En la mañana del viernes, lo que había comenzado como un reclamo laboral de trabajadores y delegados del La Bancaria en Concepción, Tucumán, derivó en una escena de represión desmedida.
Efectivos de Infantería, convocados según versiones por las autoridades del banco, avanzaron sin mediar diálogo, llevando adelante un operativo que incluyó golpes, balas de goma, insultos y persecución por varias cuadras.
Los manifestantes integraban una comitiva gremial diversa, con delegados de distintas entidades bancarias (Banco Nación, Banco Macro, Banco Patagonia), y miembros de la comisión directiva de La Bancaria en Tucumán, en reclamo por denuncias de maltrato, hostigamiento y amenazas de despido.
Desde el gremio denunciaron el hecho como “una provocación brutal y cobarde.” Tras la represión, La Bancaria declaró el estado de alerta y exigió explicaciones urgentes: reclaman garantías para la integridad física y laboral de los trabajadores.
Lo ocurrido no sólo sacude al sector bancario, sino que abre una alerta general sobre las condiciones en que persisten conflictos laborales en el país, donde la represión policial parece ser moneda corriente.
