Por Luis Villanueva y Ignacio Chausis
En Mendoza, el destituido ex juez federal Walter Bento enfrenta por estos días un juicio oral donde se lo acusa, con abrumadoras pruebas, de liderar una banda dedicada a pedir coimas a cambio de mejorar la situación procesal de quienes llegaban a su juzgado por gravísimos delitos. Algunos años atrás, el otrora poderoso juez federal de Orán, en la provincia de Salta –con jurisdicción sobre una extensa y compleja frontera norte- fue condenado a trece años de prisión por favorecer a narcotraficantes a cambio de dinero, decisión que nuestra Corte Suprema confirmó a comienzos del corriente mes. En Córdoba, un ex fiscal federal de San Francisco fue condenado a cinco años de prisión, tras un juicio donde se constató que exigía sobornos millonarios para cajonear investigaciones sobre hechos gravísimos, tales como abusos sexuales. En Corrientes, el ex federal Carlos Soto Dávila se encuentra actualmente cumpliendo una condena a cinco años de prisión por hechos de corrupción, luego que el año pasado un tribunal lo encontrara culpable de recibir dádivas por parte de narcotraficantes. La sacó barata: la Fiscalía había pedido que fuera condenado a quince años.
La jurisdicción federal no tiene la exclusividad. En la justicia provincial de Buenos Aires son conocidos los casos del ex juez César Melazo, condenado a siete años de prisión por integrar una organización criminal junto a policías, barrabravas y hasta funcionarios de la justicia, dedicada a realizar secuestros extorsivos y robos de envergadura, y del ex fiscal de San Isidro Claudio Scapolán, destituido en abril de 2023 por gravísimas irregularidades durante su gestión al frente de la Unidad de Delitos Complejos de San Isidro. De la misma jurisdicción, el ex fiscal Julio Novo irá a juicio oral por el delito de supuesto encubrimiento de narcotraficantes vinculados al doble homicidio de Unicenter. En el banquillo lo acompañará otro ex fiscal que estaba bajo sus órdenes.
En la provincia de Santa Fe, la legislatura de la ciudad de Rosario suspendió recientemente al fiscal Matías Edery por encubrir al presunto testaferro del jefe de “Los Monos”, mientras que en 2021 el ex fiscal de Rosario recibió tres años de prisión por recibir coimas de empresarios ligados al juego clandestino. Y antes de eso, vale recordar que media docena de fiscales del Ministerio Público de la Acusación en Santa Fe fueron destituidos por sus vínculos con el narcotráfico y el juego clandestino.
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La muestra no es taxativa, hay más casos tanto a nivel nacional como provincial, casi todos recientes. Analizados de manera aislada, con el morbo puesto en sus protagonistas, los hechos dicen poco y nada. Examinados en conjunto, por el contrario, ponen en evidencia patrones comunes, connivencia con el narcotráfico y las fuerzas de seguridad y, esto es central, un diagnóstico poco problematizado socialmente: la imposibilidad de enfrentar el narcotráfico de manera eficiente con los actuales niveles de penetración en el ámbito judicial. El actual escenario es aún más preocupante si se tiene en consideración que el Poder Ejecutivo plantea actualmente la desregulación total en materia de aportes a campañas electorales, a contramano de lo que ocurre en la mayoría de la legislación electoral comparada.
Ética pública vs independencia, el falso dilema
Pero volvamos a la justicia. Es importante recordar que hace algo más de 24 años, la Corte Suprema de Justicia, en su primera acordada del año 2000, declaró inaplicable la ley de ética pública en el ámbito del poder judicial. Argumentó en ese entonces que tal iniciativa podía afectar su independencia, consagrada en nuestra Carta Magna.
La opinión sobre la necesidad de incorporar al sistema judicial al esquema de integridad que prevé la ley de ética pública es compartida tanto por actores locales como internacionales. Por ejemplo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), al analizar en el año 2019 las políticas de todo el Estado Nacional, indicó como una de sus principales recomendaciones que Argentina debe apuntar a extender la agenda de integridad al Poder Judicial para abordar los riesgos específicos que prevalecen allí. “Las políticas de integridad deben estar integradas en todo el gobierno, más allá del Ejecutivo”, sugirió. En esa línea, al evaluar la situación de nuestro país en materia de prevención e investigación del enriquecimiento ilícito en 2023, el Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción señaló como uno de los principales obstáculos la falta de publicidad y control de las declaraciones juradas en el ámbito judicial. Del mismo modo se han expresado las organizaciones no gubernamentales que trabajan estos temas, y que batallan desde hace años sobre la necesidad de incorporar al Poder Judicial y Ministerios Públicos al sistema de integridad público. Entre ellas podemos mencionar a ACIJ, CIPCE y Poder Ciudadano. Lo hicieron, por ejemplo, al momento de participar en la elaboración de una nueva ley de integridad y ética pública encarada por la Oficina Anticorrupción en 2021 o al momento de evaluar el estado de aplicación en Argentina de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
Hoy la situación es clara: la mayoría de los especialistas en temas de corrupción y políticas públicas coinciden en que la falta de controles tal vez esté alcanzando el punto más alto. Los viajes y regalos pagados por empresas (dádivas) se hicieron públicos, las relaciones impropias (en forma de actividades deportivas o sociales) se naturalizan. Las evoluciones patrimoniales no se analizan ni se explican y acceder a información pública en temas clave como contrataciones, sueldos netos o presupuesto es casi imposible. No hay registros oficiales de viajes, reuniones u obsequios. Así, es fácil percibir cómo el narcotráfico permea.
Argentina no participa de la iniciativa de la Naciones Unidas, de la Red Global de Integridad Judicial que promueve la efectiva implementación de Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial. Tampoco hay iniciativas propias como aquellas que impulsan países como Costa Rica donde se implementa un Código de Ética Judicial con acciones concretas. Acá ni siquiera se llega al punto de escribir un Código de Ética. A no confundir, como en todos los ámbitos, hay muchos jueces y fiscales probos, la enorme mayoría, que incluso lo han demostrado investigando y condenando a sus pares por graves casos de corrupción. Sin embargo, parece que los pocos que están sucios no quieren controles, otros no quieren quedar expuestos, y otros prefieren barrer debajo de la alfombra. Sólo así se explica cómo pueden quedar impunes viajes regalados por grandes empresas a exclusivos paraísos naturales.
El artículo 11 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción hace hincapié en el papel decisivo del poder judicial en la denominada lucha contra la corrupción. Además, refiere que, para desempeñarlo eficazmente, el propio poder judicial deberá estar libre de corrupción y sus miembros deberán actuar con integridad.
En el contexto actual, los riesgos de no tener políticas de Estado para evitar la corrupción judicial se están haciendo cada vez más evidentes. La captura del Estado, en este caso de uno de sus Poderes, por parte de organizaciones criminales ya está entre nosotros. La pasividad de la dirigencia ante esto, como en muchos otros temas, no deja de asombrar. Pero en este caso puede que las consecuencias sean imposibles de revertir.
