Por Eric Nepomuceno
Desde que su ídolo y modelo Donald Trump fue derrotado por Joe Biden, el ultraderechista presidente brasileño Jair Bolsonaro se sintió acosado frente a sus aspiraciones electorales en 2022.
Entró con ganas en la absurda campaña de denuncia de fraude electoral llevada a cabo por Trump, anticipando que una eventual derrota suya en el intento de mantenerse en el sillón presidencial será fruto del mismo mecanismo, y que lo que ocurrirá en Brasil podrá ser "mucho peor" de lo que ocurrió en Washington, con la invasión del Congreso.
Bolsonaro amenazando a las instituciones y la democracia no es ninguna novedad: lo hizo a lo largo de sus 27 años como diputado nacional insignificante, volvió a hacerlo ya como presidente.
Pero ahora se lanzó en algo bastante más complejo y peligroso. La llamada “bancada de la bala” en el Congreso, cuya misión primordial es incentivar el armamentismo de la población, creó dos proyectos de ley – claramente inspirados en Bolsonaro, que además ya proclamó su pleno respaldo – destinados a disminuir casi al mínimo el poder de gobernadores provinciales sobre las fuerzas policiales, tanto civiles (investigativas) como militares (ostensibles y responsables de la seguridad callejera).
Son propuestas cuyo objetivo es cambiar de manera drástica la estructura del aparato policial, y vincular la policía civil a un Consejo Nacional controlado por Brasilia.
Con relación a la policía militar, quizá la principal base electoral de Bolsonaro, el objetivo es disminuir al máximo el control de los gobernadores. Con eso, se abriría espacio para movilizaciones en caso necesario. Léase: para defender al presidente.
La idea ahora es elevar las policías militares de las provincias a otro nivel, acercándolas de las Fuerzas Armadas. Con eso, pasarían a obedecer, tal como Ejército, Fuerza Aérea y Marina, al presidente de la República.
Son proyectos de ley que fueron elaborados a partir de asociaciones de policías y militares, y responden redondamente a las aspiraciones de Bolsonaro: contar con fuerzas de lealtad absoluta para defenderlo si fuera necesario.
¿Y cuál sería la ocasión en que necesitaría de respaldo armado? Bueno, hay dos perspectivas.
La primera sería que la nueva dirección de la Cámara de Diputados, que será electa ahora el primero de febrero, se muestre mínimamente dispuesta a aceptar uno – uno solo – de los más de 60 pedidos de apertura de un proceso de destitución, con base a innumerables crímenes de responsabilidad previstos en la Constitución y que fueron cometidos por Bolsonaro.
La otra: que él sea derrotado en 2022.
Es cierto que Bolsonaro literalmente militarizó su gobierno. Son más de seis mil uniformados esparcidos por ministerios y organismos federales. Hay un capitán retirado de la Policía Militar de Bahia, por ejemplo, ocupando un puesto clave en Cultura, y que encajonó más de cien autorizaciones para que proyectos aprobados y que habían obtenido patrocinio pudiesen ser llevados a la práctica.
Faltaba únicamente su firma. Resultado: más de 40 millones de dólares de mecenazgo ofrecido y perdido.
El ejemplo más escandaloso es el ministerio de Salud, en manos del único general en actividad que ocupa un puesto en el gobierno. Parte de la tragedia vivida por Brasil en la pandemia se debe precisamente a su inepcia.
Ocurre que a excepción de ese único caso, todos los demás militares bonificados con robustos refuerzos a sus sueldos son retirados, sin mayor influencia sobre el comando-general de las Fuerzas Armadas.
De ahí la idea de Bolsonaro de contar con más tropas a su lado, en ese caso las de la policía militar.
A eso se debe sumar otro grupo fuertemente armado: las llamadas “milicias”, pandillas sediciosas con vínculos evidentes con toda la familia Bolsonaro, padre e hijos. Y, para terminar, la venta de armas a la población civil, fuertemente impulsada por el presidente, creció 90 por ciento en 2020.
Esas serían las “fuerzas de defensa” del ultraderechista si decide dar un golpe o rechazar un resultado negativo en las urnas del 2022.
Hay un antecedente trágico en nuestras comarcas.
En 1973, las fuerzas armadas chilenas solo aceptaron cumplir las presiones de Washington para derrocar a Salvador Allende cuando los carabineros – la versión chilena de la policía militar brasileña – se sumaron al golpe.
¿Sería ese el sueño de Bolsonaro, intenso admirador de Pinochet?
