Inició el juicio contra Rocío de los Milagros Medina, imputada por “abandono de persona”, delito sufrido por un joven que padece una dolencia mental a quien la acusada debía cuidar. El hecho se registró en Mariano I. Loza, por lo que el debate está siendo llevado por el Tribunal Oral Penal (TOP) de Mercedes, a cargo de la jurisdicción.
Ayer inició el juicio contra Rocío de los Milagros Medina, imputada por “abandono de persona”, delito sufrido por un joven que padece una dolencia mental a quien la acusada debía cuidar. El damnificado permanecía encerrado en una habitación y estaba sin comida ni agua.
El hecho se registró en Mariano I. Loza, por lo que el debate está siendo llevado por el Tribunal Oral Penal (TOP) de Mercedes, a cargo de la jurisdicción.
Como ya se dijo, la mujer estaba a cargo del cuidado del muchacho, ya que este era incapaz de hacerlo por sus propios medios. Sin embargo se la acusa de haberlo abandonado, manteniéndolo enjaulado, lo que obviamente puso en peligro la salud de la víctima.
Durante los primeros días de marzo de 2018, los vecinos de la localidad comenzaron a difundir imágenes terribles, en las que se pudo ver al joven totalmente desnutrido. “Está abandonado en una pieza sucia, sin agua, ni comida, ventilador ni baño”, fue una de las publicaciones que se viralizaron en ese momento gracias a la red social Facebook, en la que se pudo ver claramente el estado del joven, que en ese momento tenía 26 años. No obstante se aclaró que pese a su edad, era como tratar “con un chico de cuatro años, por lo que sí o sí tenía que estar cuidado por un adulto”.
Debe aclararse que si bien las imágenes se conocieron durante ese año, el abandono habría comenzado luego del 4 de agosto de 2017, según fuentes judiciales. Al respecto también se supo que la “cuidadora” vivía a siete cuadras de donde estaba enjaulado el joven.
De esta manera, el TOP de Mercedes inició el debate para saber la responsabilidad de la imputada en el caso caratulado como “abandono de persona”, delito por el que se prevé una pena de entre dos a seis años de cárcel. Durante la primera audiencia, la defensa de la mujer solicitó el beneficio de “suspensión del juicio a prueba”, el cual consiste en que se cancele el debate a cambio de que la imputada pague una reparación económica, junto a determinadas reglas de conducta. Este pedido fue negado por el Tribunal, que apoyó la postura de la Fiscalía y de la Asesoría de Menores e Incapaces.
