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La era Barboza: Una gestión que apuntó a la presencia de la Policía como método

Como jefe junto a Acevedo, su segun­do, combatió la inseguridad con un medio preventivo: control de mo­tos. Formato con cierto éxito.

Cuando Félix Ricardo Bar­boza asumió la Jefatura de la Policía de Corrientes se comprometió a visibilizar la presencia policial, tanto como arma disuasiva como por ser signo de seguridad para la ciudadanía. Para ello, él y su segundo, el subjefe Eduardo Acevedo, tenían un criterio claro: la supe­rioridad debe encabezar los operativos y que el subal­terno no actúe solo y por su cuenta.

¿Qué resultados han ob­tenido? Es incómodo hacer un análisis "neutro" 48 ho­ras después de la salida de la gestión Barboza-Acevedo (retirados junto al resto de la plana mayor, ver más en nota inferior). No están en su mejor posición ni mo­mento, de hecho han sido retirados por una serie de factores donde el aumento irrefrenable de la delincuen­cia pospandemia gravitó, un fenómeno que si bien ya ha­bía sido vaticinado hace dos años, no es fácil de enfren­tar, menos aún de resolver.

Ensayando ecuanimidad se podría fraccionar la admi­nistración Barboza-Acevedo en tres grandes escenarios: prepandemia, pandemia y pospandemia. Cada uno los puso como actores claves en distintas situaciones, en donde si bien cada una mereció respuestas especí­ficas, pueden mencionarse continuidades en ciertas prácticas. El 17 diciembre de 2017, el flamante goberna­dor Gustavo Valdés ponía en funciones al comisario Bar­boza, quien venía desempe­ñándose como responsable del área de Coordinación In­terior, con anterioridad fue jefe de la Unidad Regional IV Paso de los Libres y previa­mente de la comisaría de la localidad homónima.

La sa­liente gestión del comisario Eduardo Acevedo había de­jado ciertas reformas que su sucesor supo utilizar en plan estratégico, por ejemplo la Policía Motorizada, creada en 2015 (luego del caso Maxi Aquino, el universitario asesinado en un robo en el barrio Aldana). En sus años de funcionamiento, tanto la versión uniformada (el Gru­po de Respuesta Inmediata Motorizada y el Grupo de Intervención Rápida) como la que opera de incógnito (División Antiarrebatos) han sido salpicadas por ca­sos graves que motivaron investigaciones judiciales y traslados, pero no impidie­ron poner en evidencia su eficiencia en combate del enemigo número 1 en el ám­bito urbano: el arrebatador o "motochorro", formato que se ha expandido a ciudades y localidades del interior. Lo hicieron diseñando un plan de saturación empleando los grupos especiales (una docena de divisiones des­de canes o caballería hasta toxicomanía o seguridad vial) en distintos puntos de la ciudad por lapsos de entre 4 y 6 horas, tiempo en el cual se controlaban fundamen­talmente motos. El principal resultado: miles de rodados menores confiscados y unos cuantos detenidos con ante­cedentes policiales. Huelga decir que el propósito tal como lo pensó Barboza no era sólo reprimir (capturar al delincuente en flagrancia, en contadas veces sí se dio), sino ante todo la presencia policial como forma de pre­vención del delito en las ho­ras de mayor transitabiliad, dado que las presas predilec­tas de los arrebatadores son peatones, automovilistas y usuarios de transpor­te público tanto urbano como de larga distancia.

Entre las primeras apli­caciones del "dispositivo de seguridad" hay que contar la custodia de mi­cros de larga distancia que allá por 2019 eran asedia­dos por "motochorros" en la avenida Independencia. Quizás una gran prueba para Barboza -así como para el entonces ministro de Se­guridad, Juan José López De­simoni- fue el 13 de noviem­bre de 2018 en pleno barrio San Gerónimo, cuando dos jóvenes -Enzo Gauna y Na­huel Ortiz Verdún, ambos presos cumpliendo condena en la actualidad- mataron a Roxana Dalpozzolo, de 28 años, madre de un niño y una niña, con la motoci­cleta en la que huían por la avenida Laprida de otro civil que los perseguía en otra, luego de haber tirado al piso y robarle la cartera a otra mujer, quien viajaba en moto con su hijo menor de edad unos 600 metros an­tes. A la gravedad específica del caso, un dicho de López Desimoni horas antes en un programa televisivo le daba una acentuación peculiar: "En Corrientes no hay inse­guridad" (sic). Cumpliendo su compromiso, Barboza y la plana mayor junto al mi­nistro dirigieron un "megao­perativo" en esa zona al día siguiente. No era el primero ni fue el último procedi­miento en el San Gerónimo -donde está emplazada la Comisaría 16ª-, es decir que el método no fue abandona­do. Es probable que hubiera estado en las previsiones un hecho como el de Dalpozzo­lo que, no obstante, ha sido una lección de qué puede pasar cuando se combinan los principales problemas del cotidiano convivir urba­no: delincuente, tránsito y la violencia civil.

¿Por qué este "dispositivo" fue clave? Lo sabrá mañana, cuando se desarrolle todo el período pandemia y pos.

Una mujer llegó a la plana mayor

La nueva plana mayor de comisarios generales de la Policía de Corrientes enca­bezada por el jefe, Arnaldo Alberto Molina, y el subjefe, Jorge Andrés Cristaldo, está conformado por otros 11 je­rarcas y por primera vez en la historia de la institución (creada en 1971 pero que dice ser tan antigua como la ciudad de Corrientes) hay una mujer. Según lo infor­mado, la comisaria Gloria Romero es la directora ge­neral de Asuntos Judiciales y Represión del Delito, hasta entonces venía cumpliendo funciones como responsable del área de Delitos Contra la Integridad Sexual.

Otros nombres importan­tes en la nómina por su labor en materia del delito en zona metropolitana son Ramón de la Cruz Barrios, quien quedó a cargo de la Direc­ción General de Seguridad y Prevención del Delito, y su par Emilio Jorge Rodríguez, responsable de la Dirección General de Planeamiento y Operaciones. Ambos si­guiendo los lineamientos del anterior jefe Barboza (Ver nota principal) encabezaron la mayoría de los operativos de control.

En lo que hace a la Direc­ción General de Drogas Peli­grosas y Crimen Organizado, que con la gestión Barboza-López Desimoni dejó de ser toxicomanía -área enfocada en la persecución de consu­midores de drogas en espa­cios públicos- para dedicarse a combatir el narcomenu­deo, al comisario Edmundo Santajuliana lo reemplaza el comisario Ramón Luciano Vallejos, quien estuvo a cargo del Destacamento San Mar­cos y pasó a la División Anti­arrebatos. A ellos se suma en la Dirección General de Gru­pos Especiales, el comisario Miguel Tomás Ramírez.

En el área interior, el nue­vo jefe de la Dirección Ge­neral de Seguridad Rural y Ecológica es el comisario Luis Alberto Sánchez. En la Dirección General de Coor­dinación e Interior está el comisario Ramón Antonio Benítez; la Dirección General de Bomberos quedó a cargo del comisario Félix Cembo­rain; en la Dirección General de Personal y Formación Po­licial, Sergio Rubén Sánchez. Y en la Dirección Adminis­tración Policial y Financiera y la Dirección General de Seguridad Vial, los comisa­rios Gustavo Germán López y Hernán García, respectiva­mente. Norte

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