Unión por la Patria convocó a un panel de constitucionalistas con el objetivo de sumar rechazos contra el mega DNU de Javier Milei en la Cámara de Diputados, donde se definirá su vigencia. Entre tanto, desde la CGT consideran que restan 7 votos para rechazarlo.
El Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 fue rechazado en el Senado de la Nación el pasado 14 de marzo, y ahora espera ser tratado en la Cámara de Diputados, donde se definirá -o no- su derogación.
La oposición necesita el apoyo de 129 legisladores para garantizar el quórum y el posterior rechazo de la iniciativa, y estiman que faltan 7 votos para rechazarla definitivamente.
En este contexto, el bloque de Unión por la Patria encabezado por Germán Martínez convocó a un encuentro de constitucionalistas con el apoyo del Frente de Izquierda y el socialismo.
El objetivo será exponer los argumentos jurídicos contra el decreto, a través del que se derogaron un sinnúmero de leyes y derechos, con la intención de sumar legisladores radicales y provincialistas al rechazo.
En el mismo sentido se mueve la CGT, que viene manteniendo reuniones reservadas en busca de juntar votos.
Mientras tanto, el oficialismo aceleró las conversaciones con Gobernadores y referentes parlamentarios de la oposición colaboracionista, y también espera que la nueva ley ómnibus ingrese esta semana al Congreso para su discusión.
La estrategia de Unión por la Patria
En caso de que la Cámara baja no logre alcanzar los votos, el mega decreto quedaría validado, y es en este contexto en el que los bloques opositores apuran su estrategia.
Martínez comentó en los últimos días que los despidos masivos en el Estado son "producto de la vigencia del inhumano DNU 70/2023" y en el bloque peronista consideran que en conjunto con la prórroga del Presupuesto 2023, con la que el oficialismo podrá mover partidas a su antojo, el Presidente Javier Milei podrá avanzar con su programa de ajuste sin mayores trabas.
Cabe recordar que Unión por la Patria cuenta con 99 diputados, a los que se sumarían 5 pertenecientes del Frente de Izquierda. Esto significa que necesitan convocar a otros 25 legisladores.
Por eso esperan -junto al socialismo- mantener el tema en agenda mientras avanzan las negociaciones, con las que esperan convocar a los Diputados radicales referenciados en Facundo Manes y Martín Lousteau (quien rechazó el decreto en el Senado), y a los provincialistas del rionegrino Alberto Weretilneck y el santacruceño Claudio Vidal.
También está en suspenso el apoyo de los peronistas cordobeses del Gobernador Martín Llaryora, aunque la superposición con el tratamiento de la nueva ley ómnibus y el pacto fiscal empantanan las discusiones.
Esta situación genera la posibilidad de que los mandatarios provinciales decidan aceptar las demandas del gobierno en medio de sus constantes ataques del Ejecutivo Nacional a sus administraciones.
Así, el bloque peronista hará hincapié en los cuestionamientos de constitucionalistas, que no se limitan a juristas afines al espacio. Daniel Sabsay y Félix Lonigro, por ejemplo, han manifestado su preocupación y Sabsay en particular expresó que "no recuerdo una cosa así, ni en la época de Menem, ni en el gobierno militar".
Entre los expositores estará Andrés Gil Domínguez, quien presentó un amparo en Tribunales contra el decreto, a quién se sumará un especialista cercano a la Izquierda y Antonio María "Tuta" Hernández, abogado de la Universidad Nacional de Córdoba más cercano al radicalismo.
Este último había apuntado contra la existencia de una situación extraordinaria que justificara la derogación de alrededor de cien leyes por decreto, posición que comparte Lousteau.
El panel tendría 20 especialistas, entre los que también estará el ex juez federal de Formosa y actual diputado Fernando Carbajal.
Eduardo Barcesat, Rafael Bielsa, María Laura Clérico, Gustavo Ferreyra, Daniel Erbetta, Miguel Rodríguez Villafañe, Mariela Puga, Beatriz Rajland y Pedro Caminos, serán otros de los invitados.
Entre tanto, quienes preparan la jornada son los legisladores de Unión por la Patria Carolina Gaillard, Leopoldo Moreau, Eduardo Valdés, Vanesa Siley y Silvana Ginocchio. A ellos se suman los socialistas Esteban Paulón y Mónica Fein; Myriam Bregman y Romina del Pla lo hacen desde el Frente de Izquierda.
La actividad se realizará por afuera de la bicameral del área, presidida por el oficialista Juan Carlos Pagotto, y el objetivo será ir directo a una sesión especial sin pasar por la comisión.
"El DNU está produciendo efectos terriblemente negativos"
"Consideramos que es fundamental que antes de tratarlo en el recinto la mayor parte de los diputados tenga la opinión de los especialistas que se han manifestado públicamente en contra", expresó Gaillard al ser consultada al respecto, y completó:
"Entendemos que resulta necesario el tratamiento urgente, pero dado que algunos bloques aún dudan entendemos que esto podría contribuir para rechazar un DNU que a todas luces es inconstitucional".
"El DNU está produciendo efectos terriblemente negativos para la sociedad, en materia de aumentos tarifarios y desregulación absoluta de precios", indicó Moreau, "hasta Caputo reconoce que a algunos se les va la mano".
Paulón, por su parte, indicó que "la idea es tener una presencia plural y poner el tema otra vez en debate, para que no salga de la agenda ahora que vuelve la ley de bases".
"Hay una dinámica del Gobierno de frizar el Congreso y habilitarlo para lo que le interesa. Para nosotros esto es importante porque el DNU sigue vigente”, advirtió.
Finalmente, Pablo Juliano manifestó que "es un sinsentido de que con el silencio de una sola cámara continúe vigente un decreto que regula tantas materias". "El tratamiento del DNU va de la mano con la discusión del régimen que los regula", concluyó.
Tensión entre el oficialismo y las Provincias
Entre tanto, desde la CGT afirman que hasta ahora faltan 7 votos para llegar a los 129 necesarios, aunque consideran que los restantes dependen de las posiciones que tomen las administraciones provinciales.
Las negociaciones ocurren en medio de constantes ataques de Milei a las administraciones provinciales. El más reciente de ellos, el cese del envío de recursos para las cajas de jubilaciones, que afecta a Córdoba Santa Fe, Chubut, Corrientes y Chaco, entre otras.
Desde el oficialismo admitieron que la decisión fue un error y el Ministro del Interior, Guillermo Francos, adelantó que se cumpliría con los pagos.
Sin embargo, la situación podría ser determinante en la votación. Esto es lo que piensan desde el bloque peronista, desde donde deslizaron que medidas como estas o el desfinanciamiento de las universidades pueden convencer a los legisladores indecisos.
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