Tras haber estado presa junto a su pareja por fugarse del país con sus hijas, Carla Pipaón y Facundo Ramírez fueron puestos en libertad y denegaron el pedido de extradición. Esto se dio tras la contundencia de los argumentos, así como de las pruebas solicitadas por la Defensa Pública, por lo que se logró la declaratoria de improcedencia.
Tanto Pipaón, sus hijas Julieta y Abril, como su pareja residen en Venezuela. Los adultos permanecían detenidos en el país a raíz de una orden de captura, con alerta roja internacional, emitida por el juzgado Instrucción N°1 de Goya, Corrientes, por una denuncia que había interpuesto el exmarido de Pipaón, Lucio Tomasella.
La decisión que beneficia a la pareja argentina fue dictada por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). La mujer goyana y su pareja fueron aprehendidos hace seis meses por funcionarios de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), y posteriormente recluidos en la Interpol Caracas y en la División de Captura del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, en El Rosal, estado de Miranda.
El defensor público 3° ante las salas plenas y casación penal del TSJ, Ciro Camerlingo, fue el encargado del caso y, en consecuencia, presentó los elementos de pruebas (exámenes psicológicos y físicos realizados a las dos niñas) ante el máximo tribunal de la nación, para así desvirtuar los señalamientos de presunto abuso sexual, pornografía infantil y corrupción de menores que atribuía la justicia argentina a Pipaon y Ramírez, por una denuncia realizada por el padre biológico de las niñas.
El caso se inició en 2016, en la ciudad de Goya, luego de que la mujer se divorciara de su ex esposo Lucio Tomasella, quien es el padre de las niñas. El excónyuge, según la investigación, se dio a la tarea de hacer una serie de denuncias ante la prensa contra ella y su actual esposo Facundo Ramírez (argentino residenciado desde hace dos años en Venezuela), situación que originó que Pipaón viajara con sus dos hijas a Venezuela a pedir refugio y protección por la persecución en Argentina.
Seguidamente, el exesposo denunció ante las autoridades argentinas a la pareja por los delitos de abuso sexual, corrupción de menores, pornografía y sustracción de niños, lo que originó que se emitiera una orden de captura internacional, con alerta roja. Una vez en Venezuela, Pipaon y Ramírez fueron aprehendidos y sus hijas trasladadas a una casa hogar en el estado Nueva Esparta, en Venezuela.
Vale acotar, que durante la permanencia de las niñas en la casa hogar, la Defensa Pública, a través del director de Derechos a la Niñez y Adolescencia, adscrita a la Dirección Nacional de Actuación Procesal de la DP, Jairo Chirinos, llevó la asistencia y protección a las infantes.
La Defensa Pública tuvo conocimiento de este caso en virtud de que el mismo fue remitido a la Dirección Nacional de Asuntos Internacionales de la institución, para el respectivo análisis.
Durante seis meses, la Defensa Pública pudo demostrar ante el TSJ la inocencia de la pareja argentina, y la manipulación de algunos elementos, al tiempo que veló por los derechos de estos ciudadanos que a la luz de la justicia criolla se encontraban impropiamente detenidos.
