Un convenio para la adhesión al Régimen de Fijación y Modificación de valor de Alojamiento diario de Internos y la aplicación del Programa de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica, fue firmado hoy entre el Ministerio de Seguridad de la provincia y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
El acto se efectuó poco después de las 9 presidido por el ministro de Seguridad, Horacio Ortega; con la presencia del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jorge Quintana; el secretario ejecutivo del Consejo Federal Penitenciario, Patricio Henderson; el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones en Corrientes, Ramón González, la presidente del Tribunal Oral en lo criminal Federal en Corrientes, Lucrecia Rojas de Badaró ; jueces federales de Corrientes; ministros del Superior Tribunal de Justicia; los subsecretarios de Gobierno, Luis Bravo; y de Seguridad, Guillermo Weyler; el subsecretario de Seguridad Ciudadana, Jorge Benítez Sívori; el jefe de Policía, Eduardo Acosta, el interventor del Servicio Penitenciario; jefes de fuerzas nacionales de seguridad en Corrientes; y otras autoridades vinculadas con el área.
El ministro Ortega y el Secretario Ejecutivo Henderson firmaron el convenio con la finalidad de establecer mecanismos en materia de organización penitenciaria, en función a la ley privativa de la libertad. Que tiene el fin de fijar un valor costo diario efectuado por el servicio penitenciario provincial, en concepto de los internos que se encuentren sujeto a la jurisdicción federal, pero recibiendo el servicio penitenciario de la provincia.
Al pronunciar sus palabras, el ministro Horacio Ortega expresó su satisfacción porque se sigue “avanzando con paso firme y concreto, a lo que es una política de seguridad penitenciaria que el gobierno de la provincia viene desarrollando desde hace tiempo”.
Mencionó el “enorme esfuerzo que viene haciendo el Gobierno Provincial para poder establecer no solamente nuevas unidades de detención, sino en lo que tiene que ver con la formación y sobre todo el entendimiento respecto a los derechos humano con mecanismo que nos sirvan para ir buscando modos alternativos para la ejecución de la pena”.
Ortega manifestó que al tomar conocimiento para poder entrar al programa de “asistencia de personas bajo vigilancia electrónica y la buena predisposición que mostró Patricio (Henderson) a través del Ministerio de Justicia de la Nación, de poder proveernos de estos mecanismos para ser utilizado en la órbita provincial, comenzamos el trabajo, hicimos la presentación hace menos de un mes de lo que son estos dispositivos”.
“Hoy estamos analizando la posibilidad de poner el centro de monitoreo dentro de lo que va a ser la Jefatura; establecer cursos de capacitación para el personal que va a estar a cargo y si es posible antes de diciembre tener no sólo la sala de monitoreo sino también la posibilidad de que empecemos a evaluar –junto con la jueza de Ejecución de Condena quien será encargada de determinar quién va a ser la persona que pueda estar beneficiada con este sistema- poder empezar a tener dos o tres personas que tangan la posibilidad de contar con este sistema de monitoreo, que no sólo se va a utilizar para prisión domiciliaria sino también para aquellas personas con salidas transitorias, lo que va a beneficiar más la integración que se busca con la persona privada de su libertad”.
Ahora se firmó un convenio que tiene que ver con una deuda pendiente “por el hecho de que hoy por hoy el servicio penitenciario provincial aloja más de 30 internos federales, lo cual tiene un costo que viene absorviendo la provincia desde hace mucho tiempo. Encontrar un mecanismo por el cual se empiece a financiar y a paliar este tipo de gastos no solamente va a significar el reconocimiento de una deuda que se mantenía con la provincia sino la posibilidad de utilizar esos recursos que destinábamos para la construcción de otro parámetro que tenemos y que es impulsar desde la formación y sobre todo del alojamiento del interno una inversión grande que queremos hacer en educación para la población penal con la idea de poder tener una tecnicatura agropecuaria en la Unidad 4 para que los internos puedan tener una salida laboral más un título que revalide el trabajo que vienen cumpliendo allí”.
Patricio Henderson
El secretario Ejecutivo del Consejo Federal Penitenciario Patricio Henderson dijo que está en Corrientes con mucho placer, para dar “un nuevo paso en el marco de mecanismo de articulación con el Estado nacional en materia de política penitenciaria”; indicando que fue reactivo luego de años de acefalía y este año se inició un proceso constructivo a nivel federal con líneas de acción viendo las problemáticas estructurales en común. “Una de ellas es la superpoblación carcelaria, que tanto en Corrientes como en la mayoría de las provincias, como también en el servicio penitenciario federal este año estamos con un índice de superpoblación producto de un incremento exponencial de la tasa de encarcelamiento de los últimos diez años y la ausencia de una política de obras y de infraestructuras que acompañen esta tendencia”.
“Hoy estamos acá con estas dos líneas que venimos trabajando. Meses atrás hicimos la presentación del programa de asistencia a las personas bajo vigilancia electrónica en Corrientes; hoy nos toca rubricar este proceso con la firma de un convenio y continuaremos avanzando bajo el paraguas de la promoción de programas alternativos al encarcelamiento”, dijo el funcionario nacional.
Dentro de la agenda en sintonía con los estándares internacionales en pos de descomprimir establecimientos penitenciarios, optimizar recursos y fundamentalmente “bajo el paraguas de Derechos Humanos dignificar las condiciones de detención, apuntalando principalmente a los colectivos considerados vulnerables. Hace dos años se inició este proceso y hoy lo estamos ampliando y profundizando en todo territorio nacional, ya tenemos 18 provincias incorporadas, con indicadores interesantes”, entre otros para la “reinserción social de las personas privadas de la libertad”.
“El otro tema que nos convoca es la adhesión de la provincia al convenio marco de pago de deuda por atención a internos federales; desde el inicio de la gestión hemos encarado un proceso de reparación histórica de una deuda que se venía acumulando demasiado y ahora en dos años ya hemos desembolsando más de 150 millones de pesos, estamos en proceso de otro pago, que esperamos salga antes de fin de año. Y vemos con buenos ojos que la provincia de Corrientes adhiera a este mecanismo tan postergado en años anteriores”, manifestó el secretario.
Otra línea de acción comprende a la formación y capacitación de los agentes penitenciarios, lo que consideran “una piedra angular en pos de una reforma efectiva que tienda a promover esa reinserción social tan deseada y un paradigma penitenciario que se centre en ese objetivo primordial”, concluyó.
