En marzo de 2026, el Gobierno ha puesto en marcha una serie de modificaciones sustanciales en el sistema de la VTV, con el objetivo de agilizar los procesos y reducir la carga administrativa para los propietarios de automotores. Estas medidas, que ya generan repercusiones en las plantas verificadoras de todo el país, responden a un plan de modernización.
Las autoridades han remarcado que, si bien se busca desburocratizar el proceso, los controles en calle serán más exhaustivos para asegurar que todos los vehículos cumplan con la normativa vigente. A continuación, detallaremos punto por punto cuáles son los nuevos cambios.
CUÁLES SON LOS CAMBIOS QUE TENDRÁ LA VTV A PARTIR DE MARZO 2026
El Gobierno nacional, bajo la firma de Javier Milei y Luis Caputo, ha formalizado una reestructuración integral de la Verificación Técnica Vehicular a través del Decreto 139/2026.
Esta medida busca transformar un trámite históricamente cuestionado por los usuarios, eliminando el monopolio de las plantas verificadoras exclusivas. La principal novedad radica en la apertura del sistema: a partir de ahora, cualquier taller mecánico o concesionaria que disponga del equipamiento técnico necesario podrá habilitarse como centro de revisión. Esta descentralización apunta a fomentar la competencia, multiplicar la oferta de turnos y reducir drásticamente las esperas que hoy afectan a los conductores.
La reforma también introduce un alivio significativo en la frecuencia de los controles para los vehículos más nuevos. El nuevo esquema nacional propone que la primera verificación se realice recién a los cinco años del patentamiento, seguida de revisiones cada dos años hasta que la unidad cumpla una década de antigüedad; solo después de los diez años el control volvería a ser anual.
Además, se eliminó el costoso trámite del Informe de Configuración de Modelo (ICM) para vehículos modificados. No obstante, la aplicación efectiva de estos cambios queda sujeta a la adhesión de cada provincia y de la Ciudad de Buenos Aires, dado que las jurisdicciones mantienen su autonomía para decidir si implementan estas nuevas directrices nacionales.
