Por Daniel Caran
Increíblemente una tierra tan bendecida como la correntina debe soportar, su gente, tantas penurias producto del atraso estructural debido a la mala praxis de quienes administran el Estado desde inicios de este milenio.
Centenares de familias correntinas tuvieron que soportar esta semana varias horas, en algunos casos más de 16, sin servicio de energía eléctrica tras una tormenta de regular intensidad.
Claro que esto ocurre todo el tiempo. la cuestión energética es otra de las grandes deudas con el pueblo correntino. Una postergación agravada por tener en nuestro suelo a la mayor represa hidroeléctrica de la Latinoamérica. Una verdadera contradicción de lo que parece estar condenados los correntinos: atrasado estructural.
¿Es una condena? ¿Impuesta por quién y por qué? Estimo que no es una condena, sí es una impericia por quienes tienen la responsabilidad de conducir el Estado, la cosa pública.
La empresa provincial distribuidora de energía como otros organismos de servicios esenciales en Corrientes, están intervenidos hace más de veinte años. Sus órganos colegiados que deberían conducirlos quedaron neutralizados por la intervención del Poder Ejecutivo.
La explicación de por qué mantenerlos intervenidos, es decir, funcionando no constitucionalmente es sencilla: la mayoría de esos entes justamente autárquicos son fuentes de financiamiento por su capacidad de recaudación. La obra social es otro claro ejemplo, que dejó sin la prestación bioquímica a 170 mil afiliados desde el pasado 3 de septiembre.
Otra muestra de impericia administrativa pública, dejar a la población sin esa prestación clínica en plena pandemia. No se entiende y no hay explicaciones oficiales válidas que expliquen por qué esa falta de beneficio a los afiliados se extiende en el tiempo.
Con el sistema energético ocurre lo mismo. La falta de inversión y de políticas provinciales que logren dotar a Corrientes de una verdadera conexión con Yacyretá es una promesa que se escucha solamente en tiempos preelectorales. Incluso la propia localidad de Ituzaingó donde se encuentra ese gigante, arrastra problemas estructurales desde la década del 80. Falta de obras que la doten de un buen sistema de distribución de agua potable a el drama habitacional. Debería ser una ciudad pujante y si embargo a eso problemas mencionados, también padece los apagones en el verano o cuando hay tormentas, aunque no sean de gran intensidad.
Así, como el caso de Ituzaingó podemos nombrar a toda la provincia. Fueron muchos municipios que en la semana quedaron a oscuras tras una tormenta, incluso barrios capitalinos acumularon alrededor de doce horas y hasta un día sin servicio pasada la lluvia.
El proyecto de Presupuesto 2021 pide tomar una deuda de $7 mil millones justamente para hacer obras públicas. La administración que hace dos décadas está en el poder aún no puede hacer obra pública sin endeudarse, es verdad, vivimos tiempos complicados en medio de una pandemia. Pero es sistemático el pedido de autorización legislativa para tomar empréstitos en lo que será un año electoral. La oposición no recibió ni siquiera la lista de obras que tienen planificado hacer. ¿Tienen planificado?
Es necesario comprender que pasó el tiempo y debemos tomar otros rumbos. No puede ser que vivamos “condenados” a la desidia de unos pocos, de una clase dirigente que además es una privilegiada porque no padece estos dramas de no tener siquiera, los servicios básicos esenciales.
Somos capaces de hacerlo. Es sólo cuestión de fe en el progreso, desarrollo, de que otra Corrientes es posible. De sabernos capaces de ser nuestros propios formadores de futuro y del futuro para nuestros hijos.
Pasó mucho tiempo para que se pueda corregir la falta de pericia en administrar el Estado que somos todos.
Estamos a tiempo de hacerlo y la oportunidad está cerca, al alcance de la mano.
