La legisladora del Frente de Todos, Fernanda Vallejos, presentó un proyecto para tipificar a la pesca ilegal extranjera como un delito, actividad que representa anualmente pérdidas para el país por 2.000 millones de dólares. Además, en otra iniciativa la diputada pide al Ejecutivo la instalación de radares para controlar y vigilar el tráfico irregular de los barcos.
El proyecto, que busca preservar el ecosistema pesquero y marítimo y la sostenibilidad de las especies en la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEE), cuenta con la adhesión de diecinueve diputados del Frente de Todos: Carolina Yutrovic, Aldo Leiva, María Jimena Lopez, Graciela Landriscini, Liliana Schwindt, Blanca Osuna, Mayda Cresto, Alicia Aparicio Rosa Muñoz, Mabel Caparrós, Claudia Ormachea, Lía Caliva, Alejandra Obeid, María Rosa Martinez, Marcelo Koenig, Claudia Bernazza, Héctor Fernandez, Nancy Sand y Ayelén Sposito.
En concreto, el texto establece la reclusión o prisión de tres a quince años a quien afectara el ecosistema pesquero y marítimo y la sostenibilidad de las especies en esta área, o sus recursos pesqueros migratorios originarios de la ZEE argentina que se encuentren más allá de las doscientas millas marinas.
La iniciativa modifica el artículo 186 del Código Penal, al incluir las penas por el delito de la pesca ilegal. Entre los delitos, contempló la pesca ilegal no declarada y no registrada (INDNR); el transporte de explosivos o sustancias tóxicas como método de extracción o pesca; utilizar artes de pesca no autorizadas por la Autoridad de Aplicación; impedir o dificultar el desplazamiento de los peces en sus migraciones naturales; y capturar o extraer recursos pesqueros en áreas o épocas de veda.
Por año, más de 300 buques extranjeros han llegado a pescar hasta 800 mil toneladas de recursos pesqueros (calamar, merluzas, entre otros) fuera de la plataforma argentina, libres de todo control, regulación ni ordenamiento, según un informe de la Organización para la Protección de los Recursos Pesqueros (Opras).
Asimismo, la pesca ilegal y la no reglamentada en aguas adyacentes a la Zona Económica Exclusiva (ZEE) representan, al menos, una pérdida para el país de entre 1.000 y 2.000 millones de dólares al año, según estimaciones de esta organización civil.
En distintos foros desde la década del noventa se promueve el combate contra la pesca ilegal. Por caso, el Comité de Pesca de la FAO elaboró en 2001 un Plan de Acción Internacional (PAI) no vinculante, para prevenir, desalentar y eliminar la Pesca Ilegal, no Declarada y no Reglamentada (INDNR). Sin embargo, después de casi treinta años, casi todos los países que pescan a distancia siguen efectuando pesca ilegal. Así lo indicó un informe elaborado por el experto en pesca César Lerena.
Radarización
El segundo proyecto (de resolución) de Vallejos en materia de pesca pide al Ejecutivo nacional la instalación de radares para la ”vigilancia y control” del tráfico irregular de los barcos en la ZEE del país.
Solicitó que “a través de los organismos competentes en la materia, disponga la instalación de equipos de radarización con las especificaciones técnicas adecuadas para la vigilancia y control estricto de la navegación, tráfico irregular o ilícito, pesca en el espacio marítimo de superficie, submarino y aéreo de la Zona Económica Exclusiva en el Atlántico Sur a efectos de garantizar la preservación de los recursos naturales en pleno ejercicio de sus derechos soberanos”.
Una de las tecnologías que planteó el proyecto incluye los radares de Superficie de Alta Frecuencia, (High Frequency Surface Radar ) que emiten en banda HF (entre 10 y 100 metros de longitud de onda) desde una matriz de antenas radiantes cercanas a otra matriz de antenas receptoras, todas en la costa. Ya en 2004 este tipo de radares los utilizaban Australia, Reino Unidos, Estados Unidos, China y Rusia, especificó el proyecto.
