La información requiere cierto nivel de cuidado ya que no se pueden dar a conocer direcciones, sean oficinas o casas para cuidar a los testigos protegidos.
El gobierno de Mauricio Macri publicó una dirección destinada al Programa de Testigos Protegidos e Imputados, información que requiere cierto nivel de cuidado al tratarse de un área sensible del Ministerio de Justicia, de Germán Garavano.
Con fecha del 29 de noviembre, la Agencia de Administración de Bienes del Estado informó sobre la tramitación de un expediente iniciado por la Dirección del Programa en cuestión para solicitar la asignación de unos bienes inmuebles.
Lo llamativo es que el Gobierno hizo públicas sus direcciones en el Boletín Oficial de hoy. Las mismas corresponden a la provincia de Entre Ríos, en la localidad de Concordia, inmuebles que "se destinarán al Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados", creado por ley y que el macrismo modificó en sus últimos días en el poder.
El Programa de Protegidos cuenta con "casas seguras" destinadas a albergar a los testigos en absoluto anonimato para garantizar su seguridad. Si estas "casas seguras" se hacen públicas o se evidencia que allí se "esconde" alguien importante - por el movimiento de la custodia -, el domicilio se abandona y se ordena una relocalización.
Si bien es de estimar que la dirección publicada no pertenezca a una "casa segura" sino a oficinas, las fuentes aseguraron que incluso los trabajadores deben tener reuniones por fuera de los despachos del Programa para no comprometer la ubicación.
La publicación de esas direcciones no sólo puede poner en riesgo a un testigo - en caso de utilizar el espacio como "casa segura" - sino también a los agentes, operadores y funcionarios del área que también se manejan bajo confidencialidad.
Para evitar la exposición, una forma de hacer el traspaso de tierras, explicaron, es mediante un pedido directo del Ministerio de Justicia a la Agencia de Administración de Bienes del Estado, sin necesidad de dar precisiones sobre una locación.
También resultó llamativo que se refirieran al organismo como "Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos", ya que este mismo Gobierno lo modificó y cambió por la "Agencia Nacional de Protección a Testigos e Imputados" el mismo 29 de noviembre citado inicialmente.
