La medida del COFEMA refiere al Decreto Nacional Nº 591/19 del 26 de agosto, que entre otras modificaciones se eliminó el requerimiento del Certificado de inocuidad sanitaria y/o ambiental expedido previo al embarque por la autoridad competente del país de origen y ratificado por la autoridad de aplicación, para el ingreso de los materiales valorizados provenientes de otros países, requisito anteriormente establecido en el art. 3 del Decreto 183/93.
El fundamento de dicha eliminación, de acuerdo al Decreto 591/19, es que en la práctica resulta de imposible cumplimiento por cuanto los países exportadores únicamente emiten constancias indicando que en el marco regulatorio local, la corriente residual no es considerada un residuo peligroso.
Pero según un documento emitido durante la última reunión del COFEMA en la ciudad de Buenos Aires, la medida no fue tomada de manera consulta con órganos competentes.
Se agrega que, si bien, como afirma el texto legal sub examine, a nivel mundial se ha avanzado hacia el concepto de la valorización de los residuos y resulta necesario regular el ingreso al país de esas sustancias u objetos, dicha regulación requiere un proceso de previo análisis y estudio de la situación general de la valorización de residuos a nivel nacional, en el contexto integral de la gestión integral, atendiendo, no sólo a la evaluación de riesgos sanitarios y/o ambientales de cada tipo de sustancia, sino también a las características, necesidades socioambientales y efectiva capacidad de control de jurisdicciones locales, a cuyos territorios serían destinados.
Las provincias firmantes coinciden en que el Ejecutivo no puede dictar medidas "que reduzcan el nivel de protección del ambiente alcanzado".
El documento fue firmado por secretarios y representantes de todas las provincias en relación al polémico decreto salvo las provincias de Corrientes, Buenos Aires, Mendoza y Jujuy que firmaron en disconformidad.
