La jueza federal María Romilda Servini rechazó una vez más el pedido realizado por el abogado del expresidente Mauricio Macri para frenar el entrecruzamiento de llamadas de su celular con distintos ex funcionarios, en la causa que se investigan supuestas presiones contra directivos del Grupo Indalo para torcer su línea editorial y eventualmente apoderarse de la empresa de Cristóbal López y Fabián De Sousa.
La magistrada, además, acusó a Pablo Lanusse, la defensa del exmandatario, de “agraviar a la magistratura” y violar el Código de Ética por el tono de la presentación que realizó. En consecuencia, remitió al Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires copias de lo expuesto por el abogado de Macri, para que evalúe su conducta, dado que el letrado acusó a la jueza de “inclinar la cancha” a favor de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
"Las expresiones y descalificativos vertidos por el Dr. Pablo Jorge Lanusse no pueden pasar inadvertidos porque agravian la Magistratura", más allá que "uno pueda coincidir o no con las decisiones adoptadas en los procesos judiciales", porque para eso "tiene acceso a las herramientas procesales", manifestó Servini.
Como ejemplo la juez recordó el cuestionamiento de Lanusse a "la fecha y hora en que se implanta una firma electrónica – que no incide en la habilitación de día y hora inhábil"- y que haya dicho que "las resoluciones o decisiones le causan náuseas y que resultan funcionales, acomodaticias y motivadas en los intereses de personas ajenas al expediente".
También citó que el abogado copió publicaciones de la Vicepresidenta de la Nación en la red social Twitter. "Nada tiene que ver con la causa" y "exceden el trato y decoro que todo letrado debe guardar durante el ejercicio de su profesión", señaló la jueza federal.
La apelación presentada por la defensa del expresidente intenta limitar el peritaje ordenado por Servini que irá desde el 1 de enero del 2016 al 31 de agosto del 2019 y comprende los teléfonos de Macri, del ex jefe de asesores de Presidencia José Torello, del amigo de Macri Nicolás Caputo, del diputado del Parlasur Fabián Rodríguez Simón, del ex secretario de Coordinación Interministerial Mario Quintana, del ex director de Vialidad Nacional Javier Iguacel; y los ex titulares de la AFIP Alberto Abad y Leandro Cuccioli; así como también de un grupo de empresarios.
A pesar de que la Cámara Federal, con los votos de los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia , se opuso a continuar con el peritaje, Servini decidió avanzar con el entrecruzamiento de llamadas hasta que ese dictamen esté firme.
En su resolución, la jueza sostuvo que en su decisión no existe ninguna situación de “desobediencia” porque la Cámara federal porteña, en tanto tribunal superior, “ no emitió orden alguna, sino que encomendó un curso de acción en relación a la diligencia probatoria”.
“A poco que se repasa el fallo, los Sres. Jueces no sólo reconocieron el carácter discrecional de la medida de prueba dispuesta el 06 de julio de 2020, además validaron su utilidad y pertinencia a los fines del proceso, eso sí, limitaron su período temporal, aunque no de una manera precisa, sino sólo señalando que debería circunscribirse a los ´a los momentos relevantes según la hipótesis fijada en el caso´”, expresó la juez en el fallo.
En cuanto a las acusaciones de Pablo Lanusse, que indicaban que la magistrada favorece los intereses del abogado Carlos Beraldi –representante del empresario Fabián De Sousa y de la expresidente en otras causas- Servini expuso que en el “expediente se encuentra asegurada la igualdad” ya que “todas tuvieron garantizadas las mismas facultades para influir sobre la reconstrucción fáctica”.
