La Justicia le ordenó al Gobierno de Gildo Insfrán que deje de cobrar 5.000 pesos a quienes quieren ingresar a Formosa. Se trata de un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal, que ordenó dejar sin efecto el monto que se obligaba a pagar en concepto de hisopados preventivos y también dispone que el test sea gratuito.
El fallo declara inconstitucional el “Protocolo Sanitario para el Ingreso de Personas a la Provincia de Formosa” que había sido aprobado por el Gobierno de Insfrán el 21 de marzo pasado, y ordena "el cese del requerimiento indiscriminado de pago en concepto de test PCR".
Uno de los dirigentes que se había presentado a la Justicia era el diputado formoseño Luis Naidenoff, quien instantes después de conocerse el fallo lo celebró en las redes sociales.
"¡Se hizo justicia! La Cámara Federal de Casación Penal declaró la inconstitucionalidad del protocolo de ingreso a Formosa que exigía el pago de $ 5.000 en concepto de PCR a todos los ciudadanos que querían ingresar", destacó el legislador radical de Juntos por el Cambio.
Y agregó: "A partir de este fallo queda garantizado el derecho constitucional de los ciudadanos de transitar libremente por el territorio nacional, sin aduanas interiores".
Quienes presentaron el hábeas corpus denunciaron que "el pago por los PCR como requisito para el ingreso a Formosa devino en un tributo que no solo limita -más allá de lo tolerable- el derecho a la libre circulación, sino que configura también un modo irregular de recaudación de finalidad desconocida a cargo de la Dirección General De Rentas de la Provincia de Formosa".
El cobro de los 5.000 pesos para ingresar a la provincia fue impuesta por Insfrán poco después de que la Corte Suprema ordenara al Gobierno que deje ingresar a las personas que estaban varadas debido a las restricciones por el coronavirus.
En esa oportunidad, y a través de un duro escrito, la Corte sostuvo que la perpetuación del bloqueo en las fronteras y las demoras en conceder los permisos para entrar a Formosa constituían "limitaciones irrazonables a la autonomía personal".
"Habiendo transcurrido varios meses desde la puesta en práctica del 'Programa de Ingreso Ordenado y Administrado', no se ha definido el tiempo de su vigencia ni de las medidas allí dispuestas, ni existen indicios de hasta cuándo se extenderán las restricciones al derecho a transitar libremente, derecho este especialmente reconocido en la Constitución Nacional", expresaron los jueces del máximo tribunal en noviembre pasado.
