Por Luis Zarranz
El dictamen de mayoría de la Ley Ómnibus, firmado entre gallos y medianoche en el plenario de comisiones del Congreso nacional, pretende asestarle otro golpe a la comunicación, dado que entre sus numerosos puntos, el artículo 416 promueve el cierre de la Defensoría del Público de Servicios Audiovisuales y del FOMECA (Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual), que financia proyectos de medios de comunicación sin fines de lucro.
De esta manera, si el proyecto que obtuvo dictamen de mayoría se convirtiese en ley, se vería gravemente afectado el derecho a la comunicación a partir de la disolución de dos instrumentos creados por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522) que obtuvieron reconocimiento internacional por promover la comunicación como un derecho humano y fomentar la pluralidad de voces, aspectos nodales de la democracia.
La Defensoría es un organismo que depende del Poder Legislativo cuya función es canalizar las consultas, reclamos y denuncias del público para que los derechos de los oyentes y televidentes sean respetados. Promueve el derecho a la comunicación democrática de las audiencias de los medios de comunicación audiovisual en todo el territorio nacional. La actual Defensora del Público es la periodista Miriam Lewin, quien fue designada por la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento Audiovisual, y cuyo mandato está vigente hasta junio de 2024.
Apenas conocida la intención del desfinanciamiento para estas dos instancias que promueven el derecho a la comunicación se produjeron diversas expresiones de rechazo, incluso en el ámbito internacional, como el de Margot Smit, presidenta de la Organization of News Ombudsmen (ONO), organización internacional que integran defensores y defensoras de medios que provienen de agencias como Associated Press, Agence France Press, BBC, the Guardian, CBC, the ABC , SBS en Australia, Red Caracol, en Colombia, Asahi Shimbun in Japan, and Media 24. También, la Organización Interamericana de Defensoras y Defensores de las Audiencias, quien expresó que “una prensa libre e independiente del gobierno es crucial en una democracia. La creación del puesto de Defensora fue una señal al mundo de que la Argentina era tal democracia”.
Incluir para excluir
Cabe destacar que el cierre de la Defensoría y del FOMECA no estaban incluidos en el proyecto original de la Ley Ómnibus enviada por el Poder Ejecutivo, sino que surgió por iniciativa de dirigentes de la “oposición amigable” como Silvana Giudici, ex directora del ENACOM, que siempre intentó amputar la diversidad de voces para beneficiar a los grupos concentrados de la comunicación.
Fue la propia ex directora del Ente, que además fue su máxima autoridad durante el macrismo, la que en un hilo de Twitter reconoció, falseando datos, la sugerencia de afectar a los sectores más desprotegidos de la comunicación a cambio de evitar el desfinanciamiento del INCAA, el Instituto Nacional del Teatro (INT) y el Instituto Nacional de la Música (INAMU). Al respecto, Juan Delú, presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) sostuvo que “quieren hacer pelear a los sectores que protegen al INCAA, al INAMU, la gente de teatro, con los que forman parte de los medios de pueblos originarios, los medios comunitarios y cooperativos”. “Lo que hay que hacer es seguir unidos todos los sectores, hacer los planteos comunes. La búsqueda de una solución tiene que ser común”, añadió.
Por su parte, la Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas (CONTA) también rechazó el intento de cerrar el FOMECA: “Silvana Giudici miente para acallar voces”, sostuvo la entidad en un comunicado: “Es un fondo para medios de comunicación sin fines de lucro, de frontera y de pueblos originarios establecido por la Ley de Servicios de comunicación Audiovisual, una de las normas más discutidas de la democracia. No compite con el cine ni con el teatro ni con las bibliotecas populares: la norma establece un porcentaje del gravamen a los servicios audiovisuales (que también pagan los comunitarios), para fomentar cada actividad”.
Además, expresaron: “Como ya hemos repetido hasta el cansancio, este fondo tiene la forma de concurso abierto, los proyectos son evaluados por jurados independientes y luego adjudicados por el Directorio del ENACOM, integrado por representantes del oficialismo y la oposición”.
Según la información oficial publicada en la web de ENACOM, a lo largo de sus 10 años (2013-2022), el FOMECA adjudicó un monto de $1.688.720.243, que se distribuyeron entre 692 entidades ganadoras a través de 2712 proyectos y 51 líneas de concursos evaluados por jurados.
Estas cifras oficiales desmienten los números publicados por la ex directora del ENACOM en sus redes sociales y dan por tierra el intento de estigmatizar al sector como “kirchnerista”, lo cual revela el verdadero sesgo ideológico de Silvana Giudici y la persecución política que pretende instalar.
Muchas de estas producciones audiovisuales pueden verse libremente en el “Canal Benteveo”, creado en el marco del programa del mismo nombre, que tiene como objetivo poner en valor los materiales producidos a través del FOMECA. Allí, pueden apreciarse más de 300 horas de contenidos originales realizados por medios comunitarios, de frontera y de pueblos originarios, compuesto por más de 700 capítulos de casi 500 producciones sobre diversas temáticas, entre los que se destacan contenidos referidos a derechos humanos, soberanía alimentaria, derechos de niños, niñas y adolescentes; género y diversidades, Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), experiencias productivas comunitarias, discapacidades, Islas Malvinas, entre otras temáticas. En tanto, las producciones radiales pueden descargarse libremente de los ocho catálogos que figuran en la web del organismo.
Muchos de esos contenidos han sido reconocidos, tanto a nivel nacional como internacional, a través de diversos premios obtenidos por series y programas realizados con el apoyo del FOMECA: Martín Fierro Federal a la mejor serie de ficción de 2022; selección para el Festival Internacional Canneseries; el Premio Obrar del Consejo Publicitario Argentino logrado por una serie financiada durante la gestión de la propia Giudici; el premio Lola Mora en televisión digital otorgado por el Gobierno de la CABA; el premio TAL para producciones de televisión en América Latina, entre otros. Sus abordajes y miradas enriquecen la pluralidad de voces, además de promover producciones locales en distintos puntos del país.
Resulta curioso, además, que una parte de los proyectos financiados por el FOMECA se llevaron a cabo mientras la propia Giudici estaba a cargo del Ente de Comunicaciones. En esa oportunidad, celebraba la existencia de las convocatorias en redes bajo el hashtag #PluralidadDeVoces, la misma que ahora pretende sepultar.
