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Causa Sapucay: Un gendarme encubierto siguió la pista de los narcos en Itatí

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El debate había iniciado el año pa­sado, pero pasó a un cuarto intermedio en diciembre. Iba a reiniciar en marzo, pero la pandemia del coronavirus obligó a que se prorrogue. La discusión estuvo en que si era convenien­te seguir el juicio en forma presencial, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Final­mente los jueces del Tribunal Oral Federal 3 decidieron habilitar una plataforma virtual para que se realice en forma remota. Así, los acusados participan de las audiencias desde las Unidades Peniten­ciarias, los abogados desde sus estudios y los fiscales y jueces desde sus oficinas.

Este miércoles se llevará a cabo una nueva jornada del juicio oral y público en el que son juzgados doce per­sonas sospechadas de trafi­car cantidades industriales de marihuana que llegaban a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siete jurisdic­ciones provinciales argenti­nas y a Chile.

La importancia de esta audiencia radica en que los abogados defensores inicia­rán la ronda de preguntas a Guillermo Hernán Gonzá­lez, el subcomandante de la Gendarmería Nacional que dirigió la investigación que se centró en las actividades de narcotráfico que se des­plegaban en la localidad de Itatí, Paso de la Patria, San Cosme, San Luis del Palmar y la ciudad de Corrientes.

El efectivo de la fuerza de seguridad se hizo pasar por artesano y artista ca­llejero durante seis meses para mezclarse entre los po­bladores del pueblito de la Virgen y así realizar obser­vaciones a fin de confirmar o descartar las hipótesis que tenían los fiscales de la Procuración de la Narco­criminalidad y el Juzgado Federal en lo Criminal y Co­rreccional 12 de la Ciudad de Buenos Aires respecto de supuestas actividades ilícitas desarrolladas en ese poblado limítrofe con el Pa­raguay.

Los informes que rea­lizó González fueron la base para imputar a Luis Saucedo, Carlos Bareiro y Federico Sebastián Marín, supuestos líderes de organi­zaciones delictivas.

Pero en este debate sólo Bareiro está como acusado. Saucedo será juzgado en un proceso diferido en una fecha incierta, pero el año próximo. Marín, en tanto, acordó una pena de doce años de detención y afronta cargos en otras causas ini­ciadas en juzgados de Co­rrientes.

“El testimonio del gen­darme que realizó la in­vestigación es de mucha importancia en el debate, porque se puede advertir que existen cuestiones poco claras en la causa, como por ejemplo, la falta de caudal probatorio; incoherencias respecto de los hechos que se le endilgan a los acu­sados; acusaciones sobre la base de comentarios de vecinos, pero sin nada que demuestre la veracidad de esos dichos; cuestiones lin­dantes a lo novelesco, como, por caso, que los imputados manejaban tanta plata que la tenían que pesar, algo que no está en el expediente y que es poco verosímil”, co­mentó Guillermo Rojas Bu­sellato, uno de los abogados defensores que interviene en el juicio.

El letrado prepara una batería de preguntas para comprender los hechos y circunstancias por las que atribuyeron roles a ciertos imputados con relación a la existencia de supuestas or­ganizaciones delictivas de narcotráfico. “Toda la causa se basó en dichos de arre­pentidos, pero no se pudo corroborar prácticamente nada de lo que dijeron. En este caso, declararon que se cargaba estupefacien­tes en Corrientes, que ha­bía grandes cantidades de dinero, vehículos de alta gama y embarcaciones. Esto llevó a que se haga una se­rie de allanamientos, con gran despliegue mediático y espectacularización, pero no encontraron nada de lo que supuestamente habían indicado los testigos; única­mente llevaron presas a un montón de personas”.

Remarcó además que “los allanamientos también cau­saron perjuicios a terceros. Es el caso de la ladrillería del abuelo de Carlos Bareiro donde dijeron que habían enterrado dinero en tambo­res. Fueron con máquinas hicieron un gran despliegue con máquinas y destruye­ron la producción de un tra­bajador que fue gravemente afectado por esta pérdida material”.

Otro de los defensores que interviene en este pro­ceso es Jorge Adrián Barbo­za, quien prepara una serie de preguntas para el jefe de la investigación a fin de tener clara las acusaciones que se hicieron en la causa. Para este letrado “no queda bien claro qué se les atribu­ye a cada imputado, porque primero se habló de tres bandas delictivas supuesta­mente de alta peligrosidad, pero en el debate el investi­gador sostuvo que hay una sola organización y le atri­buye un rol de jefe a Bareiro, casualmente al único que está en este juicio; mientras que a Marín y a Saucedo les da el rol de colaboradores”.

Sostuvo además que “es confusa la declaración del jefe de la investigación y esto es porque vino a Ita­tí con una carga subjetiva: las declaraciones de los su­puestos arrepentidos. No hay pruebas que demues­tren esos dichos y que, en algunos casos parecen saca­dos de una serie de ficción”.

TESTIGO Y ACUSADOR

El miércoles 2 de sep­tiembre el subcomandante Guillermo González fue convocado a declarar como testigo en el juicio de la cau­sa 3.002/2017 que derivó en el Operativo Sapucay. Ese día comenzó el relato de los hechos investigados.

Uno de los cuestiona­mientos que hicieron los abogados defensores en la causa del Operativo Sapu­cay es la falta de precisión respecto de los hechos y los testimonios volcados en la causa. En su declaración el subcomandante Guiller­mo Hernán González rela­tó que su investigación se basó “en entrevistas con los vecinos” itateños que supuestamente le contaron cómo operaban las bandas de narcotraficantes.

Ante esto, los letrados preguntaron la razón por la que esos testigos no fueron citados a declarar.

“Lo que ocurre es que hay connivencia entre las organizaciones delictivas y las instituciones. Las per­sonas de Itatí temen repre­salias, por eso no las puedo nombrar como testigos. Sin embargo uno de ellos se prestó a declarar”, reveló. El declarante sostuvo que esa persona supuestamente obtuvo custodia y perma­nece en el anonimato.

En el marco de su decla­ración brindó un dato que fue pasado por alto: “En las maniobras estarían invo­lucrados el intendente, el vice, efectivos de la Gen­darmería, de la Prefectura, la Policía Federal y habla­ban también del chofer del Gobernador”.

Si bien en la causa fueron imputados los funcionarios públicos locales y de las fuerzas de seguridad, las averiguaciones no avanza­ron con relación a conocer la relación entre los narcos y el colaborador del enton­ces titular del Poder Ejecu­tivo provincial.

PLATA PESADA

“En una oportunidad, estando en Itatí, el dueño de un hospedaje dijo que de tanta plata que mane­jaban los narcos, la tenían que pesar”, había declara­do el gendarme Guillermo Hernán González y así dejó planteada la hipótesis de que el transporte de estu­pefacientes en el pueblo de la Virgen movía millones de pesos, pero aclaró que durante los cinco meses que estuvo como infiltrado en la población ubicada a 80 kilómetros al norte de la capital correntina no pudo ver ni verificar personal­mente la existencia de ese dinero.

Pero en ese contexto ade­más vinculó la actividad narco con las carreras cua­dreras que en la provincia están legalizadas y hasta cuentan con protección policial. “Los narcos usan las carreras para lavar el dinero”, había afirmado el gendarme. Mañana volverá a declarar en el marco de la audiencia del juicio y los defensores podrían pedir detalles

Expectativa

La causa del Operativo Sapucay tuvo trascendencia nacional porque el gobierno de Mauricio Macri la uti­lizó para afirmar que en Itatí había protección política del intendente, Natividad Terán, a los narcos y porque su viceintendente, Fabio Aquino intervenía en las ma­niobras delictivas. Ambos reconocieron las acusaciones en un juicio abreviado y quedaron libres. Pero en la sen­tencia se los habilita a ejercer cargos públicos.

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