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Política

Aborto legal: acuerdan un cambio y podría garantizar los votos a favor de la aprobación

Lo anunció la miembro informante por el dictamen a favor de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, Norma Durango. Se trata de una de las modificaciones pedidas por el rionegrino Alberto Weretilneck.

El proyecto de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) tendrá este martes su debate final en el Senado, en una sesión que al parecer se extenderá hasta el miércoles y cuyo desenlace todavía es incierto debido a la paridad que existe entre los legisladores que apoyan la iniciativa y los que la rechazan.

La iniciativa, que legaliza el aborto hasta la semana 14 inclusive, fue enviada por el Gobierno al Congreso junto a otra conocida como el Plan de los 1000 días, para la protección de las mujeres embarazadas y los primeros años de la infancia, que será debatida y votada en la misma sesión.

El proyecto del IVE será puesto a consideración en una sesión especial que se inició pasadas las 16 y de la cual la mayoría de los legisladores participará de manera remota, como ocurrió desde que se declaró la pandemia de coronavirus. Sólo se permitirá la presencialidad a poco más de una docena de senadores en el recinto. El resto de los legisladores deberá pronunciar sus discursos a través de la plataforma Webex que viene utilizándose desde mayo y que funcionó sin mayores inconvenientes durante los meses de pandemia.

La lista de oradores para la sesión tiene 59 legisladores anotados, por lo que la votación se estima que se producirá alrededor de las 5 de la mañana.

El proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo y aprobado por la Cámara de Diputados, el 11 de diciembre último y con 131 votos a favor, cuenta con apoyos y rechazos en el Senado, por lo que la definición se conocerá con el transcurrir de la sesión o, tal vez, en el mismo momento de la votación. Por ahora, los números están muy parejos, con una leve ventaja a favor de la aprobación del proyecto.

La situación parece favorable a los "verdes", gracias a que dos de los senadores que están en contra de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, los peronistas Carlos Menem y José Alperovich, no asistirán a la sesión, el primero por estar internado y el segundo de licencia, tras una denuncia por presunto abusos sexual. Previo al debate, los senadores votaron una extensión de la licencia del tucumano que se vencía el próximo 31 de diciembre.

Al abrir el debate como miembro informante del dictamen de la mayoría, la senadora del Frente de Todos y titular de la Banca de la Mujer, Norma Durango, con anteojos verdes y el pañuelo de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en la muñeca, indicó: "Asistimos hoy nuevamente a un debate histórico. Una vez más tenemos la posibilidad de legislar por y para las mujeres y las personas con capacidad de gestar".

"Vengo a ocupar esta banca en nombre de las mujeres muertas por abortos clandestinos. El aborto es una realidad y existe desde tiempos inmemoriales. La alternativa es aborto legal o aborto clandestino. Y si el aborto es clandestino van a seguir muriendo mujeres", sostuvo.

Además, informó que durante la reglamentación del proyecto que hará el Poder Ejecutivo se hará un cambio en la redacción de dos artículos, una de las modificaciones pedidas por el senador rionegrino Alberto Weretilneck, lo que aseguraría su voto positivo. En concreto, se eliminará la palabra "integral" donde se listan las casales ILE y se establece que "no será punible el aborto practicado con el consentimiento de la persona gestante si estuviera en riesgo la vida o la salud integral de la persona gestante".

El titular de la Comisión de Salud, por donde también pasó el proyecto, el radical Mario Fiad, marcó su postura de rechazo a la legalización del aborto y planteó que “para la Argentina se es niño desde la concepción”.

"Si este proyecto se convierte en ley, se abortarán sueños, proyectos, oportunidades para aquellas niñas y mujeres a quienes no les cambiaremos su dramática realidad de vulnerabilidad cotidiana, tampoco de pobreza estructural ni de falta de educación", advirtió.

El presidente de la comisión de Justicia y Asuntos Penales, Oscar Parrilli, sentenció: "No podemos pensar que si nosotros no sacamos la ley no va a haber más abortos, van a seguir existiendo para un sector social con garantías y para otro con un serio riesgo de vida. Lo que estamos haciendo es poniendo igualdad social entre mujeres” y puntualizó que en el Senado hay 48 senadores y 28 senadoras. "La mayoría de los senadores vota en contra. Las mujeres abrumadoramente votan a favor", exhibió.

El senador oficialista, Dalmacio Mera, afirmó que en el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (ILE) "no se tiene en cuenta al niño por nacer" y afirmó que "no lo menciona, no lo reconoce".

El catamarqueño, quien votó en contra del aborto cuando la Cámara Alta analizó el tema en 2018,agregó que "esta ley no da ninguna otra opción que el basurero para los niños por nacer".

Durante el transcurso del debate, se hicieron presentes en la galería del recinto del Senado, la secretaria Legal y Técnica del Gobierno, Vilma Ibarra; la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta y el ministro de Salud, Ginés González García, quien afirmó en sus redes sociales que "este debate, promovido por el colectivo feminista, nos hace mejores y forma parte de un cambio cultural e histórico imposible de frenar. Una lucha inclaudicable por un país más justo y una salud pública para todos y todas. Será Ley".

La senadora del Frente de Todos por Río Negro, Silvina García Larraburu, que en 2018 votó por la negativa, dio este año vuelta su voto y argumentó su cambio al afirmar que “nadie puede detener el avance de la historia”. "Estamos atravesando un cambio de paradigma y este cambio lo lideran las luchas feministas. Comprendí que nada puede detener el avance de la historia y la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo es la demanda de las nuevas generaciones”, dijo.

“Como dirigente política tengo que involucrarme con los cambios de paradigma porque estamos legislando de cara al futuro”, dijo e insistió: "Hace dos años yo me encontraba en este recinto sosteniendo una posición diferente a la de hoy. Estoy orgullosa de afirmar que hoy la mujer en Argentina es política de Estado. Mi voto es por una mujer libre, mi voto es un voto deconstruido. Es un voto afirmativo”.

El diputado de Juntos por el Cambio, Víctor Zimmermann, criticó el momento del tratamiento de este proyecto “en plena pandemia” y cuestionó que no se sepa con certeza “cuánto le va a costar esta ley al Estado”. Además, pidió no votar leyes que dividan y justificó su voto en contra, al decir que la “el valor más preciado que tiene cualquier ser humano, independientemente de su creencia religiosa, es la vida y en ese marco aprovecho para adelantar mi voto negativo a este proyecto porque la vida no se debate, se defiende”.

En tanto, la senadora oficialista María de los Ángeles Sacnun negó que el Estado esté "promoviendo el aborto" y aclaró que con este proyecto se "reconoce su existencia". "Creer que esto se trata de abortistas o antiabortistas es de un reduccionismo inaceptable, estamos dirimiendo si el Estado va a acompañar a las mujeres que decidan interrumpirlo”, expresó.

Aborto legal: los indecisos

Por otro lado, hay varios legisladores que aún no dieron a conocer su voto y que podrían inclinar la balanza hacia uno y otro lado.

Entre ellos figuran el catamarqueño Oscar Castillo, la neuquina, Lucila Crexell, y la entrerriana Stella Maris Olalla, todos del interbloque de Juntos por el Cambio.

El oficialista entrerriano Edgardo Kueider, tampoco reveló cómo votará, pero su firma en el dictamen en disidencia parcial, tras una semana de audiencias de la que participó más de medio centenar de especialistas, sirvió para que el proyecto pudiera llegar al recinto.

La postura de Kueider se asemejaba a la del representante de Juntos Somos Río Negro, Alberto Weretilneck, quien está a favor del proyecto pero la semana pasada pidió algunos cambios.

Otro de los que reclamó modificaciones fue el cordobés Ernesto Martínez, quien también está de acuerdo con la legalización del aborto y que podría sugerir cambios a la iniciativa que, de conseguir apoyos suficientes para su modificación, debería regresar a Diputados.

Desde el oficialismo, en tanto, afirmaron que no está previsto cambiar el texto y voceros del Frente de Todos aseguraron que no avalarán ninguna modificación en el expediente.

El proyecto

El proyecto de IVE no recibió cambios respecto a la versión votada el pasado 11 de diciembre en la Cámara de Diputados con 131 votos favor, 117 en contra y dos abstenciones. A pesar de los reclamos de varios senadores de incluir modificaciones, desde el oficialismo se mantuvieron firmes en aprobar la iniciativa tal cual para evitar que nuevamente volviese a la Cámara baja.

Así, la iniciativa legaliza el aborto hasta la semana 14 inclusive y dispone que fuera de ese plazo se podrá acceder, a través de las tres causales que establece hoy en día el aborto no punible: si el embarazo fuere resultado de una violación, si estuviere en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante.

Además, da un tiempo máximo de 10 días corridos para que la persona gestante acceda a un aborto seguro tras solicitarlo en los servicios de salud. El proyecto también plantea la atención integral de su salud a lo largo de todo el proceso, así como el acceso a información sobre métodos de anticoncepción.

En su paso por la Cámara de Diputados la iniciativa oficial sufrió una serie de cambios en torno a la objeción de conciencia. Si bien el texto no habilitó la objeción de conciencia institucional, como reclamaba el sector celeste, se permitió que una institución médica pueda excusarse de realizar la práctica en caso de que la totalidad de sus profesionales estén inscriptos como objetores.

En la redacción original se obligaba a que al menos un profesional de la nómina estuviera disponible para realizar las prácticas de aborto en caso de que una paciente lo solicitase. Tras los cambios, la institución podrá negarse pero deberá hacerse cargo de la derivación de las pacientes de forma inmediata y sin dilaciones, a partir de convenios previamente estipulados con otros efectores de salud.

Las obras sociales y prepagas deben incorporar la cobertura integral y gratuita de la interrupción voluntaria del embarazo, que quedará incluida en el Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica y en el PMO con cobertura total.

El proyecto contempla también las modificaciones pertinentes al Código Penal para garantizar la despenalización del aborto y las penas que correspondiesen en caso del no cumplimiento de la ley.

Así, despenaliza el aborto realizado con consentimiento de la mujer o persona gestante hasta la semana 14 inclusive y fuera de ese plazo, siempre que se cumplen las causales correspondientes y establece penas de tres meses a un año e “inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena” a la autoridad de un establecimiento de salud, profesional o personal de la salud que dilatare injustificadamente, obstaculizare o se negare a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados.

En tanto, el proyecto también fija una pena de “tres meses a un año” a la persona gestante que, luego de la semana 14 “y siempre que no mediaren los supuestos previstos en el artículo 86, causare su propio aborto o consintiera que otro se lo causare” y aclara que “podrá eximirse la pena cuando las circunstancias hicieren excusable la conducta. La tentativa de la persona gestante no es punible”.

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