disponiendo las medidas administrativas necesarias para cumplir con la legislación vigente.
La Sala Segunda a cargo de los magistrados Gloria Cristina Silva y Antonio Luis Martínez entendió que corresponde cumplir con el pedido del defensor del Pueblo, Gustavo Corregido, y exigir al jefe comunal actual, Jorge Capitanich, que dicte la reglamentación pertinente, disponiendo la incorporación gradual y proporcional de unidades con adaptación especial para personas con discapacidad y movilidad reducida.
El mandamiento de ejecución fue presentado durante la gestión de Aída Ayala, pero había sido apelado por la exintendente capitalina y siguió su curso judicial hasta la sentencia de esta semana donde el Tribunal además dispuso que el municipio ponga en conocimiento de la Justicia el plan de adaptación de los colectivos.
En el expediente, Corregido basó su argumentación en la ley nacional 22.431 que modificaba a la ley 24.314 y también en la ley provincial 794 y 4015, que adhieren a las normas nacionales mencionadas, lo que significa que actualmente la obligación de incorporar unidades adaptadas se encuentra plenamente vigente. Además, apuntó al artículo 47 de la Carta Orgánica de la Municipalidad de Resistencia, donde se afirma que el municipio capitalino es quien detenta el poder de policía sobre la prestación del servicio público de transporte para ejecutar lo que manda la normativa nacional en cuanto a la eliminación de barreras en el transporte para personas con movilidad reducida, consistente en la incorporación de unidades de transporte accesible.
"En las condiciones que describimos en el expediente, no caben dudas que en los últimos 10 años o más, las autoridades municipales no han ejecutado su deber en relación a las personas con discapacidad”, resaltó el defensor.
A esto agregó: “Que las empresas no incorporen unidades adaptadas al servicio público de transporte no es solo violatorio de los derechos de las personas con discapacidad, sino que generan claramente un perjuicio de índole moral y psicológica que impide a los ciudadanos la posibilidad de poder gozar de las adecuadas condiciones de seguridad y autonomía como elemento primordial para el desarrollo de las actividades de la vida diaria, es decir, la posibilidad de desarrollar sus actividades de manera independiente. Es urgente modificar y aplicar políticas integradoras para todos los chaqueños”, concluyó Corregido.
