Una sentencia que criminaliza a los ocupantes. Las negociaciones, avances, retrocesos. La necesidad de continuarlas. El operativo policial, injusto y violento. La necesidad de investigar. Berni en campaña punitivista. Un vistazo al conflicto de la familia Etchevehere.
Los terrenos de Guernica, informa la prensa dominante, fueron devueltos a sus legítimos dueños. El capo famiglia y ex ministro macrista Miguel Etchevehere recuperó su predio. El ruralista no acreditó la titularidad exclusiva de su campito. Varios de los “legítimos dueños” de Guernica ni siquiera invocaron ser propietarios, apenas tenedores … y no lo probaron debidamente.
La “Justicia” se expidió, concuerdan por una vez la derecha y los gobiernos nacional, bonaerense y entrerriano. Este cronista rechaza llamar “Justicia” al Poder Judicial o a jueces o fiscales. Se trata de una batalla perdida pero cree válido sostenerla. La Justicia pasa poco por los Tribunales, nada en los casos que reseñamos.
La propiedad privada está garantizada por la Constitución. No es un derecho absoluto ni superior al resto. Coexiste con otros, de igual valor y a menudo menos defendidos en la práctica. Por ejemplo, el acceso a la vivienda digna que se consagra en el artículo 14 bis.
Los derechos constitucionales no encastran como Rasti en la cruda realidad. Colisionan con frecuencia, compete a las autoridades ver cómo articularlos.
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El vicio original y las derivaciones: El vicio o pecado original del desalojo en Guernica (conforme consignamos en esta columna hace más de un mes) consistió en que la justicia penal resolviera un conflicto de esta índole. Lo agravó el mecanismo adoptado, una medida cautelar que restringió al extremo los derechos de los ocupantes. El juez de Garantías Martín Rizzo eligió esas vías, instadas por el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta.
La Cámara confirmó el desalojo compulsivo (“lanzamiento”) que se postergó primero a pedido de los abogados de los ocupantes, de organismos de Derechos Humanos, entre ellos el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ). También lo peticionaron el Defensor Oficial y la Defensora de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Marisa Graham.
El ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, reclamó a su vez prórrogas mientras activaba negociaciones con los ocupantes. Varios centenares de familias llegaron a acuerdos y desocuparon los predios, que ocupan 100 hectáreas.
Por iniciativa del “Cuervo” Larroque se practicaron dos censos, uno en septiembre, otro en esta semana. El gobierno provincial cruza datos y llega a la conclusión que alrededor de 700 personas censadas en septiembre se fueron y luego ingresó una cantidad similar. Los datos pueden adolecer de cierta imprecisión porque median dificultades y reticencias para el relevamiento pero son posiblemente aproximados a la realidad.
El fiscal saboteó las negociaciones, presionando para desalojar.
Los intendentes peronistas de otros distritos creen que es necesario desalentar otras tomas. Promovían el desalojo urgente, conversando con funcionarios provinciales. Blandieron encuestas alegando que los vecinos de clase media y media baja hacen mayoría aplastante anti okupas.
Las conversaciones se sostuvieron casi hasta el final, se les puso fin en octubre. Había un borrador de un nuevo acuerdo, diferenciando entre los ocupantes del último censo y los anteriores.
A título de opinión: el Ejecutivo provincial debió suspender el lanzamiento, haciendo uso de sus facultades o su inventiva. Acatar una decisión judicial injusta y antisocial es una decisión política, no una rutina burocrática.
El Frente de Todos (FdT) no siempre se deja conducir por “la Justicia”. Sabe ser confrontativo con jueces federales, con el Procurador General agotando e innovando con instancias institucionales.
Estaban a mano herramientas tales como un decreto o un recurso ante la Corte provincial o aún la promoción de juicio político contra Rizzo. Hoy mismo se podría tomar alguna medida respecto del fiscal que se sacó una selfie muerto de risa durante el desalojo y la divulgó por redes sociales. Hay conductas repudiables, hasta inmorales, que no son delitos pero que deberían habilitar mecanismos de sanción o (así más no fuera) de repudio oficial. Ante tanta obscenidad exhibicionista, quien calla otorga,
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Su Señoría y la Bonaerense: Rizzo estableció que la diligencia de desalojo debía realizarse “en horario diurno desde que salga hasta que se ponga el sol (…) con el mayor cuidado de la integridad física de las personas que ocupen el predio y de los bienes que allí se hallaren”.
El ministro de Seguridad Sergio Berni desplegó 4000 efectivos policiales para sacar a 600 personas, según consta en el acta judicial. Muchas se retiraron tan pronto como pudieron: mujeres y pibes. Habrá quedado la mitad.
Pulso Noticias informa en su cuenta de Twitter que la acción comenzó a las 4.30 durante un día en que alboreó a las 5.20. La hora no se puede corroborar pero las imágenes verifican que el cielo estaba muy oscuro. El sentido común añade que no era sensato ni necesario ni compasivo arrancar en ese horario insalubre contra familias inermes.
Se quemaron pertenencias de los ocupantes. Machimbres, maderas con las que habían construido refugios, las casillas mismas, alguna ropa. Hay denuncias verbales de que se prendió fuego a documentos de identidad. Dichos bienes materiales son propiedad privada que la Constitución garantiza. El derecho de propiedad no se constriñe a inmuebles (terrenos o viviendas) vale para bienes muebles, de cualquier valor económico.
La Policía acusa a los propios ocupantes, un clásico que debería probar porque es la principal sospechosa como consecuencia de su tradición macabra.
El despliegue con helicópteros, excavadoras, reflectores, balas de goma, dos clases de gases lacrimógenos configuró un cuadro represivo que quedará en la memoria de quienes lo padecieron.
Esta columna recorre política, tecnicismos legales, intenta una crónica. Su principal conclusión está mejor expresada en un texto breve, brillante y sentido de Guillermo Saccomano publicado el sábado en este diario. Describe, sugiere, de modo insuperable lo que pasó y su impacto en quienes lo padecieron.
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La política y el operativo: El presidente Alberto Fernández y el gobernador Axel Kicillof siguieron el desalojo y lo avalaron. La postura del gobierno bonaerense fue enunciada con más detalle por el subsecretario de Hábitat de la provincia de Buenos Aires Rubén Pascolini. El desalojo, explicó “fue un trago amargo porque trabajamos mucho para que no sucediera”. Agregó que desde el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad “se trabajó para poder llegar a una resolución voluntaria”. Responsabilizó a las organizaciones de izquierda: “hubo distintos problemas por la intermediación de las organizaciones con contradicciones entre sí mismas, y con mucha inmadurez, se imposibilitó el acuerdo”.
El juez Rizzo dispuso que la diligencia “deberá ser filmada en su totalidad” como recaudo para defender los derechos humanos de los ocupantes. Esas filmaciones, más las obtenidas por la prensa y los organismos de Derechos Humanos, deben usarse para investigar y, en su caso sancionar desbordes o ilegalidades policiales. La Secretaria de Derechos Humanos bonaerense requirió a medios y a organismos el material respectivo.
Cualquier pesquisa debería hacerse por autoridades ajenas a la Bonaerense conforme los protocolos que se vienen aplicando en circunstancias parecidas. Una comisión parlamentaria podría servir de herramienta, entre otras imaginables.
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Distintas versiones de diálogo: Mientras Larroque llevaba adelante el diálogo, complicado por demás, se fueron planteando respuestas generales para el corto plazo, el mediano y el largo. Se resolvieron situaciones particulares. A último momento se trabajaba un borrador de acuerdo con ocupantes. Las tratativas se suspendieron.
El gobierno provincial cuestiona la intransigencia de partidos de izquierda que participan en las negociaciones. La interlocución es difícil pero se debió apostar al diálogo. No había peligros inminentes ni situaciones de riesgo ni urgencias salvo las provocadas por el juez y el fiscal.
Alberto Fernández conversa en estos días con la crema del empresariado. Desde la Asociación Empresaria Argentina (AEA) hasta los devaluacionistas que impulsan corridas bancarias. La labor, ingrata, apunta a sostener la pax financiera, a evitar enfrentamientos. Para ser coherente debería sostener esa praxis, tal vez indigesta, en los conflictos con otras clases sociales.
Y, por cierto, debe extremar el rigor para investigar un operativo en el que pudieron violarse derechos humanos. No hubo víctimas fatales, ni heridos. Se ofreció albergue a quienes podrían haber pasado la noche a la intemperie. Paliativos dignos de mención pero no suficientes.
Vamos a otras comarcas, otras tomas.
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El encandenamiento de tomas: La narrativa derechosa enhebra Guernica, Santa Elena, las reivindicaciones mapuches en el Sur. Son tomas, expresan avances contra la libertad. La sincronía de fenómenos siempre significa algo y favorece al relato simplificador. Sin embargo son historias diferentes, muchas nacidas años o décadas atrás.
Las demandas mapuches se refieren a propiedades privadas y públicas, en Parques Nacionales. Se remontan a la creación del Estado Nacional. Estuvieron en el candelero dos años atrás, cuando fueron asesinados Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.
Las cuitas entre los Etchevehere acumulan denuncias, querellas y cuitas personales añejas. La novedad es la ocupación de parte de un campo y la intervención de militantes sociales, conducidos por Juan Grabois, convocados por Dolores Etchevehere, la hermana desahuciada. Su parentela la acusa a ella por usurpación, se la detiene. La mamá del clan y los hermanos machitos desisten los cargos. No sirve para nada porque una vez iniciada la acción el Estado la tiene que continuar. En ese culebrón caracterizado por una breve alianza de clases y movimientos sociales intervienen los tribunales lugareños. Adivinen quién juega de local, si la familia patriarcal o la hermana rebelde.
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Contradictorios, no complementarios: Al cierre de esta nota Berni propaló un spot de campaña con el sello “Fuerza Buenos Aires”. Apología de la represión en Guernica, del despliegue uniformado, con reminiscencias de “Apocalipsis Now”. Enarboló la consigna “el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad privada son innegociables”. Omitió mencionar otros derechos. Un autorretrato cabal, un alegato punitivista. Culto a la personalidad, internismo en una coyuntura ardua.
Larroque se reunió con vecinos de Guernica, para buscar soluciones. Tuiteó: “Ahora en Guernica, Presidente Perón, seguimos asistiendo a las familias. Muchas nos manifiestan que no habían tenido acceso a las propuestas del Estado por parte de los interlocutores que las representaban. En otros casos nos cuentan que las indujeron a no firmar ningún tipo de acuerdo aduciendo que la propuesta del Estado era falsa. Nuestro trabajo en el municipio se viene desarrollando desde hace más de dos meses y vamos a continuar la asistencia a todas las familias que lo requieran y necesiten”. Con la gente tratando de dar respuestas, sin loas a la represión.
Habrá quien aduzca que son dos funciones del Estado, expresadas por sendos funcionarios. Disentimos, esas prácticas no son complementarias sino antagónicas. La represión no sumó nada a la mejor, a la importante, a la coherente.
El Gobierno nacional consiguió domesticar un rato al dólar, amplió virtuosamente la Asignación Universal por Hijo (AUH). La violencia en Guernica contradice sus mejores banderas aunque un funcionario se ufane de haberlas ejecutado y procure construir su futuro político con la mano dura como blasón.
Todas estas historias continuarán.
