Los padres de Maxi Aquino, el estudiante universitario asesinado en 2015 en el barrio Aldana, manifestaron ayer su malestar por el fallo del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que confirmó la pena de 22 años de prisión para el único acusado: Josele Altamirano. La vida de nuestro hijo no tiene valor: esperábamos perpetua para Altamirano, dijeron. Adriano y Marta Aquino dieron sus primeras declaraciones públicas tras la resolución de la Corte provincial. Los progenitoras del joven de 21, oriundo de San Roque, expresaron su enojo porque la causa no avanzó y hasta el momento no está identificada la persona que conducía la motocicleta 110 c.c. de la que bajó el homicida. Lo más duro es que hay cosas que no se conocen y nosotros queremos saber todo lo que pasó; hasta lo último. Hay otra persona que actuó en el hecho y no hay avances, reclamó Adriano Aquino durante una entrevista ofrecida a Radio Dos. Tras el homicidio, registrado entre las 6 y las 6.18 del 1 de agosto de 2015 en calle Uruguay al 300, la Policía detuvo a Altamirano cinco horas después cuando estaba por abordar una canoa en el puerto Italia, en el barrio Cichero. Según cuenta en la causa, Josele fue sindicado por informantes que prefirieron dar su identidad durante las primeras diligencias realizadas por la Dirección de Investigación Criminal. Sin embargo, esas fuentes señalaron a otro joven (Ariel Molina) como el conductor del vehículo pero éste quedó desvinculado de la causa. Lo mismo ocurrió con Oscar Godoy Ferrandiz, quien también fue sobreseído por la jueza Josefina González Cabañas, que procesó a Altamirano en diciembre de 2015. En octubre de 2016 el imputado fue condenado por el Tribunal Oral Penal Nº 2 por el delito de homicidio simple. La defensa y la querella apelaron. El pasado 5 de octubre el STJ desestimó ambos planteos. Al cumplirse el segundo aniversario del crimen, la magistrada dijo a la misma emisora que la causa no podría proseguir porque no contaban con el expediente ya que se encontraba en otra instancia.
