El gobernador formoseño se formó como veterinario. En su juventud militó en el maoísmo, pero se volvió peronista. Gobernó con todo tipo de medidas autoritarias con el aval del omnipresente "gildismo".
El gobernador peronista de Formosa, Gildo Insfrán, consiguió la reelección en los comicios de este 25 de junio. De esta forma, el "caudillo" formoseño conquistó su octavo mandato consecutivo desde que asumió por primera vez en diciembre de 1995 y, para cuando termine su próximo gobierno, habrá pasado 32 años en el poder.
Ante los cuestionamientos sobre su permanencia en el poder, Gildo Insfrán, que a sus 72 años pasó un tercio de su vida en el sillón de gobernador, se defendió: "La alternancia la decide el pueblo en elecciones".
Sin embargo, el formoseño Luis Naidenoff denunció que Insfrán logró "consolidar un liderazgo autoritario afectivo y un nivel de sometimiento y dependencia del Estado" y los principales opositores en la provincia lo acusan de autócrata.
El autoritarismo del gobernador formoseño quedó patente durante la primera etapa de la pandemia, cuando surgieron denuncias de violencia institucional contra quienes de alguna forma intentaran romper la obligatoriedad del aislamiento decretado a nivel nacional.
Según el informe "Formosa adopta medidas abusivas en su respuesta al covid-19", de Human Rights Watch, la policía realizaba búsquedas activas en barrios donde vivían personas que dieron positivo y se llevaban a la fuerza a los sospechosos de contagio, algunas veces sin que pudieran empacar ropa o artículos de higiene personal.
Desde marzo de 2020 hasta abril de 2021, 24 mil personas fueron "obligadas" a permanecer confinadas bajo "condiciones insalubres" en centros de aislamiento y cuarentena en Formosa, algunas por períodos mayores a los 14 días que recomienda la Organización Mundial de la Salud, dijo HRW.
Las autoridades también mezclaban en las mismas habitaciones a personas que llegaron en distintas fechas y no tomaban en cuenta su edad, género, estado de salud y otros factores de riesgo, decía el informe.
Otras organizaciones internacionales, como la Universidad Johns Hopkins, Amnistía Internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Suprema de Justicia dijeron que el gobierno de Insfrán cometió violaciones contra los derechos humanos durante el aislamiento.
Uno de los casos más resonantes fue el de Zunilda Gómez, una joven embarazada de 33 años que fue sacada por la policía de su vivienda de Clorinda y encerrada con sus tres hijos en una habitación de hotel.
El 5 de enero, Gómez empezó a tener un sangrado y en su desesperación pidió a su hija que saliera trepándose por la ventana para pedir ayuda. Gómez sufrió un aborto espontáneo. Su esposo, que fue trasladado a un centro de aislamiento a 120 kilómetros de distancia tras resultar positivo, se enteró de la pérdida del embarazo cuando lo llamó un familiar, informó HRW.
El enviado del presidente Alberto Fernández, secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla Corti aseguró que más allá de problemas puntuales no había violaciones sistemáticas de derechos humanos en Formosa en el marco de las acciones de Insfrán para contener los contagios.
Un informe de Amnistía Internacional denunció posibles violaciones a los derechos humanos ante casos de personas afectadas por restricciones al acceso a la Provincia de Formosa, detenciones compulsivas en centros de aislamiento, uso abusivo de la fuerza por parte de agentes de seguridad y represión contra manifestantes.
Un informe publicado en PERFIL en 2021 recuerda que el gobernador prohibió el ingreso a miles de formoseños que estaban fuera de la provincia, con lo cual más de 7.500 quedaron varados en las fronteras, algunas por más de siete meses, sin que las autoridades formoseñas les permitieran volver a sus hogares.
El enviado del presidente Alberto Fernández, secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla Corti aseguró que más allá de problemas puntuales no había violaciones sistemáticas de derechos humanos en Formosa en el marco de las acciones de Insfrán para contener los contagios.
Un informe de Amnistía Internacional denunció posibles violaciones a los derechos humanos ante casos de personas afectadas por restricciones al acceso a la Provincia de Formosa, detenciones compulsivas en centros de aislamiento, uso abusivo de la fuerza por parte de agentes de seguridad y represión contra manifestantes.
Un informe publicado en PERFIL en 2021 recuerda que el gobernador prohibió el ingreso a miles de formoseños que estaban fuera de la provincia, con lo cual más de 7.500 quedaron varados en las fronteras, algunas por más de siete meses, sin que las autoridades formoseñas les permitieran volver a sus hogares.
Él se autodenomina el "primer capitán" pero sus logros como gobernante son por demás cuestionables. Según el INDEC, Formosa es una de las provincias más pobres (alcanza al 42,2%) y con mayor analfabetismo del país, con un porcentaje que llegaba al 4,1 por ciento, y con departamentos que tenían picos de 13,5 puntos porcentuales.
Los informes señalan que el 41,1% de la población de Formosa no tiene agua potable en sus viviendas y, según el Ministerio de Salud de la nación, la tasa de mortalidad infantil en la provincia se ubica en 12,6%, sólo por debajo de las de Corrientes, que llegaban al 14,5 por ciento.
Durante su último mandato también recrudeció su retórica contra los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, a quienes en una ocasión tildó de "zánganos".
"Los porteños, que no saben lo que es plantar una lechuga, quieren venir a indicarnos lo que tenemos que hacer. Zánganos que viven del esfuerzo y del trabajo de todo el pueblo argentino", dijo. Más recientemente, dijo simplemente que "los porteños son unos reverendos hijos de su madre".
